Puig impugna el recorte del trasvase Tajo-Segura y Ribera replica que fue un acuerdo de consenso entre comunidades y sector del agua

El recorte del trasvase Tajo-Segura por la fijación de un caudal ecológico en el primer río crece cada día que pasa como problemas político y territorial. Este miércoles, regantes de Murcia, Alicante y Almería se concentrarán ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica y junto a ellos el PP de Murcia y Compromís. El PSOE valenciano no lo hará, pero este martes la Generalitat ha impugnado ante el Consejo de Estado el plan hidrológico del Tajo y ha pedido su anulación debido a que el texto final sobre el trasvase incumple el compromiso de evaluar la situación de los ríos antes de aplicar el caudal ecológico. Por su parte, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha recordado que el proyecto de planes hidrológicos que el Gobierno ha remitido al Consejo de Estado como paso previo a su aprobación en Consejo de Ministros fue el acuerdo mayoritario del Consejo Nacional del Agua y que cualquier otra modificación no contó con ese respaldo.

El Consell valenciano ha pedido al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable sobre el real decreto que incluirá la regulación del trasvase Tajo-Segura, que de ahora en adelante y sobre todo entre 2025 y 2027 se verá disminuido debido al establecimiento de un caudal ecológico en el Tajo, de agua que no puede emplearse a usos agrícolas o industriales y tampoco trasvasarse. La reclamación valenciana alega varios elementos "determinantes de la nulidad de pleno derecho" del proceso, entre ellos, la vulneración de la "lealtad institucional" debido a una disposición que la Generalitat Valenciana afirma que se incluyó en el acuerdo y que ahora el Gobierno central no quiere respetar.

Se trata del supuesto compromiso que la Comunitat afirma que contrajo el Gobierno para analizar el estado de las masas de agua afectadas en el trasvase  -es decir, también del río Segura- antes de aplicar el caudal ecológico del Tajo. El Consell recalca que el texto origina que aprobó el Consejo Nacional del Agua el 29 de noviembre "vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua". Sin embargo, denuncia que posteriormente "se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que fue sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua". El nuevo texto impone unos "incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura".

Preguntada por esta reclamación, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha asegurado que el texto final es el que cuenta con el apoyo mayoritario del Consejo Nacional del Agua, en la está representado el Ministerio, las comunidades y ayuntamientos, organismos de cuenca y asociaciones sindicales, sociales y económicas vinculadas con el agua. En contra del relato que hace la Generalitat en sus alegaciones al Consejo de Estado, Ribera ha dado su propia versión desde la sala de prensa de Moncloa para indicar que tras consensuar el texto, "en el último minuto hubo una propuesta de modificación de ese consenso que fue rechazada mayoritariamente por el Consejo Nacional del Agua". "Lo que hemos remitido al Consejo de Estado responde al consenso que  estaba previamente anunciado y establecido", ha añadido Ribera sobre el documento que envió el Gobierno y que, tras pasar por el órgano consultivo, espera aprobar en Consejo de Ministros para regular la gestión de ríos y demás masas de agua durante 2022-2027.

De nuevo, batalla política

Por otra parte, Ribera ha vuelto a lamentar que el agua vuelva a convertirse de nuevo en una batalla política. "No nos gusta mucho que se haga un uso de esta situación tergiversando la realidad en favor de determinadas pancartas y partidos políticos", ha dicho. "No nos debe remitir periódicamente a una guerra del agua donde, pase lo que pase o se invierta lo que se invierta, siempre hay una diana a la que señalar", ha añadido Ribera antes de volver a recordar que los planes hidrológicos contemplan una partida de los Presupuestos de 8.000 millones para infraestructuras del agua, de los que 1.100 serán para Murcia, 540 para Alicante y 44 para Almería, las tres provincias más afectadas por el recorte del trasvase Tajo-Segura.

Además del dictamen que pidió el Gobierno y de las alegaciones que ha presentado este martes el Consell valenciano, Ribera ha recordado que el Consejo de Estado también tiene sobre la mesa alegaciones de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de Murcia, así como de organizaciones ecologistas y académicas, que no siempre son de naturaleza jurista en un tema que, ha vuelto a repetir, tiene un "componente emocional", que ha entendido al tratarse de un recurso tan sensible como el agua pero que no ha compartido. Por el contrario, ha insistido en la necesidad de fijar caudales ecológicos en los ríos como medida anticipatoria del cambio climático, que no solo tiene en cuenta el agua disponible en un momento dado sino la que puede haber en situaciones extremas de sequía e inundaciones masivas.

 "El  Consejo de Estado se va a encontrar con comentarios contradictorios [por parte de comunidades que defienden posturas opuestas], no necesariamente jurídicos ni tampoco de procedimiento. Tienen más que ver con el componente emocional que en un recurso como el agua es muy importante y se percibe de manera diferente en los distintos territorios", ha dicho Ribera, que ha insistido en la defensa de los caudales ecológicos para evitar lo que ha recordado lo que le sucedió a la ministra de Agricultura del PP, Isabel Tejerina. "Lo peor sería pensar que dependemos exclusivamente de que hay agua en la cabeza del Tajo porque nos encontraríamos con que hay que reducir el trasvase a cero durante meses".

A su lado en la mesa de la sala de prensa de Moncloa, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha dejado clara el rechazo del Ejecutivo a lo que alega el barón valenciano Ximo Puig. "Es muy importante hacer un esfuerzo de pedagogía social en torno a un recurso que es escaso para todos, para la cuenca del Tajo y para el Levante. Hemos visto un año especialmente cálido, de altas temperaturas, sequías e inundaciones y será uno de los grandes retos que tenemos que afrontar globalmente".