La punta del iceberg: el antiguo hospital de Defensa en Chamberí

Situado entre las calles de Hilarión Eslava, Donoso Cortés, Isaac Peral y Joaquín María López, el que en su día fuera hospital del ejército del Aire (Hospital del Generalísimo Franco), cerrado en la etapa como ministro de Defensa de Federico Trillo-Figueroa, concretamente el 3 de abril de 2001, es un edificio protegido patrimonialmente por el Ayuntamiento de Madrid con nivel 3 grado parcial.

Siendo ministro de Defensa don José Bono, en 2005 se solicitó la recalificación, que el Ayuntamiento autorizó, advirtiendo que en ningún caso serían viviendas, tal como puntualizó en su momento el vicealcalde Cobo.

Está vacío en su mayor parte, con una edificabilidad consolidada por acuerdo con el municipio de Madrid de 41.074 metros cuadrados, de los cuales tiene autorización para aparcamiento bajo rasante en cuatro plantas por encima de 17.000 metros cuadrados para albergar más de medio millar de vehículos, en una zona con grandes dificultades de aparcamiento. Todo esto "gestionado" por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

"Sigue siendo sorprendente que este edificio de propiedad pública, concretamente del Ministerio de Defensa, esté tan desaprovechado"

Inicialmente el Ministerio de Defensa planteó la posibilidad de vender el edificio, que impidieron sucesivamente los alcaldes señores Álvarez del Manzano y Ruiz Gallardón, este último en su estrategia de traslado de la Alcaldía desde la plaza de la Villa al Palacio de Cibeles.

La Comunidad de Madrid pudo comprarlo para descongestionar el Hospital Clínico de San Carlos, situado a escasa distancia, pero esa posibilidad tampoco se llevó a término y sorprendentemente dicha institución construyó, durante la pandemia de covid-19, el cuestionado hospital de 'emergencias' Enfermera Isabel Zendal, pudiendo haber recuperado, en caso de ser necesario, una magnífica oportunidad de racionalizar ese espacio público.

Sigue siendo sorprendente que este edificio de propiedad pública, concretamente del Ministerio de Defensa, esté tan desaprovechado teniendo en cuenta su posición central y la falta de recursos públicos en el distrito de Chamberí. Buena prueba de ello es la oposición de los alcaldes de Madrid señores Álvarez del Manzano y Ruiz Gallardón a su aprovechamiento privado.

Indigna ver el despilfarro que supone tener esas instalaciones sin uso, sobre todo sabiendo que, desde abril de 2010, mediante un Plan Especial (figura urbanística) el Ayuntamiento de Madrid autoriza el cambio de usos para transformarse en oficinas y residencia para personal del Ejército. 

"Indigna ver el despilfarro que supone tener esas instalaciones sin uso"

El acuerdo suponía un incremento de edificabilidad del 20%, aunque el municipio recibía como contrapartida una parcela cercana (patio interior de manzanas con entrada por Hilarión Eslava entre los números 39 y 41) en la que desarrollar un aparcamiento para residentes, con una zona verde en su superficie en un espacio muy consolidado y, por tanto, sin muchas posibilidades de generar espacios públicos abiertos. Finalmente, el INVIED lo materializó como un aparcamiento privado, sin que el Ayuntamiento con las alcaldesas señoras Botella y Carmena, hicieran ni un solo movimiento para evitarlo.

Entre tanto, la Administración sigue ocupando espacios de alquiler. ¿Una estrategia sin control político?

En el municipio de Madrid existen, aproximadamente, 18 millones de metros cuadrados de oficinas, de los cuales la mitad están dentro de la M-30 y la otra mitad fuera de la misma. Las actividades privadas tienen algo menos de 7 millones de metros cuadrados dentro de la M-30 y 7,5 millones fuera, es decir, tienen menos superficie central que periférica. 

Resulta paradójico que las Administraciones públicas, de un total de 3,5 millones de metros cuadrados, es decir casi el 20% del total disponible, dentro de la M-30 tengan en torno a 3 millones y 0,5 millones en la periferia; mientras la iniciativa privada tiene casi equilibrada la proporción entre ambos espacios, centro y periferia. No se entiende por qué la Administración central localiza en el centro más del 85% de sus servicios.

"No se entiende por qué la Administración central localiza en el centro más del 85% de sus servicios"

La última operación de alquiler, y también la segunda más grande, es la que cerró el Estado central en el número 15 de Mateo Inurria, la antigua sede del desaparecido Diario Ya y más recientemente central de Barclays en Madrid, para el Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Concretamente, ha arrendado 17.480 metros cuadrados. Asimismo, el Estado central cerró un acuerdo para alquilar unos 14.400 metros cuadrados en el número 2 de Manuel Cortina, para la Dirección General de la Función Pública (DGFP).

Simplemente estas dos actividades suman 31.880 metros cuadrados de alquiler, que podrían ser albergados sin ningún problema en el edificio del antiguo hospital de defensa en el Distrito de Chamberí.

Habría que preguntarse si hay algún responsable político que se ocupa de gestionar adecuadamente estos recursos. La contestación es clarísima: seguro que sí. Pero, en el fondo, estas gestiones llegan a la mesa de la mayoría de los responsables políticos como una cosa hecha y sin importancia, lo cual no les exime de responsabilidad, o ¿es que la ministra de Defensa no sabe que tiene 'ociosos' esos miles de metros en un edificio de un gran valor que de cualquier forma hay que conservar? De igual modo, el IGAE, así como la DGFP, dependen del Ministerio de Hacienda y su máxima dirigente alguna responsabilidad tendrá.

No parece muy acertado que algunos ministerios tengan patrimonio propio, aunque es absolutamente increíble lo de Defensa, que en su patrimonio tiene como beneficiarios exclusivos a los militares o personal civil de dicho Ministerio. ¿Cómo es permisible que a estas alturas se pueda mantener esta situación?

Es necesario reforzar las políticas públicas, pero para ello se hace imprescindible que los responsables políticos tomen conciencia de que la gestión empieza por usar adecuadamente los recursos y el patrimonio público.

En algún momento, la Administración central del Estado debe gestionar el conjunto del patrimonio de las diferentes Administraciones del Estado central, con un nivel de coherencia propio de un Estado moderno y democrático.