La Comunidad de Madrid ha informado que otorgará a los ayuntamientos de la región la posibilidad de construir vivienda pública en suelo dotacional en desuso -espacio o parcela del área municipal reservado para usos y servicios públicos- para su posterior alquiler sin la obligatoriedad de realizar previamente una modificación del planeamiento urbano local.
Así lo ha anunciado la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, durante su participación en un encuentro organizado por la asociación Women In Real Estate Spain (WIRES), y donde ha destacado que esta novedad normativa, incluida en la Ley Ómnibus, el Gobierno madrileño ha cumplido un compromiso al generar una reforma legislativa para "ampliar espacios de libertad", mejorar la eficiencia tanto en lo autonómico como local y "garantizar un marco regulatorio favorable al emprendimiento".
"Ahora depende de los operadores públicos y privados aprovechar las herramientas y oportunidades que ofrece", ha añadido. Esta norma permite a los consistorios con terrenos públicos sin usar, actuar sobre ellos. La Comunidad de Madrid espera que esta medida ayude a combatir el éxodo de la juventud de los pequeños municipios.
En cuanto a la seguridad jurídica, Martín ha expuesto que se dota de ella a los expedientes evitando anulaciones como la operación Mahou Calderón o Santiago Bernabéu. Lo que implica que empresas y promotores tendrán mayores oportunidades de acceder a más suelos, facilita que las empresas hagan viables operaciones en suelo urbano aprovechando excedentes.
"Esta ley también supone más colaboración público-privada entre ayuntamientos y entidades urbanísticas para la gestión de licencias y declaraciones responsables. Lo que reducirá las demoras que lastran el desarrollo económico", ha señalado la consejera.
En cuanto a la materialización de la normativa, Martín deja en manos de los ayuntamientos este punto. Y ha explicado que el Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, informará a los 179 consistorios de la región sobre las nuevas posibilidades que ofrece la Ley Ómnibus, fundamentalmente en ahorro de tiempo y recursos humanos.
Desde el Gobierno regional, han destacado que esta nueva normativa también dota a los municipios con más de 15.000 habitantes de mayores competencias para la aprobación de modificaciones o correcciones a su planeamiento (que hasta ahora requerían modificación del Plan General).
"Esta medida supone una reducción de seis meses en los plazos de tramitación, agilizando la implantación de actividades, desarrollos urbanos e inversiones", ha indicado Martín.
La Asamblea regional aprobó el pasado mes de diciembre la Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la Administración. El texto tiene por objeto la modificación de 50 normas que refuerzan tanto la seguridad jurídica como la agilidad y eficacia de los organismos públicos.
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