El 6 de enero de 2021 fue Estados Unidos y el 8 de enero de 2023 fue Brasil. El país sudamericano trata de recuperar la normalidad después del asalto violento a las instituciones por parte de miles de seguidores del expresidente Bolsonaro, que alcanzaron a golpes tanto el Congreso como los tribunales pidiendo un golpe de estado para derrocar al recién investigo Gobierno de Lula Da Silva. La primera reacción, de hecho, fue la suspensión del gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, por 90 días. Rocha también había destituido de forma fulminante a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y es una figura muy cercana del ahora exgobernante. Después de horas, el Gobierno considera que la actividad institucional "ha vuelto a la normalidad".

Al mismo tiempo, el propio Bolsonario se encuentra se encuentra ingresado de urgencia en un hospital de Estados Unidos, a donde se desplazó antes de la investidura de Lula. Estaría aquejado de un dolor abdominal, misma razón por la que ya fue hospitalizado el pasado mes de noviembre. Entretanto, no ha hecho una condena firme de lo sucedido.

"Todo el mundo sabe que hay varios discursos del expresidente Bolsonaro estimulando todo esto, estimulando la invasión de los tres poderes. La responsabilidad es de él y de los partidos que le han apoyado", sostuvo Lula en su primera reacción. Los campamentos montados por los radicales - frente al Cuartel General del Ejército- ya han empezado a ser desmantelados y la cifra de detenidos supera ya los 1.500 en las primeras horas. 

Entre los cargos que se les imputan a los arrestados están los de golpe de Estado, lesiones, desórdenes públicos, destrozos de bienes del Estado, posesión de armas y robo, después de que se confirmara que algunos de los asaltantes atacó a periodistas que cubrían lo sucedido para hacerse con sus equipos. Ante el gran número de detenidos y la falta de espacio en las dependencias policiales de la Policía Federal, han sido trasladados a dos cárceles 176 ellos.

En ese escenario, el propio Lula y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, llamaron este lunes a mantener la "serenidad" y "defender la democracia" en paz, tras el intento de golpe de Estado. El país necesita "normalidad, respeto y trabajo" para alcanzar "el progreso y la justicia social", señaló la nota conjunta firmada por Lula, los jefes del Congreso y la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber. "Llamamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y de la democracia de nuestra patria", dice la nota, en la que además de Lula y Weber también estamparon su firma el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y el jefe del Senado en ejercicio, Veneziano Vital do Rêgo. 

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Esos grupos radicales de extrema derecha desconocen la victoria en las urnas de Lula, que asumió el poder el pasado 1 de enero, y han venido exigiendo desde entonces una "intervención" militar que devuelva al poder a Bolsonaro. Mientras, el expresidente sigue refugiado en Estados Unidos, y no ha condenado de forma clara el intento de golpe (aunque sí lo ha comparado con lo que, según él, "hizo la izquierda en 2013 y 2017). Desde Washington algunos congresistas como Alexandra Ocasio-Cortez han pedido ya que se le obligue a volver a Brasil.

Mientras, el mundo cerró filas con Lula, incluidos países como Rusia, China o India, pero también Ejecutivos de derecha radical con partidos otrora 'amigos' de Bolsonaro, como el de Giorgia Meloni. "Condeno el asalto a la democracia y a la transferencia de poder pacífica en Brasil", sostuvo el presidente estadounidense, Joe Biden. No ocurrió lo mismo con el expresidente de EE UU, Donald Trump, que todavía guarda silencio pese a ser para muchos el referente de lo ocurrido, muy similar en el modus operandi con el asalto al Capitolio hace ahora dos años.

Pekín, por su parte, condenó "firmemente" el "asalto violento" a las principales instituciones de Brasil y confía en que, con Lula da Silva al frente, el gigante sudamericano "siga gozando de estabilidad y armonía social". Así se pronunció el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, que en declaraciones a los medios ha confirmado que el Gobierno de Xi Jinping sigue "muy de cerca" los acontecimientos porque además considera a Brasil "un socio estratégico". En Europa se siguió también esa línea, tanto desde la UE como desde los gobiernos nacionales. Las reacciones, de hecho, fueron rápidas y rotundas contra el intento de golpe y cerrando filas en favor de Lula.

Lo sucedido ha acelerado los acontecimientos y el Congreso brasileño ya trabaja para formar una comisión de investigación sobre el papel que habría desempeñado el expresidente Jair Bolsonaro en la crisis política y que una de sus primeras medidas será la de reclamar su vuelta. "Bolsonaro puede y va a ser convocado. Tiene que venir a responder por los crímenes que cometió. Además de esto, él ahora será investigado en primera instancia", confirmó el expresidente del Senado, Renan Calheiros. "Tenemos la oportunidad de investigar todo, quiénes en las Fuerzas Armadas colaboró, qué empresarios financiaron estos actos, quién en la clase política ayudó", sentenció.

El Gobierno denuncia el robo de armas

Por otro lado, con las investigaciones abiertas, el ministro de la Secretaría de Comunicación Social de Brasil, Paulo Pimenta, ha denunciado el robo de armas de fuego de la sala del Gabinete de Seguridad Institucional del Palacio del Planalto durante el asalto. "Cada uno de esos maletines tiene armas, armas letales y armas no letales que se han llevado", denunció Pimenta en un vídeo publicado en sus redes sociales en el que se puede ver esos maletines vacíos. En el asalto al Palacio del Planalto, los seguidores de Bolsonaro arramblaron y destruyeron el despacho de la primera dama, Rosangela Silva, y del ministro Pimenta, no así con el de Lula, que cuenta con seguridad adicional.

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"La sala del presidente Lula tienen un cristal más grueso  tiene barreras. Ha quedado aislada, como si fuese un acuario. Han logrado destruir la oficina de 'Janja'", esgrimió el ministro Pimenta. La estela de destrucción dejada a su paso por los acólitos de Bolsonaro han incluido daños a importantes obras del patrimonio histórico brasileño, como obras de arte como el mural Mulatas de Di Cavalcanti, o Araguaia de la artista Marianne Peretti. "Obras de arte, esculturas, obras rasgadas, agujereadas, rotas", lamentó Pimenta, quien ha asegurado que los asaltantes se han cebado especialmente con las instalaciones de la secretaría que él dirige.

En la sede del Tribual Superior, los daños han afectado al conocido como Sala de los Bustos, en la que hay esculturas de figuras importantes en la historia de Brasil, como el responsable de la creación de esta corte, Rui Barbosa, la réplica de la edición original de la Constitución ha sido robado y un tapete que perteneció a la princesa Isabel, hija del Pedro II, ha sido dañado. Los daños al patrimonio histórico son incalculables e irreparables, según han dicho fuentes del Supremo al diario O Globo. La propia presidenta del Supremo clamó con que las instalaciones han sido "severamente destruidas por criminales, vándalos y antidemócratas".