La Agencia Tributaria y la Policía Nacional, que iniciaron a principios de 2022 la operación que ha llevado a la detención de ocho personas por supuestas adjudicaciones irregulares en el servicio de carreteras de Cantabria, apuntan que el funcionario implicado y su entorno familiar crearon una trama de "varios millones de euros".
El principal implicado, para quien la juez ha decretado prisión (también ha dejado en libertad con cargos a su mujer y sus dos hijas), habría diseñado junto a su entorno familiar una estrategia para introducir en el circuito legal las importantes cantidades que recibía, supuestamente en forma de comisiones ilegales por parte de cuatro empresas adjudicatarias.
Durante el registro del domicilio de este hombre, jefe de servicio de carreteras de la Consejería de Obras Públicas, los agentes encontraron 530.000 euros en una caja de seguridad oculta en una pared y una máquina para contar dinero, según informan la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en una nota de prensa este viernes.
Según explica la Policía Nacional en un comunicado, el alto funcionario intervenía en la preparación de ofertas de licitadores concretos, emitiendo, presuntamente, una valoración arbitraria de los criterios subjetivos de valoración de ofertas y expulsando a otros potenciales licitadores.
Para ello, la investigación apunta a que modificaba precios, negociaba los términos de las licitaciones con esas empresas y haría uso de información privilegiada.
La familia disfrutaba de diversas dádivas
Además, la familia disfrutaba de diversas dádivas y de un vehículo cuyo contrato de renting era abonado por una de las empresas que resultaba adjudicataria de contratos de obra pública en cuyos informes técnicos participaba directamente el investigado.
Tras las detenciones, se han bloqueado cuentas bancarias y activos financieros por importe de "varios millones de euros", y otros activos que pudieran tener a su disposición los investigados. Además, la Policía "no descarta" nuevas actuaciones.
La investigación comenzó en los primeros meses de 2022, cuando la Agencia Tributaria "tuvo conocimiento" de la posible participación de ese alto funcionario del Gobierno de Cantabria en la manipulación de adjudicaciones de contratos de obra pública en la región.
Este departamento detectó que tanto el funcionario como su familia registraron "un importante incremento de patrimonio no justificado" entre 2013 y 2022, que se puede estimar en "varios millones de euros".
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