La Moncloa pretende reactivar la reforma del artículo 49 de la Constitución. Tras meses de parón, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha retomado este lunes las conversaciones con el Partido Popular para eliminar el término "disminuido" de la Carta Magna, la iniciativa que aprobó el Consejo de Ministros en mayo de 2021, pero que se mantiene desde entonces estancada en el Congreso de los Diputados.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia indican que Bolaños se ha dirigido al PP con el objetivo de "impulsar conversaciones" para cambiar el término "disminuido" por el de "personas con discapacidad", una reforma que se ha llegado a prorrogar hasta en 55 ocasiones en la Cámara Baja. Con el mismo fin se producirán también "contactos y conversaciones" con el resto de grupos parlamentarios para pactar la iniciativa y "dignificar" la redacción de la Constitución.
Pretende así el Gobierno desbloquear la tramitación del texto de cuatro puntos que ya se acordó inicialmente por el Congreso en 2018. La iniciativa no tiene mucho misterio: consiste simplemente en cambiar el vocablo con el que se refieren a las personas con discapacidad y añade una mención especial a las mujeres y niñas.
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución establece que "los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".
Por su parte, la propuesta del Ejecutivo recoge que "las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación", que los poderes públicos "realizarán las políticas necesarias para garantizar" su plena autonomía, atendiendo "particularmente" a las "necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad".
Esta es una demanda histórica de las entidades sociales, que vienen denunciando desde hace años que esta acepción es "absolutamente contraria a cualquier enfoque de derechos humanos". Desde el PP recuerdan que su líder, Alberto Núñez Feijóo, ha ido reuniéndose con representantes de distintas entidades que trabajan en favor de las personas con discapacidad y que en junio propuso incluso constituir una mesa de trabajo junto al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). "No hay nada aún, voluntad hay", explican fuentes de Génova.
Lo que ocurre, y explica las reticencias de los populares, así como la enmienda a la totalidad que estos presentaron en su momento a la iniciativa, es que la reforma esconde un asunto mucho más complicado: modificar la Carta Magna puede, según temen algunos, sentar un precedente y abrir la veda a futuros cambios de mayor calado.
Feijóo defendió en junio la desaparición del término "disminuidos" pero recalcó que el cambio debía ceñirse exclusivamente a eso, y sin "utilizar de forma torticera la discapacidad para abrir el melón de la reforma constitucional".
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