Los impuestos temporales de 'solidaridad' a la banca y las grandes empresas energéticas han regado ya las arcas públicas con 1.454,5 millones de euros tras el primer pago anticipado de febrero. Así lo ha comunicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha presentado este martes en Consejo de Ministros un informe preliminar de evaluación de estos dos gravámenes aprobados en diciembre. El lunes pasado concluía el plazo para realizar el primer pago anticipado, en el que las firmas afectadas tenían que abonar la mitad de la cuota de este año.

En concreto, Hacienda ha obtenido 817,4 millones de euros gracias al impuesto a las grandes energéticas y otros 637,1 millones por el gravamen a las entidades de crédito. Unos resultados que Montero ha calificado de "muy positivos" y que permiten anticipar una recaudación anual alrededor de 2.900 millones de euros en la estimación más conservadora. De hecho, la ministra ha manifestado que esperan superar incluso los 3.000 millones de recaudación.

Para Montero, el impuesto es "bastante asumible" para estas empresas ante el "volumen de beneficios" que han obtenido, que ha cifrado en 20.500 millones para la gran banca y casi 12.000 millones en las energéticas afectadas, en este caso con datos hasta septiembre y sin conocer los resultados de todas las afectadas. 

La patronal de la banca y de las cajas de ahorros recurren ante la Audiencia Nacional el impuesto a las entidades financieras

La ministra ha señalado que los gravámenes "en ningún caso son confiscatorios" y ha reiterado el apoyo del Ejecutivo a estos dos sectores. "Lo único que le pedimos es que ante beneficios históricos hagan un pequeño esfuerzo y contribuyan. Igual que los españoles tuvimos que asumir en su día un elevado coste para sanear sistema financiero con un rescate de miles de millones de euros de dinero público, toca ahora a las entidades financieras arrimar el hombro para que haya un mejor y mayor reparto de la crisis", ha añadido.

Aunque Montero no ha aportado datos sobre el tercer impuesto incluido en la proposición de ley -el gravamen a las grandes fortunas, llamado a parchear Patrimonio en las comunidades que lo han rebajado drásticamente-, sí ha comentado que quienes se oponen a él "deben decir a los ciudadanos a quienes van a pedir ese esfuerzo". Respecto a los recursos de inconstitucionalidad sobre este gravamen planteados por Andalucía y Comunidad de Madrid, Montero ha afirmado que ambos gobiernos "están defendiendo al 0,1% de los ciudadanos más ricos de su comunidad en detrimento de la sanidad pública, la educación que utilizan la gran mayoría de ciudadanos".

Banca y energéticas tienen recurridos los impuestos

Aunque el Gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones que estos gravámenes cumplen con la legalidad y son oportunos, las empresas afectadas por ellos ya los han recurrido ante la Audiencia Nacional. En lo que respecta a las entidades de crédito, las dos grandes patronales bancarias -AEB y CECA- fueron quienes plantearon el recurso, que se ha fundamentado en el dictamen presentado por el Banco Central Europeo (BCE) en el que cuestionaba algunos aspectos del gravamen. Entre ellos, su presunta falta de proporcionalidad o la prohibición de repercutirlo a los clientes.

Las grandes eléctricas también han presentado un recurso ante la Audiencia Nacional, en el que sostienen que el gravamen "penaliza a un sector clave para impulsar el cambio de modelo energético" y es incoherente "porque grava ingresos que ya estaban topados y regulados". El recurso, planteado por la patronal Aelec, ve "discriminatorio e injustificado" el gravamen. La petrolera Repsol, que planteó su propio recurso, ha visto como la Audiencia Nacional rechazaba las medidas cautelares solicitadas para paralizar el tributo.

La decisión que adopte la Audiencia Nacional es susceptible de ser recurrida por cualquiera de las partes -Gobierno y empresas afectadas- ante el Tribunal Supremo y, en última instancia, ante el Constitucional. Si los tribunales decidieran anularlos, el Estado se expone a tener que devolver lo recaudado más unos intereses. No obstante, los trámites hasta que la decisión sea firme podrían prolongarse durante varios años.