Rebeca, Elena, Carmen, Soraya, María del Carmen, Ángela, Abigail, Amparo. Son solo algunos nombres de las 49 mujeres asesinadas este año a manos de sus parejas o exparejas. Este 2022 se despidió con el más negro desde que existen registros, desde 2003. Todo y cuando la tendencia señalaba una disminución de feminicidios respecto a años anteriores, el repunte de casos de violencia machista, que deja 11 vidas arrebatadas en apenas 31 días, ha sacudido la conciencia social y política del país. ¿Qué ha fallado para no llegar a tiempo?, ¿por qué los agresores tuvieron la oportunidad de matarlas cuando existían denuncias previas o eran reincidentes?, ¿qué lagunas deben atajar las administraciones para fortalecer la protección de las víctimas?
Precisamente con el objetivo de buscar las respuestas a esas preguntas se fueron reuniendo varios miembros del Gobierno en la última semana, en la que además se convocó el primer comité de crisis con el objetivo de abordar posibles respuestas conjuntas. Se ha hablado de reforzar el Sistema VioGén (Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género), impulsar la formación de jueces y policías, fomentar el uso de dispositivos electrónicos de control, o mejorar la cooperación interinstitucional. Incluso el Ministerio del Interior propuso buscar una fórmula para poder informar a las mujeres que convivan con agresores reincidentes. Pero todavía no hay sobre la mesa una propuesta sólida.
Que un hombre mate a su pareja o expareja es siempre motivo de consternación. Igual da que en un mes lo haga uno o lo hagan 10. Pero el hecho de que en tan poco tiempo se hayan concentrado tal cantidad de casos hacen saltar las alarmas y sacan a relucir algunos de los factores de riesgo que propician el riesgo. El principal -que no determinante- es el periodo estacional.
Tanto en los meses de verano (julio y agosto) como en las fiestas navideñas se suelen disparar los feminicidios. Es en los periodos de vacaciones, cuando aumenta la convivencia, se modifican las rutinas y, en consecuencia, se dispara el riesgo. En estas fechas se suelen intensificar los vínculos familiares, con amigos, los momentos de ocio... y todo eso es tomado por el agresor como una intromisión y un ataque a su autoridad. "Cuando esto se produce, ven que de alguna manera han fracasado en su objetivo fundamental de controlarlas y aislarlas de cualquier fuente de apoyo externo", explica a 20minutos Miguel Lorente, forense y delegado del Gobierno para la Violencia de Género entre 2008 y 2011.
"Factor refuerzo"
Pero más allá de esto -que no es tampoco una fórmula matemática que determine siempre un repunte de casos-, hay otra variable que confluye a menudo. "El mismo hecho de que se produzca un homicidio es un factor de refuerzo", afirma Lorente. No se refiere a un efecto llamada, ni a una imitación entre agresores, como si la violencia surgiera de la nada. El homicidio es siempre el último y fatal paso que da un agresor tras una espiral de violencia, y ese factor de refuerzo es la idea de que un hombre que ya lleva tiempo pensando seriamente en majar a su mujer se siente reforzado o identificado al conocer otro crimen.
La solución no pasa, ni mucho menos, por dejar de informar sobre cada uno de los casos de violencia machista. Va más bien por hacerlo de una forma crítica, y sin blanquear la imagen, personalidad o pasado del agresor. Un mensaje que para Lorente cobra especial relevancia en un contexto en el que reluce un "negacionismo de la ultraderecha que refuerza el mensaje de que la violencia de género es un invento de las mujeres para atacar a los hombres".
Falla la valoración de riesgo
Ahora bien, una vez analizadas algunas de las posibles causas, es importante tratar de detectar dónde están las lagunas en el sistema para no haber podido prevenir un feminicidio o haber respondido a una llamada de auxilio a tiempo. En 2021 hubo más de 165.000 denuncias, según datos del CGPJ (y todo apunta a que este año el dato será superior), pero actualmente apenas hay 31.161 mujeres en el sistema de VioGén. De ellas, 723 están en riesgo alto o extremo. Ese aparente desfase, tal y como comenta Lorente, está basado en la valoración de riesgo que hacen tanto los juzgados como las comisarías, que en muchos casos falla.
Según el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género, debería considerarse que una mujer corre algún tipo de riesgo desde el momento en el que decide denunciar, ya que el solo hecho de hacerlo ya la sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad. "Habría que actuar como hacemos en Medicina, que funciona desde la meta de descartar patologías. Si llegas a urgencias con un dolor en el pecho, actúan como si fuera un infarto, pese a que luego resulta que el 75% resultan no serlo. Nadie dice en ese momento que lo más probable es que sea un dolor muscular, sino que hacen todas las pruebas para descartar lo más grave", incide.
Además de la policial, existe también la posibilidad de hacer una valoración forense en sede judicial. Es, para Lorente, mucho más importante que la policial (pese a que su uso es residual), ya que se basa en la valoración del riesgo al agresor, y no en el testimonio de la víctima. "Permite individualizar el caso para que las medidas de protección sean lo más ajustadas a cada uno. Y es en esas medidas donde debería contemplarse con mayor frecuencia el uso de la pulsera para garantizar las medidas de protección", asevera.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay un 40% de mujeres que no denunciaron previamente, un porcentaje que habitualmente es, además, mucho más alto (en torno a 80%). "Es verdad que tenemos una responsabilidad mayor con las que sí denuncian porque están depositando su confianza en el sistema y el sistema está fracasando", defiende Lorente, quien también insiste en que las administraciones deberían ser capaces de anticiparse a las situaciones de gravedad y riesgo que surgen hasta que la víctima da el paso de denunciar, que es de unos ocho años de media.
"Ningún maltratador comienza relación diciendo: 'A esta mujer la voy a matar'. No podemos pensar que la solución va a pasar denunciando. Tenemos que desarrollar estrategias de detección de violencias en los lugares en los que están las víctimas, como son los servicios sanitarios, porque al final la violencia impacta en su salud", subraya.
Protección insuficiente a las víctimas
En ese sentido, otra de las brechas en el sistema a la hora de proteger a las víctimas reside en el trabajo de las instituciones. "El feminismo ha denunciado reiteradamente que en muchos casos la respuesta de la justicia es inadecuada. Estamos viendo cómo muchas mujeres que habían denunciado previamente tenían caducadas las medidas de protección. Una orden de protección que te dura seis meses, pues probablemente no es la panacea", subraya la jurista y directora de la Fundación Mujeres, Marisa Soleto.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó el pasado jueves a las fuerzas de seguridad intensificar las medidas de protección y que las valoraciones de riesgo policiales primen las actuaciones "más favorables" para las mujeres y sus hijos. Anunció, además, que el Gobierno está estudiando una fórmula legal que permita informar o alertar a mujeres que convivan con un agresor reincidente.
"En muchos casos es casi más importante el escudo social que para poder tener autonomía económica y salir de la violencia de género"
"Habrá que ver la letra pequeña, porque ya hemos visto otras medidas que no funcionan del todo como deben, como por ejemplo avisar a las víctimas y a sus familiares del cumplimiento de penas de los agresores. Todo lo que sea información sobre las víctimas está bien, y habrá que ver cuál es la fórmula legal que propone Interior en ese sentido", valora Soleto.
Soleto, también miembro del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género, considera además que deberían mejorarse los registros para saber exactamente cuántas mujeres en situación de riesgo hay en cada momento. "Si te vas al número de denuncias del CGPJ tienes un dato. Si te vas al Sistema VioGén, otro. Tenemos que mejorar e incrementar el tratamiento estadístico de este tema", defiende. Lo mismo podría aplicarse a nivel institucional. Es, de hecho, una de las vías que defiende el Ministerio de Igualdad: unificar la información entre todas las administraciones para poder aplicar medidas de prevención y protección, ya no solamente a nivel judicial, sino también a nivel social.
"En muchos casos es casi más importante el escudo social que se pueda tener para poder tener autonomía económica y para poder salir de manera definitiva de la violencia de género. La dependencia económica y emocional del agresor siguen siendo factores que evitan que se salga de la situación", concluye Soleto.
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