Los empresarios creen que el Constitucional tumbará el impuesto a las grandes fortunas y lo califican de "confiscatorio"

Los empresarios confían en que el Tribunal Constitucional (TC) acabará tumbando el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, un gravamen temporal a las riquezas de más de tres millones de euros que el Gobierno aprobó in extremis a finales del año pasado para tratar de contrarrestar la eliminación (en la práctica) del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía y la Comunidad de Madrid. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), el centro de estudios de la patronal CEOE, ha presentado este lunes un extenso informe, elaborado al alimón con seis catedráticos de derecho tributario y hacienda pública, en el que también denuncian el carácter supuestamente "confiscatorio" de esta medida.

Un tributo que, sostienen los especialistas consultados por el IEE, "destaca por su ineficiencia y escaso rigor técnico, y presenta graves problemas de constitucionalidad". Los empresarios rechazan que se imponga esta nueva figura en un país en el que la tributación patrimonial "ya es una de las mayores del mundo".

Los expertos que han colaborado con la patronal señalan que el tributo es inconstitucional tanto en la forma como en el fondo. En primer lugar, porque se aprobó como una enmienda a una proposición de ley cuyo contenido no fue público hasta el pasado noviembre. Según su razonamiento, estaríamos ante un fraude de ley, pues se limitó "de manera absoluta el debate, y, por tanto, la posibilidad de mejora del texto legal" al no permitirse que se presentaran enmiendas ni que se elaboraran los informes habituales en el procedimiento legislativo ordinario.

Los catedráticos que han elaborado el documento señalan también que el impuesto supone "una intromisión en las competencias normativas de las comunidades autónomas". En este sentido, arguyen que el tributo tendría que haberse aprobado a través de ley orgánica, pues lo consideran "un recargo al impuesto al patrimonio". Consideran que restringe la autonomía que tienen los gobiernos autonómicos para bajar impuestos "a la vez que la administración central se apropia de la recaudación", lo que se traduce en "un vaciamiento del Estado autonómico".

En cuanto al fondo, los expertos reclutados por el IEE señalan que el gravamen es inconstitucional porque va en contra de los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad. En primer lugar, porque existiría "doble imposición" al solaparse con el impuesto al patrimonio y también con el IRPF. Cuando se presentó este tributo, el Gobierno rechazó la existencia de doble imposición alegando que las cuotas que se pagan en patrimonio serán deducibles en el nuevo impuesto. Además, critican también que "agrava la sobreimposición sobre la propiedad inmobiliaria", pues se solapa con el IBI y la imputación de rentas inmobiliarias del IRPF.

Finalmente, los expertos señalan que la precipitada entrada en vigor del impuesto vulnera la seguridad jurídica de los alrededor de 10.000 contribuyentes que en principio tendrán que afrontar este gravamen. En este sentido, arguyen que el hecho de que el texto no se publicara hasta el 11 de noviembre perjudica a los contribuyentes. De haberlo sabido, estos podrían haber adaptado su planificación fiscal al nuevo impuesto, que, conviene recordar, se calcula sobre la base de la riqueza medida en 2022. Los catedráticos señalan que se trata de un caso de "retroactividad impropia", algo que ya han rechazado anteriormente varias sentencias del Tribunal Constitucional.

Andalucía y Madrid lo recurrirán

Aunque todavía no se ha planteado ningún recurso de inconstitucionalidad sobre este tributo, los gobiernos autonómicos de Madrid y Andalucía ya han anunciado su intención de hacerlo próximamente. En Madrid, la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, anunció que su gobierno presentará un recurso antes de que acabe enero. En él reclamará que la proposición de ley invade competencias autonómicas, es contrario a la seguridad jurídica y viola el principio de igualdad, al perjudicar "a unos ciudadanos más que a otros en función de su lugar de residencia".

La Junta de Andalucía (la otra autonomía que bonifica al 100% patrimonio) está preparando su propio recurso de inconstitucionalidad al impuesto, en el que solicitará al TC la suspensión cautelar del tributo. El gobierno que preside Juanma Moreno arguye que el impuesto "atenta contra la autonomía financiera de las comunidades, cercena el derecho de enmienda y se ha aprobado con una retroactividad no justificada". 

En caso de que el Constitucional optara por la anulación, el Estado se expone a tener que devolver lo recaudado más unos intereses. No obstante, el trámite de constitucionalidad podría tener un recorrido muy largo y prolongarse durante varios años, tal y como ha señalado Javier Martín Fernández, catedrático de derecho financiero en la UCM durante la presentación del trabajo.

Los impuestos al patrimonio neto son una anomalía relativa en Europa, que los ha ido abandonando con el paso de los años. En el Viejo Continente solo Noruega y Suiza aplican un tributo de diseño similar al que existe en España. Sin embargo, hay varios países del entorno de España que sí gravan el patrimonio en alguna de sus manifestaciones. Por ejemplo, Francia tiene un tributo específico para el patrimonio inmobiliario; Italia grava el patrimonio que tienen sus contribuyentes en el extranjero y Bélgica cuenta con un impuesto destinado a las cuentas de valores de más de un millón de euros. 

Más allá de su constitucionalidad o no, los impuestos especiales del Gobierno han recibido el visto bueno (con más o menos matices) de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su informe anual sobre la economía española, el FMI destacó que, en un contexto de precios altos de la energía, "la decisión de las autoridades de buscar ingresos adicionales para financiar las medidas de apoyo es bienvenida". Entre esas medidas se cita específicamente las subidas temporales de impuestos a la riqueza y la renta personal y empresarial, que afectan fundamentalmente a los hogares más ricos.