El Gobierno ya no descarta que la reforma de la malversación pueda suponer rebajas de penas a corruptos

El Gobierno se fue de vacaciones de Navidad rechazando que la reforma del delito de malversación -que entra en vigor este jueves- trajera consigo la rebaja de penas a condenados por corrupción, pero ya no descarta que esta posibilidad pueda producirse. En pocas semanas, el Ejecutivo ha pasado del "sin revisión a la baja de condenas" dicho por el presidente Pedro Sánchez el 27 de diciembre al "ningún ladrón saldrá de la cárcel" apuntado este martes por un alto cargo de Moncloa. Dos frases que pueden parecer similares, pero que no significan lo mismo, puesto que lo que antes era una negativa tajante ahora se ha comenzado a suavizar.

Este posible escenario ha sido el tema estrella de la rueda de prensa celebrada ayer después del Consejo de Ministros. En ella, el Ejecutivo tampoco ha terminado de ser firme. Ni en público ni en privado. Hasta en tres ocasiones le han preguntado este martes a la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, sobre si la reforma penal pactada con ERC y apoyada por Unidas Podemos, socio minoritario de la coalición, podría derivar en un escenario similar al producido tras la aprobación de la ley del 'solo sí es sí', que ha traído consigo un goteo incesante de rebajas de penas a condenados por delitos sexuales. "Lo que el Gobierno persigue con esta reforma es penar todo tipo de corrupción", ha respondido la titular de Política Territorial cuando le han preguntado si el Gobierno "puede garantizar que no habrá rebajas de penas a los corruptos".

"Este es un Gobierno que lucha y luchará contra la corrupción", ha continuado Rodríguez, que también ha sido interpelada por la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ha preguntado por primera vez a la Fiscalía Anticorrupción si cabe ajustar las penas solicitadas para los acusados por malversación en el 'caso Acuamed', macrocausa que investiga presuntas adjudicaciones de contratos para obras hídricas y medioambientales bajo los gobiernos de PP y PSOE, entre 2007 y 2014. En este caso, la portavoz ha señalado que se trata de un asunto "en fase de instrucción" donde "todavía no hay ni sentencia ni condena".

Con todo, Moncloa sigue confiando en que este escenario no se produzca. Esta seguridad fue la que convenció a los barones socialistas reacios a la reforma a guardar las formas en público -también la creación del nuevo tipo penal de 'enriquecimiento ilícito'-. Pero todo cambiaría si se produjera una sola rebaja. Más aún, teniendo en cuenta que quedan menos de cinco meses para las elecciones municipales y autonómicas, en las que el PSOE se juega revalidar el poder en nueve de las 12 comunidades autónomas que van a las urnas.

Fuentes cercanas al presidente insisten en que no se ha tocado la malversación referida a aquellos casos en los que el político sustrae el dinero para sí, sino que se ha "diferenciado" de aquellos que utilizan el dinero para otro fin dentro de la propia administración. El ejemplo que ponen siempre desde el palacio presidencial es el del alcalde que utiliza unos fondos europeos para pagar las nóminas de los empleados municipales. 

Además, también recuerdan la decisión de introducir un nuevo párrafo en el Código Penal en el que se expresa cuál es la voluntad del legislador a la hora de reformar el articulado. Eso sí, dicha modificación no será vinculante, puesto que está incluida en la exposición de motivos, que es el texto que precede al articulado de un proyecto o proposición de ley y en el que se exponen las razones por las que se redacta ese texto y se justifican los objetivos que pretende alcanzar, pero que no es vinculante a la hora de aplicarlo.