La derecha española, tanto en su vertiente política como mediática, se caracteriza por sus irrefrenables deseos de alcanzar el poder, sea cual fuere el precio a pagar, inclusive a costa de la permanencia del propio sistema democrático. Su estrategia, archiconocida en este país en tanto fue puesta en marcha durante los anteriores gobiernos socialistas, es clara: generar un estado de crispación en la sociedad a través de sus medios de comunicación de tal calibre, que haga inviables los consensos políticos e insostenible la convivencia en sociedad.

Sin embargo, no debemos obviar que esta presunta derecha moderada liderada (o eso se supone) por Núñez Feijóo, en su desesperación por llegar a la Moncloa, se está echando en brazos de la más rancia ultraderecha, lo que supone un salto cualitativo en esa estrategia de confrontación. Solo hay que comprobar las recientes medidas antiabortistas aprobadas por el Gobierno de Castilla y León, una crueldad asimilable a la reacción de Díaz Ayuso ante las reivindicaciones de las familias que han perdido sus hogares por las obras del metro en la Comunidad de Madrid.

Y es un salto cualitativo porque los amigos y aliados del PP se caracterizan por seguir al dedillo la hoja de ruta de otros ultras del mundo, en su camino hacia la destrucción de la democracia: deslegitimar los resultados electorales cuando no le son favorables, difundir el odio hacia quienes no forman parte de su modelo ideal de sociedad y negar las evidencias científicas sobre asuntos que no considera prioritarios, o simple y llanamente, desprecia.

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En el ámbito doméstico, tenemos dos claros ejemplos de ese pérfido negacionismo que está contaminando de manera muy peligrosa nuestra convivencia en sociedad: por un lado, la negación de la legitimidad del actual Gobierno de España, que es fruto de la soberanía popular, y por otro el rechazo casi enfermizo de la existencia de la violencia de género.

Que la ultraderecha destaca, entre muchas cosas, por la ostentación casi diaria de su misoginia es tan real como el hecho de que el negacionismo que sobre la violencia de género practica de manera pública y permanente tiene una consecuencia muy directa en su combate para su erradicación. Lo que llama poderosamente la atención es que los populares no se desmarquen con claridad de esa postura. ¿Será porque se sienten cómodos en ella?

La realidad es que cuantos más mensajes negando la evidencia de la existencia del terrorismo machista se envían a la sociedad, cuanta más desconfianza se siembre sobre las víctimas de este mal, cuantas más insidias se instalen a través de medios de comunicación y redes sociales acerca de este enorme problema de gran calado que tenemos, más difícil va a resultar su eliminación.

Debería preguntarse Feijóo cómo denunciará una víctima a su agresor si, ante el incesante y repetitivo envío de mensajes negacionistas en medios y redes sociales, tiene dudas sobre si las autoridades la creerán. ¿Cómo se atreverá a acudir a las fuerzas de seguridad una mujer agredida o amenazada si ve por televisión que representantes políticos le niegan su propia legitimidad como víctima?

Tenemos dos ejemplos del negacionismo del PP: sobre la legitimidad del Gobierno y sobre la existencia de la violencia de género

Las últimas semanas han sido terribles para este país en materia de violencia de género, y deberían servir de reflexión para un partido como el PP, que tiene aspiraciones de gobierno. No deben los populares normalizar el discurso negacionista de sus amigos de la ultraderecha, puesto que negar la realidad no contribuye en absoluto a mejorarla, más bien al contrario.

Todos y todas sabemos que este negacionismo ultraderechista tiene como fin que las mujeres sufran en silencio, a no ser que se quieran arriesgar a no ser creídas o, peor aún, señaladas por haberse atrevido a denunciar a sus agresores. No es de extrañar que la metástasis del negacionismo de la extrema derecha esté poniendo en peligro la protección de las víctimas.

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A nadie se le escapa que todos y cada uno de los partidos políticos que tienen un perfil similar en ese ámbito ultraderechista tienen el mismo estilo. Lo vimos en Estados Unidos en el año 2021 y lo hemos podido contemplar hace escasos días en Brasil: negación de la victoria del rival en unas elecciones sin tacha alguna, inflamación de los ánimos de sus seguidores a través de redes sociales, e intentos de "golpes blandos" con el asalto a las instituciones representativas de la democracia y de la soberanía popular.

La gravedad de los hechos acaecidos en la capital brasileña, tras años de extrema violencia y polarización social, es una llamada de alerta a las democracias de todo el mundo. Es una realidad innegable que nuestros sistemas de libertades se están viendo amenazados por este totalitarismo del siglo XXI, más "amable" en las formas, los mensajes y las vestimentas, pero que en el fondo supone lo mismo: deshumanización del rival político y desprecio de las instituciones cuando no ostentan el poder.

La tibieza con la que el PP ha condenado estos actos es más que preocupante, porque supone la aceptación de hecho de un modo de hacer política de una manera profundamente antidemocrática. Lo que viene a refrendar lo que sucede en España, donde asistimos en los últimos meses a una alocada carrera entre la ultraderecha y la derecha presuntamente moderada para ver quién niega de manera más vehemente la legitimidad al Gobierno de Pedro Sánchez.

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La irresponsabilidad de Núñez Feijóo cuando se refiere de esa manera al Gobierno es tan lamentable como peligrosa. El PP se ha convertido con esos discursos en aliado de quienes están dispuestos a soliviantar a sus seguidores para que nadie, salvo ellos, tengan el poder, y si para ello hay que tomar violentamente las sedes parlamentarias, se hace.

¿Respetará la oposición la voluntad de las urnas en este año 2023, repleto de citas electorales? ¿Será Núñez Feijóo un líder consecuente y aceptará lo que el pueblo decida, aunque sea contrario a sus intereses, y aunque le presionen sus amigos ultraderechistas? Solo con hacernos estas preguntas comprobamos el momento de extrema gravedad que viven las instituciones democráticas de nuestro país.

A pesar de las presiones del PP, que se comporta como el partido de los ricos que defiende una minoría elitista sin proyecto para el país, y que solo se ha dedicado a boicotear la recuperación y el avance de España, mientras el PSOE sigue la senda de la recuperación y la transformación, poniendo en marcha medidas que han funcionado para salir de la crisis. Ahora tenemos mayor empleo, menor inflación y más protección económica para a la población trabajadora.

Y lo haremos porque estamos convencidos de que, promoviendo una sociedad más justa, lograremos consolidar nuestro sistema de libertades que tanto trabajo nos costó levantar. Ni el odio, ni el miedo, ni la demagogia nos van a detener en esta tarea común.