La deuda de la Seguridad Social superó en noviembre la barrera de los 100.000 millones de euros por primera vez desde que hay registros. Un hito que se alcanza tras más de una década continuada en la que este organismo ha ido acumulando déficits presupuestarios y después de que el fondo de reserva de la Seguridad Social (la célebre 'hucha' de las pensiones) se haya vaciado casi por completo desde 2012.

El Banco de España ha publicado este martes los datos de deuda acumulada por las administraciones públicas españolas hasta noviembre, que reflejan que la deuda de la Seguridad Social se incrementó en 6.982 millones de euros (7%) respecto a octubre. Este aumento se debió al desembolso de la paga extra de las pensiones de noviembre.

Desde que en 2017 el Gobierno encabezado por Mariano Rajoy decidiera empezar a emitir deuda para pagar las pagas extra de las pensiones ante el agotamiento de la 'hucha', la deuda de la Seguridad Social se ha multiplicado por seis en solo cinco años. En concreto, la deuda pasó de 17.173 millones en junio de 2017 hasta 106.176 millones el pasado noviembre. Un movimiento que tiene mucho que ver con cómo se ha gestionado el pago de las pensiones en los últimos cinco años.

Entre 2012 y 2017, el Ejecutivo vació la 'hucha' de las pensiones para poder hacer frente a las pagas extraordinarias junio y noviembre en plena crisis de deuda soberana y en un contexto de austeridad fiscal impuesta desde Bruselas. Gracias a ello, el Gobierno consiguió hacer frente a esas obligaciones sin aumentar el monto total de la deuda de la Seguridad Social, que se mantuvo estable en torno a los 17.000 millones. Sin embargo, a partir de 2017, con la 'hucha' de las pensiones ya muy mermada, resultó inevitable recurrir a la deuda.

El agotamiento de las reservas fue rápido. De los 63.000 millones en activos financieros con los que contaba la Seguridad Social en 2012 se pasó a 9.000 a finales de 2017. Actualmente, este departamento apenas cuenta con 2.811 millones en activos, algo que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pretende subsanar con la puesta en marcha del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI)

El MEI implica una subida en las cotizaciones sociales que pagan empresarios y trabajadores de 0,6 puntos porcentuales. Un incremento que se empezará a aplicar este año y que en principio se mantendrá hasta 2032. Lo que se obtenga gracias a esta subida se destinará a llenar de nuevo el maltrecho fondo de reserva de la Seguridad Social para garantizar que este puede hacer frente a las contingencias que surjan en el futuro. Especialmente a medida que la generación del baby boom comienza a jubilarse masivamente.

En los últimos 12 años, la Seguridad Social ha cerrado siempre sus ejercicios presupuestarios con números rojos. Desde que estalló la crisis de 2008 y hasta 2021 (último dato disponible), este departamento ha acumulado un déficit de 141.000 millones de euros, que en parte se sufragó con el vaciado de la hucha de las pensiones. La previsión para 2023 es que el departamento que ahora dirige José Luis Escrivá cierre con un déficit del 0,5% del PIB, en la misma línea que lo esperado para 2022.

Las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones

Detrás de los números rojos de la Seguridad Social hay varias causas, pero hay una sobresale con claridad por encima del resto: las pensiones. Si la Seguridad Social tuviera que hacer frente a sus gastos previstos para 2023 solo con los ingresos de las cotizaciones sociales de los trabajadores, el agujero en sus cuentas superaría los 50.000 millones de euros. 

Para evitar que esto ocurra, además de otros ingresos propios muy limitados, este departamento cuenta con transferencias y un préstamo del Estado que en conjunto suponen casi 49.000 millones. De este apoyo del Estado, una parte importante tiene una justificación clara.

La Seguridad Social tiene que hacerse cargo también de gastos no contributivos (es decir, que no están vinculados a los ingresos que obtiene por cotizaciones), como son los complementos a mínimos para las pensiones, el ingreso mínimo vital, las pensiones no contributivas y otras prestaciones. En total, el gasto no contributivo por estas causas asciende a casi 15.000 millones de euros en los presupuestos para este año. Además, también tiene que hacer frente a gastos corrientes y de personal, que le suponen otros 4.000 millones, y a las aportaciones a la 'hucha' de las pensiones, que vuelven a ponerse en marcha este 2023.

La jubilación de los 'baby boomers' tensionará el gasto en pensiones hasta 2050 y se sumará a la presión del aumento de la esperanza de vida

Aun con todo, la diferencia entre lo que cuesta pagar las pensiones contributivas (es decir, las que se financian gracias a las cotizaciones) y los ingresos por cotizaciones sociales sigue siendo de casi 24.000 millones de euros de déficit. Ese agujero se sufraga a través del Estado y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por lo que esos fondos se dejan de invertir en otras partidas de gasto como sanidad o educación.

Este desequilibrio se irá agrandando a medida que comience a jubilarse la generación del baby boom (a grandes rasgos, los nacidos entre 1.957 y 1.977). Este grupo de población es el más numeroso de la pirámide y, además, se jubilará con pensiones más generosas que las de sus antecesores, dado que han tenido carreras más largas, especialmente en el caso de las mujeres. 

Para garantizar que el sistema es sostenible, el Gobierno se encuentra inmerso en plenas negociaciones para cerrar la segunda pata de la reforma de las pensiones. Del diálogo con sindicatos y socios parlamentarios deberá salir un texto que convenza a la Comisión Europea. En caso contrario, España pone en riesgo 10.000 millones de euros de fondos europeos previstos para este año.