El PP y Vox han vuelto a votar este jueves en el mismo sentido en la Asamblea de Madrid. Esta coincidencia no sería noticia hace unos meses, cuando ambos partidos sacaban juntos todas las iniciativas, pero después de la negociación fallida del proyecto de Presupuestos de 2023 que protagonizaron ambas formaciones el pasado diciembre, la entente entre ambos grupos ha sido uno de los principales hitos del primer pleno del año en la Cámara regional.
Dos cuestiones han sido las que han acercado al grupo de Rocío Monasterio con los 'populares': el último paquete de rebajas fiscales y la reforma que pretende ahondar en la independencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ambas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo regional. En el primer caso, la portavoz de Vox ha afirmado que su respaldo al PP para rechazar las enmiendas a la totalidad registradas por la izquierda, se enmarca en el hecho de que están a favor de las rebajas de impuestos, aunque para su gusto el Ejecutivo aún debería ir más allá de lo que va. En el segundo, el texto legislativo aprobado, que ahora se remite al Congreso porque implica la reforma de una ley orgánica, contiene aportaciones del partido de los de Santiago Abascal que se han hecho en comisión, de ahí que haya contribuido a que prosperara.
Monasterio, no obstante, ha dado a entender que este entendimiento con los 'populares' es puntual. La portavoz de Vox ha reiterado que irá negociando con el PP cada una de las iniciativas que lleguen a la Cámara. "Partido a partido", ha resumido parafraseando al Cholo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid. No serán pocas las veces que tendrán que sentarse los otrora socios preferentes: los populares quieren aprobar hasta 15 leyes en los siete plenos que restan de aquí al final de la legislatura, que en la Asamblea se agotará a principios de abril.
En cuanto al paquete fiscal que ha salvado este jueves las enmiendas a la totalidad de los grupos de izquierda y que, por consiguiente, sigue tramitándose, contiene media docena de nuevas bonificaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para diferentes grupos de población.
Hay dos deducciones que afectan al cuidado de personas mayores o con discapacidad. En concreto, se prevé implantar una bonificación de 500 euros por el cuidado de ascendientes mayores de 65 años o con discapacidad que convivan con el contribuyente y otra que incluye un descuento del 25% en las cuotas a la Seguridad Social por la contratación de cuidadores para personas mayores dependientes y personas con discapacidad.
Se contemplan también medidas para estudiantes, con la ampliación del porcentaje de la actual deducción de los gastos de enseñanza de idiomas, que pasará del 10 al 15%, y un nueva bonificación del 100% por el pago de los intereses de préstamos para cursar estudios superiores, siempre que sean títulos oficiales.
Además, se plantea una deducción por gastos derivados del arrendamiento del inmueble, en la cuantía del 10% de las cantidades satisfechas en concepto de conservación y reparación, formalización de contratos, primas de seguros por daños e impagos, y obtención de certificados de eficiencia energética. Y un último punto del nuevo paquete fiscal es la ampliación de la deducción por inversión en la adquisición de acciones y participaciones en nuevas sociedades mercantiles o de reciente creación hasta un 40%, con el objetivo de "estimular el emprendimiento y potenciar el crecimiento empresarial", según el Ejecutivo. "Consideramos que podrán beneficiarse de estas rebajas fiscales más de 677.000 personas, lo que supondría un ahorro para sus bolsillos de 92 millones", ha dicho Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo.
La otra iniciativa del Gobierno regional que ha encontrado el respaldo de Vox ha sido la proposición de ley para modificar la ley del Poder Judicial y la ley de Demarcación y Planta Judicial, dos cambios que, según presumen desde la Puerta del Sol, "refuerza" la independencia judicial. La reforma tiene como objetivo eliminar la potestad de la Asamblea para el nombramiento de una de cada tres plazas de magistrado en las Salas de lo Civil y Penal del TSJM que hasta la fecha ostentaba. Tras su aprobación, la Cámara regional la remite ahora a la Mesa del Congreso de los Diputados para su tramitación porque, de aprobarse, sus efectos se extenderán al resto de comunidades autónomas.
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