Arranca un año judicial que afecta a tres partidos y marcado por las urnas

Dos juicios relacionados con presuntas tramas de corrupción comienzan este lunes tras años de instrucción y dan inicio así a un año intenso en el que la actividad en los tribunales se cruzará con la doble convocatoria electoral de mayo a nivel municipal y autonómico. Sendas piezas del caso Gürtel y de Imelsa-Ciegsa sientan respectivamente en los banquillos de la Audiencia Nacional al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y de la Audiencia de Valencia al expresidente de la Diputación Alfonso Rus, ambos del PP. Mientras, el Botànic también afronta varias investigaciones en los juzgados (casos Azud, Oltra y Francis Puig) a la espera de la sentencia del caso Alquería contra otro expresidente provincial, en este caso Jorge Rodríguez, ex del PSPV.

Gürtel

El primero de los juicios que comienzan esta jornada tiene que ver con una de las seis piezas en las que se dividió la rama valenciana del caso Gürtel, que se remonta a hace 15 años. En total se juzgará a 27 personas hasta finales de mayo por un presunto trato de favor al cabecilla de la red, Francisco Correa, por varios contratos que le fueron adjudicados por la Generalitat entre 2004 y 2009 que suman 1,8 millones de euros. Junto al expresidente Camps, que ya fue absuelto hace una década por un jurado popular en el caso de los trajes, se sentarán en el banquillo algunos de sus consellers, como Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera.

Imelsa-Ciegsa

Por su parte, la Audiencia Provincial de Valencia inicia también hoy las sesiones del juicio del llamado caso Imelsa-Ciegsa, una de las 12 piezas separadas del caso Taula que aborda la existencia de presuntos zombies, es decir, personas que cobraban de ambas empresas públicas sin ir a trabajar o sin desempeñar las funciones para las que supuestamente fueron contratadas entre 2004 y 2014. Junto al expresidente Alfonso Rus se sentarán en el banquillo junto a otros dirigentes como el ex subdelegado del Gobierno Rafael Rubio (que era diputado provincial del PSPV). Entre los acusados también está el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado yonki del dinero, cuya defensa estudia pedir cambios por la reforma de la malversación en el escrito de acusación formulado por la Fiscalía que podría significar una menor condena.

Erial

Otro expresidente de la Generalitat, en este caso Eduardo Zaplana, se enfrenta a la fase final de la instrucción del caso Erial, en el que se investiga el presunto cobro de comisiones de la concesión de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y del Plan Eólico Valenciano a comienzos de los años 2000. El juicio podría desarrollarse entre finales de 2023 y comienzos de 2024. El importe total del dinero desviado superaría los 20 millones de euros, según los investigadores.

Problemas también para el Botànic

Sin embargo, los casos judiciales no tienen que ver solo con el pasado, sino que también afectan a la gestión actual de los grupos de izquierdas. La mayor parte se encuentran en fase de instrucción, como el caso Azud (que también salpica al PP pero que ha destapado una presunta financiación irregular del PSPV en tiempos de Zapatero), la investigación a la exvicepresidenta Mónica Oltra por la gestión desde su conselleria de los abusos sexuales a una menor tutelada por los que fue condenado su exmarido, o la polémica concesión de ayudas públicas a empresas relacionadas con Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, entre ellas para el fomento del uso del valenciano, y que sumarían 2 millones de euros.

Alquería

El primero de los casos de presunta corrupción ya juzgado es Alquería, que sentó a finales de 2022 en el banquillo al expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y que está visto para sentencia. En él, el actual alcalde de Ontinyent, que abandonó el PSPV y creó un partido local, se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel de la Fiscalía, que lo acusa de colocar a directivos afines al PSPV-PSOE en Divalterra (antigua Imelsa), disuelta tras hacerse público el escándalo.

Azud

Azud es, sin duda, la principal investigación actualmente en fase de instrucción en los juzgados valencianos, tanto por el volumen de imputados, que supera los 60, como por lo dilatado en el tiempo de los delitos investigados, que se desarrollaron entre 1999 y 2013. Al margen de la mencionada financiación irregular de los socialistas a través de operaciones urbanísticas y relacionadas con el agua, se investigan mordidas derivadas de distintos proyectos. Los investigadores apuntan a posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal.

Este caso ha puesto contra las cuerdas a pocos meses de las elecciones al PSPV de Ximo Puig, que se niega a abrir una comisión de investigación en Les Corts mientras no se levante totalmente el secreto de sumario, con el respaldo de sus socios de Compromís y Unides Podem.

Francis Puig

Otro caso que también afecta al jefe del Consell tiene que ver con la concesión de ayudas públicas a su hermano. Tras la declaración en el juzgado de Francis Puig en mayo del año pasado, Anticorrupción solicitó en julio ampliar seis meses más la investigación. Mientras, la defensa anunció que aportaría más documentación y facturas para intentar desmontar la acusación de fraude de subvenciones que han formulado el PP y la Fiscalía. Todo ello mientras la Intervención de la Generalitat elabora un nuevo informe clave.

Oltra

Por otro lado, la investigación a Mónica Oltra también sigue abierta y ya se da por descartado que pueda exonerar a la vicepresidenta antes de las elecciones de mayo.