La Comisión Nacional de los Mercados de la Competencia (CNMC) cree "recomendable replantear la normativa urbanística" de ciudades y pueblos para permitir que sea posible construir parques fotovoltaicos y eólicos en zonas calificadas de uso rústico y no edificable, donde ahora esto solo es posible con una autorización especial. Para intentar vencer la reticencia de los movimientos locales "contrarios a la implantación de renovables", plantea otorgar "beneficios directos" para sus habitantes, como por ejemplo "precios más bajos de la electricidad". Así figura en un documento donde el regulador identifica los principales "obstáculos" que afrontan los promotores de renovables y el autoconsumo en su trato con la Administración local en el que también censura la "excesiva discrecionalidad" con la que los alcaldes prohíben placas solares de determinado color o imponen tributos por determinados conceptos.

La CNMC ha abierto este viernes una consulta pública que hasta su cierre el 15 de marzo quiere recoger las impresiones de los interesados sobre los principales obstáculos que enfrenta el despliegue de renovables en los municipios, ya sea por medio de grandes parques o de instalaciones de autoconsumo. Para abrir el debate, el regulador ha hecho una "investigación preliminar" con aportaciones de "agentes" y enumera "tres cuellos de botella" principales.

El primero, y tal y como también reconocen en el Ministerio de Transición Ecológica y el sector, son "los retrasos y otras dificultades acaecidas en la conexión con redes de transporte para el vertido de la energía producida", además de los "retrasos y dificultades" en la tramitación de permisos por parte del Ministerio y de las comunidades. 

Sin embargo, la CNMC se centra en esta consulta en los problemas "derivados de la intervención" de la Administración local, entre los que enumera cuestiones relativas al suelo donde poner placas solares, a la disparidad de criterios y "falta de información clara" sobre lo que los promotores pueden y no pueden hacer. También a las tasas y tributos que algunos ayuntamientos deciden recaudar por conceptos no del todo claros y a la falta de formación del personal municipal para tramitar todo el procedimiento. Para solucionar esto último, la CNMC cree conveniente crear "oficinas de tramitación común" para varios municipios, sobre todo entre los de menor tamaño, para aprovechar recursos y dotarse de una mayor "especialización funcional". Sugiere que esta función también la podrían hacer las diputaciones o federaciones de municipios como la FEMP o incluso acudiendo al sector privado con la "externalización de algunas tareas".

Según la CNMC, el plazo medio del proceso para poner en marcha plantas de renovables es actualmente de entre 22 y 24 meses, aunque puede prolongarse "más del doble", cuando cree que el "plazo medio realmente necesario" podría ser de nueve meses para placas solares y de 14 para un parque eólico. Los trámites para el autoconsumo se demoran una media de tres meses, cuando los operadores dicen que bastaría con un mes.

Renovables en suelo rústico

Para los parques solares o eólicos el "principal obstáculo" que identifica la CNMC tiene que ver con la calificación del uso del suelo. Considera que el suelo rústico es el "lugar propicio" para ubicar grandes instalaciones de renovables pero que la ley actual no incluye esta posibilidad dentro de los usos permitidos en suelo rural y no urbanizable. Solo cuando se autoriza de forma excepcional, con un permiso que el promotor tiene que tener antes de obtener la licencia de obras. Como solución, cree que "sería recomendable replantear la normativa urbanística" para incluir entre los usos recomendables del suelo rústico también la instalación de infraestructuras de energías renovables, de modo que no haya que pedir una autorización especial y que el permiso sea más "ágil".

De manera más general y como se plantea ya en la legislación estatal, propone crear un mapa en cada municipio con la zonas donde la implantación de renovables sería "preferente" por tener un menor impacto en el medio ambiente y en los que los promotores se beneficiaran de trámites administrativos más ágiles, así como ayudas e incentivos fiscales.

Criterios para el autoconsumo

Por lo que respecta al autoconsumo, la CNMC plantea convertir en norma algo que ya ocurre como excepción en hasta 14 comunidades aunque no siempre es seguido por todos los alcaldes, que para poner una instalación en casa no sea necesaria una licencia de obras que considera "innecesaria" y baste una declaración responsable.

Como también ocurre en el caso de los proyectos grandes, el estudio de la CNMC carga contra la discrecionalidad de los diferentes ayuntamientos a la hora de prohibir determinadas placas o ponerlas en determinados sitios o por la "diferente exigencia de tributos locales" para quien pone autoconsumo "sin definición clara del hecho imponible". Por ejemplo, dice que algunos recaudan tasa urbanística por considerar la instalado una obra mayor, fianzas por desperfectos en la vía pública o una tasa por cada panel instalado. En concreto, reclama que cese la práctica de algunos ayuntamientos de gravar con la tasa de gestión de residuos por el acto de instalar placas solares en el tejado.

El informe critica también que en muchas ocasiones no hay una "información clara" sobre el autoconsumo en edificios catalogados como patrimonio histórico, que no hay una zonificación clara de estos inmuebles y que ocurre que se inicien los trámites para instalarlo y no puedan terminarse, de modo que sería bueno conocer previamente si se podrá o no. También que en lugar de prohibir las placas solares en edificios protegidos concretos, sucede que los ayuntamientos optan por prohibirlo en toda una calle o zona.

"Los condicionamientos estéticos no siempre están justificados por la normativa", añade el informe de la CNMC, sobre prohibiciones detectadas de placas cuando sean visibles desde la calle o de un determinado color.

Por todo ello, reclama que se "clarifiquen" y unifiquen los criterios sobre la instalación de autoconsumo, con previsión y con normativa -por ejemplo, sobre el inventario de edificios protegidos- que se revise de forma regular.

A ojos de la CNMC, el papel de los ayuntamientos no solo es controvertido con respecto al autoconsumo. Considera que los grandes promotores también se ven muy penalizados por la disparidad de criterios, por la duplicidad de trámites y sobre todo  por la posibilidad de los alcaldes de proceder a la suspensión cautelar de las licencias urbanísticas. Recuerda que esto ocurre cuando hay "carencias" en el planeamiento. Llevado al ámbito de la renovables, dice que supone un "obstáculo absoluto al despliegue de las instalaciones" y pide a los ayuntamientos que "eviten cuando sea posible" acudir a este instrumento.

Beneficios para la comunidad

En su informe, la CNMC indica que los ayuntamientos tienen "dos roles" en cuanto a las renovables, uno como administración que debe conceder permisos y licencias y otra como parte interesada en los trámites de información pública, donde dice que sus pronunciamientos sobre los proyectos renovables suelen adolecer de "cierta falta de precisión" o que plantean "obstáculos injustificados" a los promotores, de modo que apuesta por que se determine sobre qué ámbitos pueden o no pronunciarse.

En este sentido, los consistorios -sobre todo los de menor tamaño- forman parte en ocasiones de los "movimientos locales contrarios a la implantación de renovables", que el informe relaciona con lemas como "not in my backyard" ("no en mi patio trasero") o "renovables sí, pero así no". Para aplacarlos , plantea "establecer beneficios directos para las comunidades locales". Aunque advierte de que algunas fórmulas "podrían resultar problemáticas" y que deben "evaluarse cautelosamente", cita fórmulas tales como "precios más bajos de la electricidad, prioridad para el vertido a la red de las instalaciones renovables o compensaciones económicas".