Si el Pleno celebrado por el Tribunal Constitucional la semana pasada daba pistas claras sobre el lastre que pueden suponer las recusaciones remitidas continuamente contra sus nuevos magistrados, las informaciones remitidas este lunes por la corte de garantías han venido a confirmarlo. El PP recusó a principios de mes a Juan Carlos Campo y Laura Díez -los magistrados nombrados en enero a propuesta del Gobierno- del debate sobre el recurso contra la ley de la eutanasia y de otras cuestiones como el 25% del castellano en las aulas o el impuesto al patrimonio. En consecuencia, el TC ha anunciado que la discusión sobre la eutanasia quedará aplazada y no se tratará la próxima semana, como estaba previsto.
Las recusaciones llegan como dos nuevas trabas en el plan de choque ideado por el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, que pretende abordar en el plazo de unos meses los asuntos pendientes de mayor antigüedad y calado. Los magistrados no podrán avanzar trabajo y deberán decidir si apartan a Campo, que ya ha solicitado abstenerse, y a Díez.
La intención de Campo de no formar parte del debate debe ser validada por el TC, que podría optar por rechazar su solicitud como ya hizo la semana pasada con la petición de abstención de la magistrada Concepción Espejel en el caso de la ley del aborto. El tribunal presidido por Conde-Pumpido consideró entonces que Espejel no tenía razones fundadas para justificar su retirada y podría considerar lo mismo en este caso, o bien aceptar las recusaciones de los populares, en cuyo caso la mayoría progresista se vería ajustada a cinco magistrados frente a cuatro conservadores. No obstante, el caso de Campo es bien diferente al de Espejel, ya que el exministro formaba parte del Gobierno que dio luz verde a la ley hace tres años, mientras que la magistrada era vocal del CGPJ e hizo un informe sobre la ley del aborto, pero no participó en su elaboración.
En todo caso, el cuórum para deliberar sobre el recurso presentado por PP y Vox en junio de 2021 contra la ley de la eutanasia está asegurado. Ambos partidos impugnaron la norma por entender que incluye aspectos contrarios al derecho fundamental de la vida y al principio de seguridad jurídica. El texto presentado defiende que la ley carece de consenso político y social e infringe el artículo 15 de la Constitución y el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, además del principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 de la Carta Magna.
El tribunal denegó en su momento la solicitud de medidas cautelares presentada por Vox para que se suspendiera la entrada en vigor de la norma, y el PP alegó que sus impulsores no contaron informes técnicos, jurídicos, médicos y bioéticos. "La ley genera gran inseguridad jurídica y seguiremos defendiendo nuestra alternativa médica, social, humanitaria: nuestra ley de cuidados paliativos", señalaron entonces desde Génova.
El TC tratará la ley de comunicación audiovisual
Tras abordar la semana pasada el recurso del PP contra la ley del aborto, la corte de garantías continúa desarrollando, a pesar de las eventuales recusaciones, su plan de desatasque de tareas pendientes. Por tanto, y según han informado fuentes del tribunal, la semana que viene se tratará el segundo recurso más antiguo que almacenan los cajones del TC.
Se trata de una cuestión de inconstitucionalidad presentada en 2018 por el Tribunal Supremo sobre un precepto de la ley de comunicación audiovisual. En concreto, el TC debe estudiar la parte de esta norma que impide a los clubes de futbol cobrar un canon a las radios que retransmitan los partidos en los que juegan. La magistrada María Luisa Balaguer será la ponente de este asunto.
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