Reducir ministerios y viajes en Falcon, y cambios en el CIS y el CNI: los 60 puntos del PP contra el "nepotismo" de Sánchez

"Los españoles que en 1812 impulsaron 'la Pepa' querían lograr una España constitucional; los españoles de hoy queremos que no nos la arrebaten. Ese riesgo existe cuando desde el propio Gobierno se erosionan mediante el desprestigio deliberado o uso partidario instituciones claves y se sigue un guion que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas". 

Bajo esta premisa, el líder de la oposición ha lanzado su propuesta de Calidad Institucional, que recoge "60 medidas para mejorar la democracia y acabar con el nepotismo, la opacidad y la arbitrariedad" del Gobierno de Pedro Sánchez. Con algunas de ellas, busca revertir las leyes que ha aprobado el Gobierno en esta legislatura, como la del 'solo sí es sí' o la supresión de la sedición. Además, el texto incluye entre sus propuestas limitar por ley el número de ministerios y de los viajes del Falcon, el avión presidencial.

Con otras, el líder de la oposición trata de atajar históricos debates, como es el de cambiar el sistema de elección de jueces y magistrados con el fin de las puertas giratorias, el de los presidentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) -esta vez a cuenta de las acusaciones del PP por un supuesto asalto a estas instituciones- y permitir que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos.

Desde el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, lugar donde se promulgó la Constitución liberal de 1812, Alberto Núñez Feijóo ha advertido de que frente a la "erosión" de las instituciones fruto de la "deriva" de Sánchez, el PP viene para "rebelarse" y "demostrar" que la política del Gobierno "no es la única posible en España".

Y así lo ha dejado sellado, con su puño y letra, sobre el documento elaborado por su equipo. "Un gran país necesita instituciones a su altura. Aquí está mi compromiso para lograrlo y volver a ponerlas al servicio exclusivo del interés general. Este documento es un compromiso con España, pero también una herramienta contra la resignación", ha escrito el líder popular.

Cambios de leyes polémicas

El Partido Popular pide revertir las modificaciones del Código Penal que se aprobaron a finales del año pasado. Así, exige recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma del delito de malversación y recuperar el ilícito del referéndum ilegal, que se suprimió en 2005.

También, en la línea de las polémicas leyes que se se pusieron en marcha en 2022, Feijóo pide una "reforma urgente de la ley de garantía integral de la libertad sexual [comúnmente conocida como ley del 'sólo sí es sí'] para recuperar las penas a los agresores sexuales vigentes con anterioridad".

Que gobierne la lista más votada

Los populares también recuperan un histórico debate, que volvió a resurgir la semana pasada a raíz de la polémica en la Junta de Castilla y León, donde gobiernan en coalición PP y Vox. Feijóo propone "una reforma del artículo 180 de la ley electoral para garantizar que sea proclamado alcalde o alcaldesa quien haya recibido el mayor número de votos y asegurar la gobernabilidad de la lista más votada". 

Según los populares, esta reforma "garantizará que el gobierno local no tenga que someter al pleno asuntos de naturaleza gestora, lo que deberá complementarse de un estatuto de la oposición para que no se menoscabe la labor de control al ejecutivo local".

Control del presupuesto público

El Partido Popular ha formulado una serie de medidas dirigidas a controlar el presupuesto público. Para ello, pide evitar la celebración de actos partidistas en los viajes institucionales que hayan sido financiados con fondos públicos o en los que se utilicen recursos públicos de cualquier tipo, entre ellos, los vehículos para el desplazamiento. También propone "abrir un registro sobre el uso" del Airbus A310, el Falcon 900 y del helicóptero Súper Puma por parte de los miembros del Gobierno.

Asimismo, pide realizar una evaluación del sector público "que permita tomar conciencia de sus dimensiones y poder plantear una reordenación de la administración pública" y establecer "por ley" pautas para la configuración de gobiernos, "a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios, altos cargos y asesores".

Elección de presidentes al frente de instituciones

El líder de la oposición ha aprovechado dicho documento para incluir un cambio en el sistema de elección de los altos cargos públicos. Así, Alberto Núñez Feijóo busca impedir que puedan ser designados presidentes o directores de los organismos reguladores y autoridades independientes quienes hayan ocupado puestos políticos de representación o hayan sido nombrados miembros del Gobierno de la Nación o de las comunidades autónomas o hayan ostentado cargo orgánico en un partido político u organización sindical en los últimos cinco años.

También propone editar el artículo 10 de la ley que regula el CIS y cambiarlo para que al frente del organismo haya "un presidente que será nombrado entre catedráticos y profesionales de reconocido prestigio".

Respecto al CNI, plantea que su director no haya ocupado un cargo político en los cinco años previos a su nombramiento y el candidato acredite "competencia y experiencia en los ámbitos de seguridad, defensa, relaciones internacionales y/o inteligencia".

También se propone regular los supuestos de inelegibilidad de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional y aprobar cambios en el procedimiento de elección o designación de los magistrados. Y para el fiscal general del Estado, su "mandato será de cinco años" para que no esté vinculado al gobierno de turno, pues "se eliminará la causa de cese asociada al cese del Ejecutivo que lo hubiera propuesto". Con esto, se busca dotar a este puesto "de mayor apariencia de imparcialidad".

Garantizar la información

Con el fin de garantizar la transparencia, el líder de la oposición quiere cambios en los sistemas de información de instituciones públicas, así como en las obligaciones de los altos cargos.

Así, el PP pide que las encuestas de voto y valoración política del CIS "vuelvan a ser trimestrales y con muestras de 2.500 entrevistas", además de cuestionarios establecidos y que "se recupere" la "profesionalidad y transparencia de los datos, bajo la exclusiva prioridad de informar y no confundir a la ciudadanía", con especial atención a las encuestas electorales.

También se exige un régimen de información frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, a quien el primero informará como mínimo una vez durante cada periodo de sesiones acerca de la celebración de cumbres internacionales, las decisiones sustanciales en Política Exterior y Defensa, el Pacto Antiterrorista y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Además, se propone una regulación específica sobre la periodicidad anual del Debate sobre el estado de la Nación, "que dejará de ser una iniciativa discrecional del Gobierno".

También, "en aras de asegurar la independencia y la libertad de expresión en los medios públicos, así como de respetar el trabajo de los profesionales", el PP pide "promover las decisiones para recuperar la aplicación de estos principios tanto a RTVE como a la Agencia Efe".