Expropiados de Sagunt critican al Gobierno valenciano por el "derroche para juicios"

Las asociaciones agrarias valencianas han estallado contra la Generalitat por haber llevado a los tribunales a expropiados de los terrenos de Sagunt en los que se ubicará la gigafactoría de baterías para coches eléctricos de Volkswagen, y más concretamente por gastar 795.000 euros de fondos públicos en litigar contra ellos por los precios de los terrenos.

En concreto, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) y la Unió Llauradora i Ramadera, las dos mayoritarias en la Comunitat, han criticado este martes, en un comunicado conjunto, los gastos de lo que definen como una "guerra judicial" de la empresa pública Espais Econòmics Empresarials (participada al 50% por la Generalitat y el Estado): una licitación con un valor estimado de 700.000 euros para su defensa letrada ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y otros 95.000 euros ya contratados para procuradores con un despacho de abogados radicado en Madrid.

Por ello, ambas entidades recriminan a la Administración autonómica que quiera "quedarse tuerto para que tu enemigo se quede ciego" y prefiera "gastarse el dinero público en abogados madrileños antes que en agricultores valencianos", tal y como recoge el escrito.

El presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, y el secretario general de la Unió, Carles Peris, tachan de "kafkiano y ridículo el teatro que está montando la Administración al recurrir contra la valoración del Jurado de Expropiación, con amplia presencia de la Administración, y al ofrecer a los expropiados que los defienda la Abogacía del Estado si deciden no personarse, que naturalmente pagará con dinero del Estado para enfrentarse a la misma Administración". "Yo me lo guiso, yo me lo como, y que lo paguen los agricultores", censuran.

Las organizaciones agrarias critican que EEE "ha decidido ir a los tribunales a pesar de que en la mayoría de procesos se suele tener en cuenta el justiprecio que avala el Jurado Provincial de Expropiación, un órgano oficial de la propia Administración que goza de los principios de legalidad, veracidad y acierto".

Además del presupuesto asignado, el sector agrario valenciano añade que la empresa pública "podría derrochar más si contrata peritos independientes y, en caso de perder los pleitos y ser condenada en costas, debería sufragar los gastos de la defensa de los expropiados y los intereses, en torno al 10% del total litigado, derivados del retraso de los pagos durante los años que dure el juicio".

Petición a Ximo Puig

AVA-Asaja y la Unió han dirigido una carta conjunta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para solicitarle "un punto de encuentro que permita proporcionar una solución beneficiosa para los propietarios de los terrenos".

Según han expuesto, "el máximo representante de las valencianas y los valencianos tiene una excelente oportunidad para demostrar que está a nuestro lado y que desea que la iniciativa empresarial de Volkswagen sea positiva para el conjunto de la sociedad y no se pague a costa del bolsillo de los agricultores", añaden.

Ciudadanos exige "no poner trabas"

La síndica de Ciudadanos (Cs) en Les Corts, Mamen Peris, ha exigido, tras reunirse con representantes de los agricultores afectados, que el Consell que "no ponga trabas" a los propietarios de los terrenos de la gigafactoría. "No se entiende cómo después de haber obtenido un precio en el justiprecio, sea la Abogacía de la Generalitat la que interponga un recurso a la indemnización por los bienes expropiados", sostiene.