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Los letrados judiciales y el Ministerio de Justicia se reúnen enfrentados tras tres semanas de huelga y 130.000 vistas paralizadas

La ministra de Justicia, Pilar Llop, protagoniza un desayuno informativo en Madrid.
EFE/Chema Moya

Desde que el 24 de enero los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzaron su huelga indefinida en busca de mejoras salariales, más de 130.000 juicios y vistas se han dejado de celebrar, 120.000 demandas no se han repartido y 500 millones de euros han quedado pendientes de entrega. Son los datos actualizados que ofrece el comité de huelga, que se reunirá este jueves con el Ministerio de Justicia para tratar de llegar a un acuerdo que no parece cercano. "Estamos dispuestos a negociar, pero no con una huelga de por medio", declaran a 20minutos fuentes del departamento que dirige Pilar Llop. "La desconvocatoria no va a ser posible si no vemos pasos del ministerio", explican, por su parte, los huelguistas. 

Las asociaciones convocantes -Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), el Ilustre Colegio Nacional de Letrados (ICNL) y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ)- denuncian que la reunión ha llegado demasiado tarde. "Llevábamos desde septiembre sin noticias del ministerio y al principio jamás pensamos que la huelga indefinida fuese a realizarse, creímos que se sentarían con nosotros para evitarla", aseguran. 

Sin embargo, la llamada del Gobierno no llegó hasta el 9 de febrero, cuando se convocó a los huelguistas a una reunión para este jueves, día 16, a las 17.00 horas. El hecho de que se convocase a una semana vista sentó mal a los letrados, que lo interpretaron como un mal gesto de la ministra. "Busca prolongar el conflicto a la espera de que el seguimiento decaiga. No tiene tiempo para reunirse y resolver el problema más grave de la Administración de Justicia en la historia reciente de España", alegaron al ser citados por el ministerio.

Denunciaron, además, que a lo largo de esta semana se suspenderían hasta 55.000 actuaciones judiciales más y quedarían bloqueados otros 150 millones de euros. Y es que la huelga de estos trabajadores, imprescindibles para la labor de los juzgados y tribunales, está teniendo un importante seguimiento: la secunda hasta el 85% de los letrados, según los convocantes, y hasta el 33,92%, según el Ministerio de Justicia. La presencia de Llop en la reunión no está confirmada, si bien acudirá el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez. 

Los 4.300 letrados del Estado son responsables de repartir y distribuir el trabajo de los órganos judiciales. Asumen la responsabilidad de los servicios administrativos de la Oficina Judicial y se encargan poner en marcha los procedimientos. Admiten a trámite y reparten las demandas, preparan las actuaciones y desarrollan los procedimientos judiciales. Pero, además, son los encargados de dar fe pública de las actividades de la justicia ante los tribunales y de coordinarse con el resto de administraciones del Estado. 

Ningún juicio puede celebrarse si no hay un letrado que da fe del mismo, que lo atestigua. Con lo cual, la huelga del gremio afecta transversalmente a todo el sistema judicial. Abogados, magistrados, ciudadanos... todo profesional o usuario de la Justicia se puede ver afectado por la huelga. El presidente de la Audiencia Provincial de A Coruña, Ignacio Picatoste, señala que en su tribunal y en su ciudad el seguimiento está siendo muy amplio. "En A Coruña, en Madrid o en Valencia el seguimiento está siendo muy fuerte... Se está generando una bolsa de trabajo acumulado importante", señala a 20minutos. En el propio Tribunal Supremo, la huelga se está respaldando ampliamente. Un hecho sin precedentes, señalan los letrados. 

Y los huelguistas no tienen el deber de avisar de su ausencia, con lo que muchas veces los abogados, jueces y ciudadanos acuden al tribunal y el juicio no se celebra. "La gente pierde un día de trabajo para nada, pero a nadie se le puede pedir que informe cuando secunda una huelga", señala el magistrado. 

Para Cristina de Santiago, responsable del área procesal del despacho de abogados Aledra Legal, esto es lo más frustrante. "No nos avisan con tiempo. Preparas la vista, acudes y te la suspenden. No puedes cobrarla y dentro de un año, cuando se celebre de nuevo, tendrás que volver a prepararte". 

Para Aledra Legal se ha suspendido el 90% de los juicios que tenían previstos en las últimas semanas, hasta 50 desde que comenzó la huelga de letrados. Eso sí, De Santiago defiende que "las reivindicaciones de los letrados están más que justificadas" y que el problema de fluidez de la Justicia viene de antes, porque a los letrados "no se les dan los medios suficientes". Con todo, el impacto económico es tremendo para el sector de la abogacía. "No me quiero imaginar un pequeño despacho que se dedique a derecho procesal", señala la abogada. 

El magistrado valenciano Joaquim Bosch ha visto paralizados en su juzgado hasta 25 juicios y 30 declaraciones penales. Eso sí, sus compañeros letrados avisan con tiempo cuando una actuación no se va a poder producir. "El agravante es que los órganos ya están saturados de por sí, tienen la agenda llena", explica Bosch. Con lo que una vista suspendida puede no convocarse de nuevo hasta que hayan pasado varios meses. 

De todas formas, los servicios mínimos, que se mantienen entorno al 30%, se están encargando de abarcar los asuntos más urgentes y prioritarios: causas con preso, medidas cautelares, causas urgentes sobre menores, internamientos psiquiátricos, medidas de protección a personas vulnerables o temas de violencia de género. 

"No entro a valorar los motivos de la huelga, pero cuando se ejerce este derecho, el Gobierno, aun sin estar de acuerdo con las reivindicaciones, no puede hacer como si pasara nada. Tiene la obligación de sentarse a negociar, las conversaciones tendrían que haberse producido antes, es una cuestión de formas", señala el magistrado valenciano. 

Redactor '20minutos'

Redactor de Tribunales y actualidad política. Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, en 20minutos desde 2022.

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