El caso de la Safor le estalla a Puig a las puertas de la precampaña y con el fantasma de la gestión de Oltra

La gestión de los centros en los que residen los menores bajo tutela de la Generalitat ha vuelto a situarse en el ojo del huracán político por un nuevo caso de abusos sexuales, en este caso sobre dos niñas de 14 y 16 años que salieron de uno situado en la comarca valenciana de la Safor y fueron captadas por un grupo criminal que las drogó y las condujo a una casa okupada, donde tuvieron lugar los hechos. Este caso, sucedido en junio pero conocido ahora, en la recta final de la segunda legislatura de Ximo Puig al frente del Consell, se suma al que costó el cargo a la vicepresidenta Mónica Oltra por su actuación como consellera de Política Inclusivas en relación a los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido, que era educador en un centro. Además, el PP ha llevado al Parlamento Europeo los 175 casos contabilizados por el Síndic de Greuges.

La traumática salida de Oltra tras su imputación por ordenar supuestamente una investigación parapolicial, destinada a evitar el impacto en su carrera política de los abusos de su exmarido, supuso la llegada de Aitana Mas a la Vicepresidencia y a la Conselleria de Igualdad, además de convertirse en la nueva portavoz del Consell, ya que heredó todos los cargos de su antecesora.

Mas se desvinculó este martes de cualquier responsabilidad política al afirmar que el protocolo "funcionó" y que se "activó en el momento en que tocaba" en el caso de las menores de edad tuteladas por la Generalitat que fueron captadas por el mencionado grupo criminal. "No se puede escapar de un sitio en el que no están encerradas", sostuvo en relación a la situación de estos centros, que comparó con cualquier domicilio en el que resida un menor con sus tutores legales.

La consellera defendió, partiendo de esta premisa, que la administración estuvo colaborando "en todo momento" con las Fuerzas de Seguridad del Estado, Fiscalía de Menores y el centro en el que estaban tuteladas las menores durante el tiempo en el que sucedieron los hechos, desde el 24 junio al 2 julio, fecha en la que se consiguió localizarlas.

"El protocolo que existe en este momento en los centros es que si en 24 horas, como cualquier otra persona o en cualquier otra familia, no aparece, evidentemente se pone una denuncia a Fiscalía, a Fuerzas Seguridad del Estado y se empieza a buscar a niños y niñas que han podido desaparecer. Es el mismo protocolo, pero adaptado a un centro de menores", insistió.

En este contexto añadió que, si hay alguna indicación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o del ámbito judicial que sugiera "cómo podemos agilizar esa búsqueda, no tenemos ningún problema en incorporarlo al protocolo que ya tenemos". "Pero, en principio, es el que podría seguir cualquier familia que tenga hijos o hijas a su cargo", manifestó.

No lo ve igual el PP de la Comunitat Valenciana, que ha pedido la comparecencia urgente en Les Corts de la vicepresidenta del Consell y responsable del área de menores por este caso. "Ya no se trata de un caso aislado, son demasiadas las noticias y hechos sobre la gestión del Consell en los centros de menores", según la portavoz adjunta del grupo en el Parlamento valenciano, Elena Bastidas. "Ha tenido que ser la madre de una de las niñas a la que se le retiró la tutela quien tomara cartas en el asunto para salvarlas. La falta de coordinación es clamorosa", añadió.