El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha permitido a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, declarar al final del juicio, una vez practicadas todas las pruebas y después de que lo hagan los otros dos procesados, que negocian un pacto con la Fiscalía para delatarla.
Así lo ha acordado este martes el tribunal que juzga a Borràs, para quien la Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación por adjudicar presuntamente 18 contratos a dedo a un amigo entre los años 2013 y 2017, cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
Tras una primera sesión el viernes pasado, que la defensa de Borràs convirtió en un ataque contra los otros dos acusados por sus pactos con la Fiscalía, las cuestiones previas han continuado este martes con una nueva petición de Gonzalo Boye, abogado de la líder de Junts, para forzar la suspensión del juicio.
La sala, que ha anunciado que no decidirá hasta el lunes las cuestiones previas que afectan a derechos fundamentales, sí que ha admitido una de las peticiones de la defensa de Borràs para que la presidenta suspendida del Parlament declare al final del juicio, una vez practicadas todas las pruebas, incluidas testificales y periciales.
No se han sumado las defensas de los otros dos procesados a la propuesta de Boye, de forma que Isaías H., beneficiario de los contratos de la ILC, y Andreu P., quien presuntamente elaboró facturas para posibilitar la concesión irregular, declararán el próximo lunes, en una fórmula poco habitual en los juicios con varios acusados.
Declaracions incriminatorias
El interrogatorio del próximo lunes puede complicar la estrategia de defensa de Borràs, dado que ambos acusados han negociado con la Fiscalía una rebaja de condena a cambio de incriminar a la presidenta suspendida del Parlament en sus declaraciones ante el tribunal.
La fiscal Assumpta Pujol se ha opuesto a que Borràs declare al final del juicio, porque considera que no está "justificada" esa excepción a la ley que establece el orden de las vistas y no supondrá una "mejor aclaración de los hechos, sino más bien una pérdida de credibilidad probatoria".
Precisamente, las negociaciones de esos dos acusados con la Fiscalía fue uno de los motivos por los que Boye pidió el viernes al TSJC que suspendiera el juicio -para poder preparar pruebas con la que blindarse frente a sus incriminaciones-, pero la sala ha pospuesto su decisión al próximo lunes.
El TSJC resolverá también el lunes las otras cuestiones planteadas por las partes que afectan a derechos fundamentales, entre ellas la nulidad de los correos electrónicos en que se basan parte de los indicios que incriminan a Borràs, cuya defensa denuncia irregularidades en la obtención de los mismos y fallos en la cadena de custodia.
Asimismo, el tribunal ha denegado de nuevo la testifical del exconseller de Cultura Lluís Puig, que está huido en Bélgica por el procés, porque considera que ya comparecerán otros consellers -Santi Vila y Ferran Mascarell- que podrán ilustrar a la sala sobre el funcionamiento de la ILC.
Boye pide otra suspensión
Al margen de la cuestión del orden de declaración, Gonzalo Boye ha aprovechado su turno de palabra para pedir de nuevo la suspensión del juicio argumentando que necesita tiempo para pedir “prueba nueva” con la que defenderse de las modificaciones del escrito de acusación que la Fiscalía introdujo el viernes en la sesión de cuestiones previas.
El letrado se ha referido en concreto a un cambio introducido por el ministerio público en el escrito de calificación que amplía el período de los hechos imputados a Borràs: en el primero se limitaba al período comprendido entre marzo de 2013 y 2017 y en la modificación del viernes se incorporó la expresión “y hechos ocurridos con anterioridad”.
Según Boye, ese cambio incorporaría a la causa “un abanico de hechos que no están en la investigación” y ello les “dejaría desarmados”.
No obstante, el tribunal ha rechazado esta posibilidad argumentando que “no tiene ningún elemento que haga pensar que se impide el derecho de defensa” al tiempo que considera que “no se modifica de manera sustancial el marco probatorio” de los hechos.
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