Vuelvo a la carga una vez más con lo mismo, pero temo que acabemos conformándonos con la anomalía en vez de seguir exigiendo lo normal, lo sano, lo justo. La vivienda principal no debería nunca haberse considerado un bien de consumo porque es un derecho constitucional, y no deberíamos renunciar a la Carta Magna como ariete para derribar de una vez este folklore especulativo que caracteriza al urbanismo de nuestra región, Madrid.
A nadie le entraría en la cabeza monetizar la libertad de expresión convirtiéndola en un servicio de lujo. Por ejemplo, creando una especie de licencia exclusiva destinada a ciudadanos con cierto desahogo económico y condenando al resto a morderse la lengua constantemente. Es eso exactamente lo que estamos normalizando con otro derecho constitucional como el acceso a una vivienda digna.
La rutina de alguien que busca una casa para alquilar como vivienda habitual se parece a un juego de mesa en el que tiras los dados y vas avanzando por casillas que deciden si tu travesía arrendaticia será razonablemente tolerable o un auténtico calvario.
En la primera deberás desengañarte acerca de la posibilidad de que alguna de las administraciones te provea de una vivienda digna a un precio proporcionado a tus ingresos, al menos en la Comunidad de Madrid. En la segunda casilla tendrás que hacer de tripas corazón porque detrás de la inmensa mayoría de los anuncios se encuentra una de esas inmobiliarias intermediarias oportunistas con las que nunca querríamos tratar, sobre todo por las insalvables comisiones de un servicio que ni has pedido ni recibirás.
En la tercera te resultará muy incómodo y chocante ir a ver un piso y tener que enfrentarte a un casting. Para alquilar una casa ahora no solo tienes que demostrar tu solvencia, sino que tu vida personal se pone bajo la lupa. En la cuarta, si resultas ser el elegido, habrás de digerir el desembolso que vas a tener que hacer para poder alquilar esa casa: en un alquiler de 900€ puede llegar a ser de cinco veces esa cantidad entre la fianza, los dos meses de garantía adicional, el mes de agencia y el mes corriente.
¿Cómo podría transformarse esta rutina bajo una Ley de Vivienda como la que está tratando de sacar adelante el Gobierno y, en particular, Podemos?
La primera casilla no conduciría irremediablemente a un desengaño. Esta ley apuesta por generar un parque público de vivienda en alquiler con rentas adaptadas a los ingresos de cada inquilino. Esto ya existe, pero el número de viviendas es tan pequeño que no cubre las necesidades. Y aumentarlo no es ninguna utopía: los parques públicos de vivienda en alquiler no tienen por qué ser rentables, como tampoco lo son los hospitales públicos.
Esta ley apuesta por generar un parque público de vivienda en alquiler con rentas adaptadas a los ingresos de cada inquilino
La segunda y la tercera casilla podrían ser anécdotas. Solo en Madrid hay más de 200.000 viviendas que permanecen continua y deliberadamente vacías, y el número de pisos actualmente en alquiler en Madrid es de medio millón. La salida al mercado de vivienda paliaría el problema de oferta. ¿Y cómo se moviliza la vivienda vacía? Creando un impuesto autonómico que desincentive la especulación inmobiliaria de bancos, fondos de inversión y grandes empresas patrimoniales.
La recaudación de ese impuesto se destinaría a invertir en el parque público de vivienda. Los fondos, cuyo objetivo es el de ganar mucho dinero muy rápido, lo alcanzan porque compran lotes a precio inferior al de mercado, lo que les asegura grandes márgenes de ganancia. Eso mismo podrían hacer las administraciones a través del derecho de tanteo y retracto, que ya ejercen ciudades como Barcelona o regiones como Valencia.
¿Y la cuarta casilla? Es necesario ofrecer tanto a caseros como a inquilinos un recurso público ágil que permita fiscalizar los contratos para evitar cláusulas abusivas, cobros indebidos y situaciones de indefensión frente a malas prácticas comerciales, puesto que los trámites necesarios para arrendar una vivienda son relativamente sencillos y asequibles.
La Ley de Vivienda tiene que aprobarse y tiene que servir para cambiar las reglas del juego. La vivienda debe morir como concepto meramente mercantil y pasar a hacer honor al espíritu del principio constitucional que la contempla. No hay otro camino para acabar con la lacra de la emergencia habitacional y las dificultades de los jóvenes para independizarse.
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