No hacer el pacto de rentas tenía un precio. El Gobierno anunció una idea bastante certera cuando empezó el proceso inflacionista del último año: iba a promover un pacto de rentas para repartir la carga de la inflación entre todos los afectados –jóvenes, pensionistas, trabajadores por cuenta ajena, funcionarios y empresas–. La idea se ejecutó rápidamente en otros países de la UE, como Portugal, y con éxito. Pero aquí, el Gobierno optó legítimamente por priorizar a dos colectivos (pensionistas y funcionarios) sobre el resto. Y el pacto de rentas se esfumó. El resultado lo sabemos ahora: casi el 80% de los trabajadores se vio perjudicado por la inflación. A ver si en 2023 sí se arregla.