Cándido Conde-Pumpido (A Coruña, 1949) viene de una familia de grandes magistrados en la que nunca nadie había llevado su apellido tan alto como él, pues acaba de ser nombrado presidente del Tribunal Constitucional. Le refrenda una carrera judicial ejemplar en la que ha tomado parte de algunos de los grandes conflictos de la España democrática. A lo largo de sus 46 años de servicio, Pumpido se ha labrado tantas simpatías como enemistades, y la fama de ser el artífice de múltiples estrategias del Partido Socialista. Su relación con esta formación, que le aupó a la Fiscalía General del Estado, ha marcado sin duda su trayectoria profesional.

Su inmersión en el mundo del Derecho se explica a través de su famila, de su abuelo, el magistrado que presidió las Audiencias Territoriales de La Coruña, Valladolid y Valencia, y de su padre, que fue teniente fiscal del Tribunal Supremo. De ambos heredó el nombre, Cándido, que luego le dio a su hijo. Se licenció en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresarials en la Universidad de Santiago de Compostela y comenzó su carrera judicial en Zamora y en Orense. 

En San Sebastián ascendió a magistrado y desempeñó un papel fundamental en los "años de plomo" de la banda terrorista ETA. En 1995 se convirtió en el magistrado más joven del Tribunal Supremo, al que accedió a los 45 años. Fue fiscal general del Estado durante los ocho años que José Luis Rodríguez Zapatero pasó en Moncloa y, después de volver al Supremo, accedió finalmente al Tribunal Constitucional que ahora preside. Fundador y antiguo portavoz de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, Pumpido se ha convertido en un auténtico referente para la izquierda judicial española. 

Los "años de plomo" de ETA

El País Vasco le dio al coruñés la categoría de magistrado y un papel en la oscura etapa de la historia de España que protagonizó la ETA. Desde 1981 y hasta 1985, Conde-Pumpido trabajó en la Audiencia de San Sebastián afrontando los años más violentos de la banda terrorista y la guerra sucia del Estado español a través de los GAL. En esta etapa fue responsable de la condena de varios de los artífices de aquella guerra sucia y dictó la primera sentencia por un delito de torturas. Aquellos años le curtieron como magistrado. 

En 1995, Pumpido accedió por primera vez al Tribunal Supremo. Desde la Sala Segunda de este órgano se especializó en delitos económicos y fiscales y fue ponente de la sentencia que incrementó la condena del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán. En 1998 volvió a topar con asuntos relacionados con ETA y las respuestas del Estado. Formó parte, desde el Supremo, del grupo de magistrados que condenó al exministro del Interior José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera por su implicación en el secuestro de Segundo Marey. 

Su etapa en la fiscalía durante el Gobierno de Zapatero

Conde-Pumpido accedió al Ministerio Público en 2004, nombrado por Zapatero, y vivió en su último año como fiscal general el cese definitivo de la actividad armada de ETA. Como respuesta al atentado islamista del 11 de marzo de 2004, Pumpido incrementó la plantilla de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el terrorismo islamista y fomentó la cooperación internacional para combatirlo. 

Impulsó en varias ocasiones la ilegalización de partidos políticos como Herritarren Zarrenda, Auzkera Guztiak, Abertzale Socialista Batasuna, y ANV, todos ellas formaciones encubiertas de Herri Batasuna. Durante su segunda etapa en el Ministerio Público puso en marcha varias fiscalías especializadas, abogó por la modernización del proceso penal y centró sus esfuerzos en la lucha con la corrupción, el terrorismo y el crimen organizado.

Del Tribunal Supremo al Constitucional

Al cesar su actividad en la Fiscalía, Conde-Pumpido regresó al Supremo e intervino como instructor en el Caso Taula tomando declaración a la imputada Rita Barberá. En 2017, tomó posesión como magistrado del Tribunal Constitucional, desde el que trató varios de los recursos de amparo del procés de Cataluña. Más adelante fue recusado por Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros líderes independentistas y se abstuvo voluntariamente de las causas relacionadas con el 1-O. 

Aliado del Gobierno en el conflicto independentista, en 2017 reprochó a los líderes del procés su "pretensión de subvertir el Estado social y democrático de derecho utilizando fraudulentamente la propia bandera la democracia". Fueron esas mismas declaraciones públicas las que utilizaron los líderes independentistas para pedir su recusación. 

En 2021 el magistrado salió una vez más en defensa del Ejecutivo con un tajante voto particular contra el fallo del Tribunal Constitucional que consideró inconstitucional el primer estado de alarma por la pandemia. Según recogía el voto de Conde-Pumpido, la sentencia no resolvía, sino que creaba "un grave problema político, al desarmar al Estado contra las pandemias". 

El coruñés fue tajantemente crítico con la sentencia del magistrado conservador Pedro González-Trevijano, que según Conde-Pumpido no respondía "en absoluto" a "verdaderos criterios jurídicos". El magistrado llegó a decir que la sentencia era "más propia de un lego o de un jurista de salón que del máximo interprete de la Constitución", unas declaraciones de las que tuvo que retractarse más adelante y que le han llevado a ganarse enemigos en el sector conservador de la Justicia.