Esta semana, la expresidenta del Parlament y colíder de Junts, Laura Borràs, va a ser lo que tanto le gusta: titular de prensa.
Ya llevan días preparando la performance e intentando hacernos creer que unas presuntas irregularidades en contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), cuando ella era su responsable, son burdas maniobras de la policía española para atacar al independentismo "utilizando indebidamente procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad", es decir, lo que se conoce por lawfare.
Dicho de otra forma, como que Borrás y los suyos creen que con ella sí que Cataluña sería independiente y que no hay heroína más valiente y capaz de plantar cara al Gobierno español, la policía patriótica, ayer de Fernández Díaz y hoy de Marlaska, la querrían destruir condenándola por corrupción. El acabose, vaya.
Si es o no es culpable de corrupción, se decidirá en el juicio que empieza este viernes 10 de febrero en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TJSC). Mientras tanto, Borràs ya dejó de ser la presidenta del Parlament, es decir, la segunda autoridad de Cataluña, porque sus compañeros de mesa parlamentaria no compraron la versión de perseguida por el Estado que tanto le gusta, con la inestimable ayuda de sus abogado activista, Gonzalo Boye.
Sus compañeros de mesa parlamentaria no compraron la versión de perseguida por el Estado que tanto le gusta, con la inestimable ayuda de sus abogado activista,
Gonzalo Boye
Tampoco compra la versión de heroína perseguida por el Estado, nada más ni nada menos, que la mismísima Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), los independentistas de siempre.
ERC, a través de su portavoz y secretaria general adjunta, Marta Vilalta, ha dicho clarito, clarito que este viernes no acompañará a la heroína Borràs en el desfile hacia el tribunal entre gritos de "presidenta, presidenta", y no se sabe qué más.
ERC considera, con razón, que el caso de la señora Borràs no tiene nada que ver con el independentismo, y sí con una supuesta "mala praxis" en la gestión de recursos públicos.
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