La guerra política y territorial del agua a cuenta del recorte contemplado en el Plan Hidrológico estatal del trasvase Tajo-Segura cuenta con un nuevo contrincante, Andalucía, que asegura que el Gobierno central ha "cambiado las reglas del juego" de forma unilateral, lo que supondrá un "jaque mate a la supervivencia del Levante español" en términos de agricultura, que afecta directamente a los cultivos de Almería.
De esta forma, la Junta se suma a las comunidades autónomas de Murcia y Valencia -la primera gobernada por el PP y la segunda, por el PSOE- que ya han manifestado abierta y públicamente su rechazo al plan que el Ministerio para la Transición Ecológica prevé aprobar a finales de este mes o principios de febrero en Consejo de Ministros, así como a los regantes, que han convocado para este miércoles una manifestación en Madrid a la que acudirá la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo.
El origen de esta nueva batalla por el agua está en la reciente aprobación del tercer ciclo de la gestión de los ríos en los planes hidrológicos para las distintas cuencas, que contempla por primera vez los llamados "caudales ecológicos", es decir, caudales mínimos que deben discurrir por cada río, agua que no se puede emplear en usos industriales ni agrícolas y, por tanto, no se puede trasvasar.
En el caso concreto del Tajo, la consejera Crespo, explicó este martes que existe una sentencia judicial que obliga a preservar su caudal ecológico para asegurar hasta 2027 una "situación adecuada" del agua en términos de "cantidad y calidad". Para ello, y en base a criterios científicos, dijo la consejera, se estimó que con una cantidad de 6 metros cúbicos por segundo se podía cumplir con lo estipulado por la Justicia. En cambio, lamentó, el Gobierno central ha decidido elevar esa cantidad a 8,6 metros cúbicos, lo que supondrá en última instancia un recorte del trasvase de 105 hectómetros cúbicos de agua que ahora llega al Levante.
En el caso de Almería, incidió la consejera andaluza, este recorte repercutirá sobre 25.000 hectáreas de cultivo y 15.000 empleos directos, sin tener en cuenta cómo puede afectar en un futuro al abastecimiento de la población.
Crespo acusó al Gobierno de adoptar una "decisión política", sin descartar que esta sea consecuencia de un "pacto que se haya tenido con el presidente de Castilla-La Mancha", el socialista Emiliano García-Page, comunidad a la que pertenece la cuenca cedente y que se ha mostrado satisfecha con el plan estatal. El "leitmotiv" de la Junta, defendió Crespo, siempre es la "negociación", pero ante este "hachazo grandísimo no podemos estar callados ni de brazos cruzados".
Es por ello que el presidente andaluz, Juanma Moreno, ha solicitado audiencia al Consejo de Estado para presentar las alegaciones de Andalucía al plan del Tajo, que "contiene unas determinaciones gravemente lesivas" para la comunidad. Alegaciones que se sumarán a las ya presentadas por la Comunidad Valenciana, que esgrime varios elementos "determinantes de la nulidad de pleno derecho" del proceso, entre ellos, la vulneración de la "lealtad institucional" debido a una disposición que la Generalitat afirma que se incluyó en el acuerdo y que ahora el Gobierno central no quiere respetar.
Andalucía también se ha mostrado beligerante con la eliminación de la bonificación estatal del agua desalada, que los regantes pagaban hasta ahora a una media de 0,45 céntimos por metro cúbico y que desde este año costará entre 1,3 y 1,4 euros. La Junta exige en este punto que vuelva a implantarse el descuento y que este se extienda "no solo a las desaladoras de Acuamed (empresa estatal), sino a todo el sistema", ya que algunas infraestructuras andaluzas, como la desaladora de Almería capital, no pertenecen a la empresa estatal.
Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha manifestado que esta polémica es "más emocional" que "racional", y defiende que el Plan Hidrológico final cuenta con el apoyo mayoritario del Consejo Nacional del Agua, en el que están representadas las comunidades y ayuntamientos, además de sindicatos y otras entidades del sector. "No nos gusta mucho que se haga un uso de esta situación tergiversando la realidad en favor de determinadas pancartas y partidos políticos", dijo este martes la ministra, que recordó que el Gobierno contempla 1.100 millones de euros para la desalación de agua en compensación, de los que 44 serán para Almería.
Diez semanas más de lluvia
Crespo ha hecho alusión también a la situación de sequía en la comunidad. El pasado mes de diciembre dejó en Andalucía las esperadas precipitaciones que han servido para mejorar la situación de los embalses, pero que, sin embargo, no han sido suficientes para paliar la sequía que padece de manera especialmente grave la comunidad. De hecho, para volver a alcanzar la "ansiada normalidad" hídrica sería necesario que en Andalucía estuviera lloviendo durante diez semanas más, según expuso la consejera.
Según los últimos datos del Gobierno autonómico, los embalses de la comunidad cuentan con 3.466 hectómetros cúbicos de agua almacenada, un volumen que supone el 29,03% de la capacidad total y 318 menos que los que había hace justo un año. La cuenca del Guadalquivir, de competencia estatal, está al 24,23%; las cuencas mediterráneas andaluzas están al 37,9%; la de Guadalete-Barbate, al 29,56%; y la de Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, al 83,8%.
En este sentido, y como viene siendo habitual en las últimas reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta, este martes se dio luz verde a 25,5 millones de euros para infraestructuras de aguas residuales: 12 millones para nuevos colectores, estación de bombeo y depuradoras en la provincia de Granada; 9,6 millones para la agrupación de vertidos y depuradoras en Córdoba; y 3,9 millones para Málaga.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios