El Gobierno vuelve a toparse con Pablo Llarena, instructor de la causa del procés. El magistrado del Tribunal Supremo decidió mantener la malversación agravada y retirar la sedición del auto de procesamiento de Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat huido en Bélgica, una senda que podrían seguir el resto de jueces -la Fiscalía también mantiene la malversación en su castigo más alto- con las causas que se juzgarán en Cataluña de los mandos intermedios del Govern en aquellos años. Esto torpedearía los objetivos del acuerdo entre el Ejecutivo y ERC para cambiar el Código Penal. No obstante, Moncloa no pretende realizar ningún retoque más en este sentido y se resigna a dejar en manos de los tribunales el futuro de decenas de cargos independentistas implicados en el proceso soberanista. Todo pese a que está en juego no cumplir con su objetivo de cerrar del todo el capítulo judicial del procés.

Llarena comunicó su decisión el pasado jueves 12 de enero, el mismo día en el que entraba en vigor la supresión de la sedición -delito por el que fueron condenados nueve líderes independentistas que después fueron indultados por el Ejecutivo-, su cambio por el tipo penal de desórdenes públicos agravados y la reforma de la malversación, que se dividió en subtipos. El magistrado, con un auto muy crítico contra la modificación penal del Gobierno, contrarió las expectativas del Ejecutivo al no aplicar el nuevo delito y al mantener la malversación agravada, que podría desembocar en una pena de hasta 12 años de prisión y 20 de inhabilitación.

Esta última decisión ha sido apoyada por la Fiscalía, que esta semana ha lanzado su recurso al auto del magistrado. Pese a pedir que Pugidemont sí sea castigado por desórdenes públicos agravados, está de acuerdo con Llarena en mantener la malversación. El Ministerio Público plantea así un escenario en el que las penas podrían llegar a 17 años de cárcel para el expresident fugado en Bélgica. Asimismo, también la Abogacía del Estado se ha pronunciado y lo ha hecho para pedir al magistrado del Supremo la imputación del delito de desórdenes públicos agravados, aunque no se ha posicionado expresamente sobre el mantenimiento de la malversación agravada.

El criterio del Supremo y la Fiscalía dibuja un futuro judicial para Puigdemont que podría superar los diez años de cárcel

Sea como fuere, la decisión de Llarena y la pauta de la Fiscalía no solo complican el futuro judicial de Puigdemont, sino también de varios políticos independentistas que ocupaban cargos intermedios de la administración catalana en 2017. Pensando en ellos, ERC forzó la reforma de la malversación. Esto fue admitido por importantes personalidades del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados en una reunión que celebraron a puerta cerrada en diciembre, según fuentes presentes en el encuentro. A nadie se le escapa lo delicado que puede ser un torrente de condenas que reactive el movimiento independentista -actualmente dividido- en pleno año electoral.

Eso sí, el Gobierno cree que ha cumplido con su palabra y no se plantea dar más pasos en este sentido. Así lo confirman fuentes de Moncloa. El Ejecutivo, por tanto, cree que es hora de dejar trabajar a los jueces, que en los próximos meses deberán aterrizar cómo afecta finalmente la reforma de la malversación y si se cumplen las pretensiones de ERC, en una situación delicada, ya que tendrá que demostrar que su apuesta por el diálogo -contraria al enfrentamiento constante que propone Junts- da frutos.

El Ejecutivo aprovecha la decisión de Llarena

A su vez, Moncloa piensa aprovechar el auto de Llarena para desmontar las acusaciones lanzadas por el Partido Popular y Vox, que defienden que los hechos ocurridos en 2017 se han despenalizado. "Esos hechos eran delito con el Código Penal anterior y son delito tras la reforma", defienden desde el palacio presidencial. Asimismo, añaden que "con la europeización del Código Penal y la superación de un delito arcaido como la sedición, las probabilidades de éxito de las euroórdenes han aumentado exponencialmente". "Estamos más cerca de ver cómo los fugados rinden cuentas ante la Justicia española", sentencian.

Este argumento fue repetido por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, el pasado martes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, señaló que "se puede concluir que los hechos son constitutivos de delito y no se han despenalizado". "Hoy parece más viable que antes que se puedan producir ese regreso a nuestro país para comparecer ante la Justicia", concluyó.