Más allá del Código Penal, hay otras medidas que el Ministerio de Igualdad negocia con el ala socialista del Ejecutivo dentro de las conversaciones en torno a la reforma de la ley del 'solo sí es sí'. El departamento dirigido por Irene Montero planteó el lunes un decálogo de iniciativas para proteger y ayudar a las víctimas, a impulsar en paralelo a la implantación de la norma.
Pese a que la prioridad ahora es encontrar un punto de acuerdo sobre cómo deben modificarse las penas a agresores sexuales, Igualdad pretende aprobar un paquete de medidas centradas en la especialización judicial, la formación en violencias sexuales y el incremento de efectivos para la protección de las mujeres. El objetivo, sostiene el ministerio, es auspiciar la "correcta aplicación" de una de las leyes estrella de Montero.
"Es una de las mayores insistencias de Igualdad", destacan fuentes de Igualdad a 20minutos. De hecho, este decálogo de iniciativas fue la primera propuesta que el ala morada del Gobierno puso sobre la mesa cuando el PSOE decidió reformar la ley de libertad sexual a raíz de las revisiones de condenas a agresores sexuales. Igualdad nunca quiso tocar la propuesta penal de la norma, por lo que inicialmente ofreció ampliar los recursos disponibles para las víctimas.
Recuerdan en el entorno de Irene Montero que es "lo mismo" que hizo el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cuando los jueces "paralizaron la ley" de violencia de género aprobada en 2004. "Se presentaron casi 200 cuestiones de inconstitucionalidad por parte de distintos juzgados, que hicieron que muchas mujeres tuvieran que esperar años para ver que sus casos se resolvieran, se incrementaron en un 158% los sobreseimientos, e hizo que se plantease un debate en el ámbito jurídico sobre si esa ley era o no constitucional", señaló la semana pasada la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. Fue entonces cuando los socialistas decidieron desarrollar una lista de medidas para implementar la ley.
Un plan de medidas "urgentes" para las víctimas
Y en esa línea va el plan propuesto por Irene Montero, que aspira a impulsar una serie de recursos y medidas para seguir desarrollando la ley, las cuales se irían aprobando bien mediante reformas normativas o elevándolas al Consejo de Ministros.
Así, el Ministerio de Igualdad sugiere, en primer lugar, dotar de más herramientas a los trabajadores del sistema judicial. Para ello, pretenden "duplicar" los juzgados exclusivos de violencias contra la mujer, así como reforzar con "trabajadoras adicionales por cada juzgado", tanto en los mixtos como en los dedicados de forma única. En esa línea proponen igualmente doblar los efectivos de la Fiscalía para garantizar la asistencia jurídica gratuita para las víctimas de delitos sexuales.
Otra de las medidas consiste en reforzar las unidades de valoración forense integral. Estas deberán asegurar que cuentan, por lo menos, con un médico forense, un psicólogo y un trabajador social "para garantizar la especialización de los equipos técnicos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio de Justicia". Esto, destaca Igualdad, garantizaría lo establecido en el artículo 48 de la ley del 'solo sí es sí', el cual mandata "asegurar" la recogida de muestras biológicas y otras evidencias para demostrar la agresión sexual.
Formación, atención y ayudas
Más allá del ámbito judicial, el plan prevé impulsar la formación especializada para el personal público. En concreto, plantea impulsar una serie de medidas de formación especializada, "obligatoria, inicial y continuada", de los profesionales que están en contacto "directo e indirecto" con las víctimas y supervivientes de todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos niños y adolescentes (operadores jurídicos, servicios sociales, sanitarios, penitenciarios, educación, etc.).
Además, según ya ha ido manifestando el departamento de Montero en varias ocasiones, piden ampliar el servicio telefónico de tención y protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) para incluir también a las víctimas de violencias sexuales. Se haría, detalla el decálogo, firmando un nuevo convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Respecto a la reparación, y también acorde a lo que establece la ley del 'sí es sí', el paquete incluye la implementación de una ayuda económica para mujeres víctimas de violencias sexuales equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, "siempre y cuando carecieran de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional".
Incrementar en un 50% los policías especializados
Con el mismo objetivo de aumentar la protección de las víctimas y asegurar que se las atiende correctamente y con los recursos suficientes, Igualdad propone incrementar en un 50% el número de efectivos en las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad que atienden violencias sexuales, "básicamente UFAM y EMUME".
En cuanto a la atención, pretenden establecer un turno de "psicólogos de urgencia" y reforzar la presencia de estos profesionales en todas las provincias "para la ampliación en el Sistema Público de Salud de la atención sanitaria psicológica y psiquiátrica". Quieren, de igual manera, poner en marcha un turno de psicólogos de urgencias que acompañe a cada denuncia que se ponga contra un agresor sexual.
El decálogo establece la creación de centros de crisis 24 horas en cada una de las provincias del país, para proporcionar información y atención a las víctimas, en todo momento, y en aquellos lugares donde concurren "circunstancias específicas", como podrían ser los espacios de ocio juvenil, de ocio nocturno, entornos rurales. Y, por último, en ese marco, sugieren implantar Puntos violeta (recursos de información y atención temprana) también en las administraciones públicas, universidades y espacios formativos, espacios de ocio juvenil o de tránsito de pasajeros, para "prevenir y a detectar precozmente las violencias sexuales".
Sin avances en la negociación
Con todo, los focos se centran ahora en el Código Penal de la ley, cuya modificación está generando escollos entre los socios de Gobierno. El problema es que el PSOE quiere volver a introducir la violencia y la intimidación para computar condenas más altas. Sin embargo, para Unidas Podemos, optar por esa vía supone "volver al modelo anterior", socavar el alma de la ley (el consentimiento) y someter a las víctimas a un "calvario probatorio".
Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, los socialistas han decidido posponer unos días la presentación de la proposición de ley en la que se contemplaba su fórmula para reformar la norma. Apuran así el plazo para negociar con los morados e intentar cerrar un texto definitivo, pero con la vista puesta en impulsar una reforma a principios de la semana que viene, con o sin Unidas Podemos.
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