Ayuso llevará el impuesto de solidaridad al TC este mes: "Va contra el ahorro y la inversión"

Año nuevo, viejas costumbres. El primer Consejo de Gobierno de 2023 en la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a emprender nuevas acciones judiciales contra el Gobierno de la nación. Así lo ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este miércoles ha asegurado que los servicios jurídicos formalizarán el recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas, también conocido como impuesto de solidaridad, antes de que acabe enero. 

Esta decisión, que ya se avanzó en octubre cuando aún no se había aprobado el tributo pero se había publicitado su espíritu, se suma a otras acciones judiciales, como las que se presentaron contra el decreto energético o contra el currículo de Bachillerato. "Es resucitar el viejo impuesto de Patrimonio (...) va contra el ahorro y la inversión", ha justificado Díaz Ayuso desde el Ayuntamiento de Alcobendas, donde se ha celebrado el Consejo de Gobierno de forma extraordinaria. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a calificar de "traición" la aprobación de este impuesto, al haberse aprobado durante las fiestas navideñas, y ha afirmado que con este recurso está "defendiendo los intereses económicos de toda España". El Ejecutivo madrileño sostiene que la puesta en marcha del nuevo tributo incentiva la fuga de grandes capitales no solo de la región, sino de todo el país.

Este es solo uno de los argumentos sobre los que se armará el recurso ante el recién renovado Tribunal Constitucional En total, desde el Gobierno de la Puerta del Sol se han esgrimido seis aspectos sobre los que incidirá el escrito de los servicios jurídicos, que además pedirá la suspensión cautelar de la medida fiscal. Son los siguientes:

Invasión de las competencias autonómicas

El Gobierno que dirige Díaz Ayuso ha esgrimido que la ley de Financiación Autonómica reconoce "la potestad de las regiones para gestionar los tributos cedidos por el Estado". Dentro de este grupo se encuentra el impuesto de Patrimonio, que en la Comunidad de Madrid está bonificado al 100% desde 2008, algo que cambia el impuesto a las grandes fortunas porque se impone una cuota nacional para todas las autonomías de régimen común.

"Se crea un impuesto para dejar sin efecto las competencias tributarias en materia de Patrimonio que tienen las comunidades autónomas, quebrando el principio de lealtad constitucional", han defendido desde Sol, que tildan este aspecto de "invasión" a las competencias autonómicas. 

Contra la autonomía financiera

El impuesto de solidaridad, apuntan desde el Gobierno madrileño del PP, "afecta" a la política fiscal de cada comunidad y supone una "ruptura" de su autonomía financiera.

Violación del principio de igualdad

"Es un impuesto contra los madrileños y los andaluces", sostienen en este punto fuentes del Ejecutivo, que agregan que esta regulación supone no tratar "por igual" a todos los contribuyentes españoles. El presidente andaluz, Juanma Moreno, anunció el año pasado la bonificación de Patrimonio y también ha mostrado su intención de llevar el nuevo tributo al Constitucional, 

Vulneración del procedimiento

Díaz Ayuso ha resaltado que el nuevo tributo se ha creado a través "de una enmienda" y desde el Gobierno regional se ha destacado que el texto "no ha sido sometido a consulta pública y carece de memoria económica", además de no contar con "un dictamen del Consejo de Estado". Además, Sol ha remarcado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha ignorado "las advertencias que durante los últimos meses le han hecho tanto los letrados de la Cámara como este último organismo respecto a los procedimientos legislativos".

Lesión de la seguridad jurídica

La Comunidad de Madrid considera que la regulación impulsada por el Ejecutivo de coalición "quebranta" el principio de seguridad jurídica al imponer su aplicación de manera retroactiva para todo 2022. "Todas aquellas personas que han realizado operaciones de inversión o que han decidido ahorrar, confiando en que no estaban sujetos a una nueva tributación, ahora se van a ver obligados a hacerlo", se han quejado.

Sin justificación para la creación del impuesto

Por último, el Ejecutivo regional estima que no está justificada la creación del impuesto porque "no hay una necesidad recaudatoria real en estos momentos" y su puesta en marcha supone ignorar lo recogido en la Constitución Española en relación a la arbitrariedad de los poderes públicos.

Reproche de la oposición

El recurso ante el Constitucional de la Comunidad no ha gustado nada a la oposición madrileña, que ha criticado la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno de este miércoles. "Ayuso sigue sola en su cruzada contra el sentido común y las recomendaciones del FMI, BCE, OCDE y Europa. Quién más tiene, más debe aportar", ha señalado Mónica García, líder de Más Madrid y de la oposición, en sus redes sociales.

"No hay semana que no dedique Ayuso a impugnar y recurrir: en cuatro años ha aprobado unos Presupuestos y ha presentado decenas y decenas de recursos e impugnaciones", ha afeado Juan Lobato, secretario general del PSOE-M. "En vez de un gobierno parece un bufete de abogados", ha llegado a decir del Ejecutivo de Díaz Ayuso, al que ha acusado de defender "siempre a los mismos": "a ese 0,2% de las grandes fortunas a las que perdona cada año 992 millones".

"El impuesto de solidaridad viene para quedarse", ha advertido Alejandra Jacinto, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea. El nuevo tributo impulsado por el Gobierno de España seguirá adelante, ha observado, "a pesar de que Ayuso recurra a los tribunales con la intención de subirle los impuestos a los trabajadores, autónomos y pymes con tal de seguir protegiendo a los multimillonarios".