Las reacciones a la confirmación por parte del Gobierno central al recorte del trasvase Tajo-Segura el pasado martes en el Consejo de Ministros no se han hecho esperar en las comunidades afectadas. La primera en anunciar que recurrirá la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica ante el Tribunal Supremo (TS) fue Murcia, cuyo presidente, Fernando López Miras (PP), aseguró el martes que no le van a "silenciar".
Y este mismo miércoles se ha sumado a esta decisión Andalucía, que ha confirmado que también elevará ante el TS una petición sobre la decisión del Ejecutivo central, algo en lo que ya están trabajando los servicios jurídicos de la Junta, según explicó la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo. "Es un atropello del Estado que no tiene precedentes", lamentó la consejera, quien afirmó que "nos parece un problema gravísimo para el futuro con mayúsculas, una decisión injusta, un atropello a los intereses de los levantinos de Valencia, Murcia y Andalucía".
Crespo achacó el recorte aprobado a un "pacto contra natura" y a un posicionamiento "ideológico", e incidió en que los trasvases son "la demostración de la solidaridad de España entre regiones" para que "lo que sobra en unos territorios venga a otros" en los que los recursos hídricos puedan transformarse "en productos" y dar "abastecimiento" a la población.
También el portavoz de la Junta y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho un llamamiento al Gobierno central para que "recapacite" en este asunto y para que "entre todos" se alcance un acuerdo que aporte "soluciones" a las "muchísimas familias que de la noche a la mañana se han visto en una situación de indefensión" como consecuencia de esta medida. Es, reiteró, una situación "injusta y unilateral", y "no solo" lo dice el Gobierno andaluz del PP-A, señaló, sino que "lo dicen también los socialistas de Murcia y los socialistas valencianos".
Precisamente, el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha dado ya instrucción también a la Abogacía de la Generalitat para que analice el real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez de cara a un posible recurso por la vía judicial. "Todo lo que sea lesivo para los intereses de la Comunitat Valenciana lo vamos a recurrir", dijo Puig, que también anunció una ayuda autonómica para abaratar el precio del metro cúbico de agua desalada tras eliminar el Gobierno central sus descuentos.
Por su parte, el presidente de Castilla La Macha, Emiliano García-Page, partidario del recorte del trasvase, defendió que, aunque "no va a discutir nunca" que el Levante "necesita mucho agua", si su comunidad tuviera salida al mar "intentaría aprovechar" el recurso de la desalación "lo máximo posible".
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