Madrid teme perder hasta 1.600 millones de inversión extranjera por el impuesto a las grandes fortunas

La Comunidad de Madrid anunció hace meses que presentaría un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas aprobado por el Gobierno central. El Consejo de Gobierno de este miércoles autorizó la presentación del escrito ante el Tribunal Constitucional (TC), que se registrará antes de que acabe enero, y la presidenta Isabel Díaz Ayuso dio a conocer los aspectos jurídicos sobre los que se está armando la decisión.

Invasión de competencias, quiebra del principio de igualdad, menoscabo de la seguridad jurídica... el recurso de la Comunidad ante el tribunal de garantías será prolijo en argumentos, de acuerdo con los detalles que ha dado hasta ahora el Ejecutivo, pero más allá de las cuestiones jurídicas, en la Puerta del Sol plantean otras consecuencias negativas.

El Ejecutivo regional insiste en que el llamado impuesto de solidaridad tendría un impacto negativo sobre la economía. Si ya en su día se estimó que la aplicación de este tributo podría generar una pérdida de contribuyentes, desde la Comunidad ahora se habla de una merma de entre 1.200 y 1.600 millones de euros anuales en inversión extranjera. 

De acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo estas cifras se corresponden con una reducción del volumen de inversión extranjera de entre el 5,5% y el 7,5%. Estos cálculos se han realizado, explicitan, a partir de diferentes estudios e informes de entidades como CEIM, el Banco de España o el Instituto IFO (entidad alemana de estudios económicos) sobre la reintroducción del impuesto sobre la riqueza en diferentes países.

Los últimos datos disponibles, facilitados por el Ministerio de Industria, reflejan que la Comunidad atrajo 10.927 millones de euros de capital extranjero durante el primer semestre de 2022. Esta cifra representa cerca del 70% del total de lo que recibió España y casi duplica el volumen que llegó en el mismo periodo de 2021, que fue extraordinariamente bajo, aunque ya el dato del semestre de 2022 alcanzó prácticamente la media de los últimos cinco años. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, precisamente participa este jueves en la 13ª edición del foro Spain Investors Day, un encuentro económico que reúne en la capital a los grandes inversores internacionales para conocer las oportunidades que ofrecen el mercado y las empresas españolas.

Impacto en el PIB, el empleo...

"El menor volumen de inversión extranjera supondrá también menor crecimiento económico y creación de empleo y, en última instancia, menor recaudación fiscal que sin la aplicación de dicho impuesto", apuntan desde el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty.

El impacto sobre el PIB alcanzaría el 0,6% lo que se traduciría en una caída de hasta 1.420 millones de euros y se podría dar una reducción del crecimiento potencial de 19.500 empleos. La recaudación fiscal también se vería afecta, sostienen desde el Ejecutivo. "La combinación de la caída de la actividad económica, la menor creación de empleo y los menores salarios puede provocar en el medio plazo una pérdida de al menos 190 millones de euros", afirman, e incluso alertan de posibles pérdidas en la  recaudación del impuesto de Patrimonio tras su reintroducción.

"Lo peor es que transmite un mensaje de gran inseguridad y desconfianza hacia los inversores del que España tardará en recuperarse", aseguran desde la consejería madrileña. "La inversión se instala en donde es bien tratada y huye de donde la maltratan y penalizan y el problema es que no vuelve hasta pasado mucho tiempo", agregan. 

Las cifras que aluden a la pérdida de inversión extranjera se suman a las planteadas a principios de octubre por Díaz Ayuso sobre descenso del número de contribuyentes en la región. Durante un acto público en Barcelona, la presidenta estimó que por el impuesto a las grandes fortunas "podrían huir unos 13.000 contribuyentes". Estas personas, abundó, querrían evitar duplicidades impositivas y su decisión podría generar una merma en la recaudación de IVA e IRPF de unos 5.000 millones de euros.