Varapalo del Supremo al Gobierno y a ERC: ni rebaja la malversación ni aplica desórdenes públicos agravados

La reforma del Código Penal que pactaron el Gobierno y ERC de forma simultánea a la aprobación de los Presupuestos de 2023 para derogar la sedición y reformar la malversación no ha tenido los resultados que se pretendían, pero tampoco los que auguraba con temor la oposición cuando aseguraba que los dirigentes independentistas quedarían impunes. Oriol Junqueras no podrá presentarse a unas elecciones hasta 2031. El auto publicado este martes por el Tribunal Supremo considera, por un lado, que la reforma despenaliza intentos de secesión y, por otro, que la rebaja de la malversación no procede al concurrir ánimo de lucro en la financiación del proceso independentista.

Tanto Llarena como la Sala de lo Penal del Supremo, presidida por Manuel Marchena, se han mostrado tremendamente críticos con la reforma legal impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Según alegan ambos, los cambios legales llevan a la despenalización de hechos como los sucedidos en el procés y dan impunidad a los secesionistas. Así lo expresa el auto del alto tribunal: "la deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia, incluso cuando fueran seguidos de un alzamiento público y tumultuario, no serían susceptibles de tratamiento penal". 

La sedición, que "era más que un delito contra el orden público", desaparece. Y los hechos que fueron tipificados bajo este delito no encajan en los desórdenes públicos agravados, el tipo que diseñó el Gobierno con la idea de que se aplicase a los líderes condenados por el procés. Por tanto, todos los actos que fueron considerados sediciosos por el tribunal se quedan ahora en un delito de desobediencia, que ni siquiera conlleva penas de cárcel cuando lo comete una autoridad pública. 

Esta decisión, contraria a la idea de que la sedición debía sustituirse por los desórdenes públicos agravados, puede salirse del cauce previsto por el Ejecutivo, y sin embargo va en línea con la principal tesis del Gobierno en torno al dilema independentista: la necesidad de desjudicializar el procés y aportar soluciones desde la política. El criterio beneficia también al independentismo, pues implica la extinción de las penas de inhabilitación contra Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Josep Rull.

Sin embargo, el Supremo ha dado otro revés, esta vez diametralmente contrario a la intención con la que se impulsó la reforma penal, al rechazar las rebajas de pena por malversación. A finales de 2022, diferentes voces del Gobierno justificaban la reforma de la malversación diciendo que "el reproche penal no puede ser el mismo cuando uno malversa buscando un lucro personal y cuando no es así". "En ningún caso", aseguraban, se va a favorecer la corrupción. 

Desde Génova, por el contrario, especulaban con las catastróficas consecuencias que iba a traer la reforma penal, que no solo dejaría impunes a los independentistas. "Pedro Sánchez planeó la reforma del delito de malversación con la foto de Griñán y Junqueras encima de la mesa", señalaban entonces fuentes del Partido Popular. 

Pero cuando la norma entró en vigor, las partes implicadas en el juicio del procés concluyeron, una tras otra, que las penas por malversación impuestas a los implicados en la declaración unilateral de independencia deben quedar tal y como estaban. ¿Dónde está el fallo que no supieron ver ni el Gobierno y ERC? En el concepto del ánimo de lucro. 

La reforma establece penas atenuadas para los que malversan sin este afán, pero resulta que (según el criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el juez Llarena y el alto tribunal) los independentistas actuaron con ánimo de lucro. Porque para probar esta condición no es necesario que el delincuente se haya enriquecido personalmente, que se haya metido "el dinero en el bolsillo", como explicaba el Gobierno en su momento. Basta con que los caudales públicos se destinen "a una actividad delictiva o antijurídica, en este caso, la celebración de un referéndum prohibido judicialmente". 

Las consecuencias: la "desjudicialización" del procés que buscaba Sánchez no se ha producido, mientras que ERC no ha logrado acabar con la inhabilitación de Junqueras. Ninguno de los impulsores de la reforma penal ha conseguido lo que buscaba (a excepción de la victoria que obtuvo el Gobierno al conseguir el apoyo de Esquerra a los Presupuestos), a pesar del desgaste que supuso esta reforma para el Gobierno durante el otoño pasado, en el que todos los ministros se pasaron semanas justificando la medida.

En noviembre de 2022, cuando la reforma estaba en el centro del debate público, una encuesta realizada por el Instituto DYM para 20minutos revelaba que el 56,8% de los españoles no estaba "nada de acuerdo" con la rebaja de penas por malversación. El 56,3% se mostraba seguro de que la medida restaría votos al Partido Socialista. 

Y ahora que la ley ha entrado en vigor, Sánchez ha recibido criticas importantes del Supremo que dejan al Ejecutivo en muy mal lugar. De momento, en Ferraz niegan por completo que su intención con la reforma fuese reducir o extinguir las penas del procés. De hecho acusan al PP de mentir "a sabiendas" cuando acusaban al Gobierno de querer despenalizar la declaración unilateral de independencia.

"Muchos mentían planteando aquello de que algunos se podrían presentar a las próximas elecciones. Se ha demostrado que es mentira", apuntó al respecto este lunes la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "La conclusión", remataba Montero, "es que los delitos tan graves que se realizaron bajo el procés siguen siendo delito en el actual Código Penal". 

El PP, mientras tanto, opina que el varapalo del Supremo a la reforma legal del Gobierno confirma que "el Estado de Derecho funciona".