El PP y los regantes irán a la Justicia contra el recorte del Gobierno al trasvase Tajo-Segura

La consumación del recorte al trasvase de agua del río Tajo al Segura ha desatado la indignación de los regantes que, al igual que ha anunciado el PP, defenderán la transferencia hídrica, llegado el caso, en los tribunales. Pese a la concentración convocada este martes a las puertas del Palacio de la Moncloa como protesta ante la aprobación de los planes hídricos del Gobierno, el Consejo de Ministros ha dado finalmente luz verde a los planes de cuenca para los 12 ríos que discurren por distintas comunidades, incluido el Tajo, para el que se fijará un caudal ecológico que disminuirá la cantidad de agua que, sobre todo a partir de 2025, puede trasvasarse al río Segura. Esto significará un recorte gradual del Tajo-Segura de entre 70 y 110 hectómetros cúbicos hasta el año 2027.

La Generalitat, por su parte, ve con "moderada satisfacción" los cambios que a su juicio ha introducido el Ministerio y que, en su opinión, permiten evaluar la situación tanto de la cuenca cedente (la del Tajo) como de la receptora (la del Segura) para fijar ese caudal ecológico en futuras negociaciones, aunque señala que, "llegado el caso" tampoco descarta medidas legales en los puntos que no se ajusten a su postura en defensa del trasvase.

La nueva planificación contempla un caudal ecológico mínimo de 7 hectómetros cúbicos (hm3) en 2023 y de hasta 8,65 hectómetros cúbicos en 2026 en el río Tajo, según informó ayer el Gobierno y en "el peor de los escenarios" la reducción máxima de agua trasvasable está entre 70 y 110 hectómetros cúbicos (alrededor de un 40% menos), que se compensarán con inversiones para lograr disponer de recursos adicionales con agua desalada, reutilizada y con la eficiencia del regadío, explicó la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Además, subrayó que estos recursos hídricos adicionales permitirán "como mínimo" 140 hm3 nuevos, es decir, un volumen "superior al agua que se dejaría de trasvasar como pérdida del caudal ecológico incluso en épocas de sequía".

La vicepresidenta reconoció al presidente valenciano, Ximo Puig, su voluntad para que estas inversiones sean "transparentes", "participadas", y que el Gobierno pueda demostrar cómo se van cumpliendo los distintos hitos de la planificación con los respectivos territorios.

Sin embargo, para los regantes y para el principal partido de la oposición, el recorte amenaza la supervivencia de la agricultura en tres provincias: Alicante (principalmente en la zona sur), Murcia y Almería. De hecho, el Gobierno murciano ya adelantó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para revertir la decisión "arbitraria, política y sectaria" tomada por el Gobierno central respecto al trasvase.

En esta misma línea, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, afirmó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Ximo Puig, los dos del PSOE, "destrozan el presente y el futuro de miles de familias al recortar el trasvase Tajo-Segura solo por un capricho ideológico". En su opinión, se trata de "una barbaridad" y es "la peor política, de la peor calaña, sin ningún rigor y sin ninguna justificación". Además, se mostró "totalmente en contra de esta decisión de Sánchez que ha contado con el silencio cómplice de Puig, que se abstuvo en el Consejo Nacional del Agua". Según añadió, "nadie del PSPV ni del Consell está legitimado para hablar hoy, porque ellos han contribuido por acción u omisión a la situación tan preocupante que nos encontramos". Mazón cifró en 15.000 los puestos de trabajo amenazados y en unos 6.000 millones en pérdidas el impacto en la agricultura, por lo que avanzó que la Diputación de Alicante defenderá "en los tribunales y en la calle" el trasvase.

El presidente del Sindicato de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, anunció que los regantes también denunciarán en el Tribunal Supremo el recorte el recorte de la transferencia hídrica al sur de la Comunitat Valenciana por "la visceralidad de Ribera". De hecho, medio millar de personas se han manifestado este martes frente al Palacio de la Moncloa mientras se aprobaban los planes de cuenca en un último intento para tratar de frenar una planificación que consideran lesiva para las tres provincias afectadas porque reducirá en más de 100 hectómetros cúbicos la capacidad de riego en la huerta de Europa. "No vamos a parar. Ya estamos preparando un recurso contenciosos administrativo (para elevar el Tribual Supremo) porque no nos vale nada que no sea dejar las cosas como están", explicó Jiménez.

A cuatro meses de las urnas

El mazazo para el sur de Alicante llega a cuatro meses de las elecciones autonómicas y pone en aprietos al Consell de Ximo Puig que, si bien ha intentado mantener una actitud reivindicativa, no ha logrado arrancar un blindaje para la transferencia hídrica de la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de su mismo partido, el PSOE. Alicante es, además, la provincia que puede hacer decantar la cita electoral de mayo a la luz de la igualdad que auguran las encuestas, ya que el PP ha obtenido allí mejores resultados en las últimas convocatorias.

El agua desalada, ¿alternativa viable o coste inasumible?

Una de las claves de la planificación hídrica pasa por ir sustituyendo parte del trasvase Tajo-Segura por agua desalada producida en la cuenca del Segura, para lo que el Gobierno apuesta por inversiones graduales. Sin embargo, para los agricultores no es una alternativa "ni por cantidad, ni por calidad, ni por coste económico ni por impacto ambiental". Según el presidente de Asaja-Alicante, José Vicente Andreu, es un 500% más contaminante, "sin contar el daño a las costas derivado del vertido de salmuera".