El PSOE acusa a Podemos de desenfocar el debate del 'sí es sí' y pide a Irene Montero llevarlo al terreno de las penas

El presidente Pedro Sánchez, junto a las ministras Ione Belarra e Irene Montero.
El presidente Pedro Sánchez, junto a las ministras Ione Belarra e Irene Montero.
EFE
El presidente Pedro Sánchez, junto a las ministras Ione Belarra e Irene Montero.

La resistencia del Ministerio de Igualdad, el buque insignia de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, empieza a mostrar signos de desgaste. La titular de la cartera, Irene Montero, dijo por primera vez este sábado que está dispuesta a ceder en la negociación para reformar la polémica 'ley de solo sí es sí'.

Este sábado, Montero ha intervenido en un acto preelectoral en Murcia, donde ha admitido que está predispuesta a ceder en las discusiones con los socialistas. Así, está abierta a aumentar algunas penas por delitos sexuales "si es necesario".

Montero quiere "una respuesta unitaria" a la hora de cambiar el texto. "Nunca he estado más dispuesta a llegar a un acuerdo", dijo la ministra de Igualdad, tras señalar que, en cualquier caso, reveló que tiene "una discrepancia fuerte" con el PSOE para esa reforma.

Más allá de estas admisiones, Montero ha vuelto a recurrir al discurso habitual de su partido desde que el PSOE ha puesto sobre la mesa la necesidad de reformar una ley que lleva 400 rebajas de condenas a delincuentes sexuales.

Así, la ministra dice que su ley evita el "calvario probatorio" para las mujeres víctimas y ha subrayado que "lo que toca defender ahora ante las presiones" es que "es agresión sexual si no hay resistencia", porque sin consentimiento "también hay violencia".

Este domingo, Montero e Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, participan en un acto en Madrid titulado "¿Consentiste o no? Solo sí es sí", donde es de prever que sigan reforzando su postura en la discusión.

Los recelos del PSOE

Por su parte, el PSOE no está viendo con buenos ojos la postura que ha adoptado Podemos en la polémica. Creen que la formación de ultraizquierda está desenfocando el debate insinuando que en la reforma peligra la idea del consentimiento, ya que según el PSOE, seguirá en el centro de la norma y el único cambio estará en las penas.

Según los socialistas, enviaron el viernes una propuesta y están aún esperando que sus socios respondan para poder avanzar en la negociación de la reforma de la polémica norma, cuyos efectos han puesto al Gobierno en el punto de mira e incluso han dado el salto a los medios internacionales por las rebajas de penas y las excarcelaciones.

Por eso, los socialistas sostienen que tienen que centrarse en evitar que sigan produciéndose rebajas de pena a condenados (en cualquier caso, solo funcionará para los delitos que se cometan de ahora en adelante). 

El PSOE insiste en que es el ajuste de penas es lo que motiva la reforma de la ley, no si se vuelve a poner en cuestión el consentimiento, como insiste una y otra vez Unidas Podemos.

Los socialistas recuerdan que si hubo violencia o intimidación en la relación sexual, la ley ya presupone que no hubo consentimiento y que por eso no es incompatible con tener que probar determinadas circunstancias del delito para poder agravar las penas.

Este sábado, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha mostrado su convicción de que ambas partes van a llegar a un acuerdo para hacer los "retoques necesarios", y dijo no admitir lecciones del Partido Popular al respecto.

El PP presiona para cambiar la ley

Precisamente, el principal partido de la oposición ha reclamado que el cambio se acometa de manera inmediata. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que "proteger a las mujeres es mucho más urgente que proteger a su coalición de gobierno".

Gamarra, ha asegurado este sábado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, va a "pasar a la historia" por la llamada ley del 'solo sí es sí' y le ha advertido que las mujeres no son "ningún juguete". Tras criticar el "vodevil de discusiones dentro del Gobierno" por la norma, ha urgido al Gobierno a reformar ya la ley ante la "alarma social" que ha provocado.

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