El alcalde de Aznalcóllar ve con "satisfacción" el plazo de reapertura de la mina: "Esto va a ser una realidad"

ANDALUCÍA.-Sevilla.-El alcalde de Aznalcóllar ve con "satisfacción" el plazo de reapertura de la mina: "Esto va a ser una realidad"
La mina de Los Frailes fue cerrada tras la catástrofe medioambiental de 1998
EP
ANDALUCÍA.-Sevilla.-El alcalde de Aznalcóllar ve con "satisfacción" el plazo de reapertura de la mina: "Esto va a ser una realidad"

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Juan José Fernández (IU), ha manifestado su "satisfacción" ante los plazos previstos por la Junta de Andalucía para la reapertura de la mina de Los Frailes, ubicada en dicho municipio y cerrada tras la catástrofe medioambiental de 1998 como consecuencia de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa). "Esto va a ser una realidad", ha enfatizado.

En unas declaraciones recogidas por Europa Press, el alcalde de Aznalcóllar ha valorado las recientes declaraciones en las que en el consejero de Política Industrial y Energía, Jorge Paradela, fijaba en el primer cuatrimestre de este año 2023 la reapertura de la mina tras finalizar el proceso de permisos necesarios, después de que años atrás la Junta de Andalucía adjudicase los derechos de explotación del complejo al grupo empresarial México-Minorbis, en el que participa la sociedad andaluza Magtel.

A tal efecto, recordemos que la Audiencia de Sevilla ha fijado para el 3 de marzo de 2025 el comienzo del juicio correspondientes a la investigación penal de la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero de Los Frailes a México-Minorbis, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación; tras la denuncia formulada por Emerita-Forbes Manhattan, empresa que pujó sin éxito por tales derechos.

El asunto llegará a juicio, al detalle, después de que la juez instructora del caso ordenase dos veces archivar las actuaciones al no apreciar delito la Fiscalía, pero ambas órdenes de sobreseimiento fuesen revocadas por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, donde figura la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macro causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos incentivados con fondos autonómicos.

En cualquier caso, el alcalde de Aznalcóllar ha mostrado su "satisfacción" ante las palabras del consejero Paradela, agradeciendo además la atención prestada por el Gobierno andaluz al Ayuntamiento cada vez que el mismo ha solicitado información o reuniones sobre la tramitación del proyecto. Así, ha manifestado que la localidad está ya "esperando la rúbrica" de la autorización ambiental unificada que debe emitir la Junta para la reapertura del complejo minero, un trámite respecto al cual ha descartado cualquier "freno" porque el proyecto "ha pasado todos los filtros".

Juan José Fernández ha destacado además que no sólo Aznalcóllar "espera" la reapertura de la mina, sino que también lo hacen "la comarca" del Corredor de la Plata, Andalucía e incluso "el mundo", como proyecto referente de "la transición ecológica y energética".

"Espero que en breve, tengamos de una vez por todas todos los permisos", ha insistido, exponiendo que Aznalcóllar es un pueblo "rico en recursos" naturales pero con mucha gente "pobre" y marcado por el desempleo, pese a la reducción del mismo en los últimos años.

En ese sentido, ha defendido que el Ayuntamiento está propiciando "la preparación" formativa de la ciudadanía para empleos relacionados con el sector minero, trasladando una vez más su agradecimiento a quienes "han creído y han apoyado" la reapertura de la corta minera tras el cierre de la misma hace ya más de 20 años, a manos de Boliden-Apirsa.

Para el mes de julio de este año, por cierto, el Juzgado de Primera Instancia número once de Sevilla tiene fijado el juicio destinado a resolver la última demanda promovida por la Junta de Andalucía contra la empresa sueca Boliden, reclamándole unos 89,8 millones de euros más intereses, por los gastos de restauración medioambiental afrontados por la Administración pública a cuenta de la catástrofe natural derivada de la fractura de la balsa de residuos de metales pesados del complejo minero de en 1998.

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