La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel para Borràs: "No renunciaré a la independencia sea cual sea la sentencia"

La Fiscalía ha mantenido este miércoles, en la última jornada del juicio a la presidenta de Junts, Laura Borràs, la petición de condenarla a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Por su parte, Borràs ha vuelto a afirmar que se la juzga debido a una "persecución política", ya ha asegurado: "No renunciaré a la independencia sea cual sea la sentencia".

En el trámite de conclusiones finales del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), las fiscales, en cambio, han rebajado la petición de penas para los otros acusados, Isaías H. -beneficiario de los contratos que presuntamente la líder de Junts adjudicó a dedo- y Andreu P. -quien supuestamente se prestó a facturar trabajos a su nombre para ocultar la presunta adjudicación-. Para Isaías H., se ha pasado de 6 a 2 años de prisión, y para Andreu P., de 3 años de prisión a 14 meses.

El motivo de la rebaja, ha argumentado la Fiscalía, es la aplicación de la atenuante de confesión a estos dos acusados, quienes en su declaración ante el tribunal confesaron las presuntas irregularidades y delataron a Laura Borràs, al admitir que los contratos se adjudicaron a dedo y que siguieron instrucciones de la presidenta de Junts sobre cómo ocultarlo.

En ese sentido, la fiscal Anticorrupción Teresa Duerto ha recordado que los acusados, a quienes atribuye los delitos de prevaricación y falsedad documental, "han declarado reconocer los hechos y la participación", lo que ha sido de vital "importancia para aclarar los hechos" enjuiciados.

Además de las penas de cárcel, la fiscal ha rebajado de 21 a 7 años y ocho meses de inhabilitación la condena para Isaías H., y a 2.100 euros la multa, mientras que a Andreu P. se la ha reducido a cuatro años y tres meses de inhabilitación y 2.250 euros de multa.

Para Borràs, la Fiscalía también mantiene la petición de multarla con 144.000 euros por los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental. 

Las defensas de Isaías H. y Andreu P. se han mostrado conformes con la calificación definitiva de la Fiscalía. La defensa de Borràs ha seguido pidiendo la absolución.

El juicio, que empezó el 10 de febrero, ha quedado visto para sentencia.

La Fiscalía sostiene que Borràs fraccionó contratos

La Fiscalía ha sostenido este miércoles que la presidenta de Junts fraccionó contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y ha criticado que descargara su "responsabilidad" en subordinados.

"Tenía pleno conocimiento de que se estaban fraccionando contratos, que los presupuestos que se aportaban eran falsos. Fue alertada de ello" por la administradora de la institución y por Roger E., que la sustituyó cuando ésta estuvo de baja, ha asegurado la acusación pública en el trámite de los informes finales.

Según Fiscalía, Borràs era la máxima responsable de la gestión ordinaria de la ILC, y entre sus funciones era dirigir, coordinar y supervisar todos los servicios: "Lo que no puede hacer es descargar su responsabilidad en subordinados. No puede alegar ignorancia deliberada".

Es más, considera que la administradora y Roger E. --que estuvo investigado, pero tras aportar nuevas pruebas contra Borràs no se le acusó y declaró como testigo-- alertaron a Borràs y ésta les dio "largas".

Durante su intervención, Fiscalía ha defendido la "credibilidad" de ambos, así como también la del jefe de gestión económica y contratación del departamento de Cultura, Joan M., y la de Roger E., y ha respondido a los cuestionamientos de la defensa de Borràs sobre que los funcionarios no denunciaran.

"A lo mejor si la ley reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción hubiera estado en vigor, algún subordinado de la entidad, que ven que su superior jerárquico infringe la normativa administrativa, se hubiera sentido apoyado", han sostenido.

Si no lo hicieron, según la acusación pública, era porque eran subordinados y porque su trabajo se limitaba a tramitar expedientes.

"No solo fue alertada por los funcionarios, también por las recomendaciones de la intervención delegada. Era consciente de ello e incluso hay correos electrónicos", ha agregado la fiscal para subrayar que Borràs era consciente de la arbitrariedad en los contratos.

Según ha recordado la Fiscalía, la investigación de la causa empezó "por un encuentro casual al llegar un paquete con dinero falso en el apartado de correos de una señora, cuando tenía que llegar" al de Isaías H., y es entonces cuando se interviene su teléfono y se intercepta una conversación en la que se refiere a que debe facturar unos 'trapis' con Borràs.

Esta conversación, añaden, dio pie a que se ampliara la investigación para conocer la relación de Isaías H. con la ILC, y en este marco destacan que hay una conversación entre ambos que confirma que éste "trabaja" para la institución.

Por ello, ha justificado que los Mossos d'Esquadra, durante la entrada y registro en la casa de Isaías H., buscaran en su ordenador las palabras 'Borràs' y 'Laura Borràs' --entre otras--: "Se utilizaron estas palabras porque estaban relacionadas con la actividad presuntamente ilícita que se estaba investigando".

Sobre el portal web de la ILC que Borràs acordó impulsar con el entonces conseller de Cultura Ferran Mascarell, la Fiscalía ha señalado que no se hubiera llevado a cabo "sin infringir de manera clara el procedimiento administrativo". 

También ha considerado que los correos electrónicos entre Borràs e Isaías H. acreditan que hubo fraccionamiento de contratos: "En los correos se da por hecho que Isaías H. será el adjudicatario. Ya saben que será el adjudicatario de la elaboración del portal y del proyecto 'Qué llegeixes'. Está valorado en 64.000 euros, y lo dividen en tres partes para cobrarlos de manera segregada".

Según la Fiscalía, de todo ello tiene conocimiento la señora Borràs: "Explica a Isaías como debe fraccionar el trabajo para que pueda ser sometido a contratación menor, y finalmente que pueda adjudicarse, como deciden desde un primer momento, a Isaías H".

En relación a que Borràs justificara la contratación de Isaías H. por su experiencia, consideran que en ningún expediente queda constancia de ello y tampoco que no hubiera otras personas que pudieran hacer estos trabajos: "¿Por qué entonces se pedían tres presupuestos? La única persona que hacía este trabajo era Isaías H".

La fiscal, además, ha negado que a Borràs se la persiga por motivos políticos, así como un uso "abusivo e ilegal" de las instancias judiciales para inhabilitar a la dirigente de JxCAT o para provocar su "repudio popular". "Nada más lejos de la realidad", ha replicado.

Con esta actuación, ha dicho, Borràs, de acuerdo con su amigo, "menospreció" la confianza de los ciudadanos en las instituciones, al actuar al margen de la normativa administrativa y vulnerar los principios básicos de transparencia y publicidad en la adjudicación de contratos en el sector público, según la fiscal. 

Borràs pide "justicia"

En una intervención de 16 minutos en el último turno de palabra, Borràs, además de afirmar que es víctima de una "persecución política" y asegurar que no renunciará a la independencia "sea cual sea" la sentencia, ha dicho que no ha cometido ningún delito.

Ha lamentado que en los últimos cinco años ha sufrido una "condena" pública, en la que se la ha "criminalizado" para presentarla como una "corrupta", y ha garantizado que, sea cual sea la sentencia, no renunciará ni a sus convicciones, ni a su ideología ni a seguir trabajando para "vivir en una república catalana independiente".

Borràs ha pedido al TSJC su absolución. "Soy la presidenta del Parlament y he servido con total dedicación hasta que esta causa me apartó de ello por los que, siendo políticos, hicieron de jueces antes que ustedes. Ustedes, que son jueces, aún tienen la oportunidad de hacer justicia", ha destacado.

La defensa: "Es un 'a por ella'"

Gonzalo Boye, abogado de la presidenta suspendida del Parlament, la ha proclamado también víctima de una causa política por pertenecer a una "minoría nacional" y ha criticado a las "autoridades públicas" que la han declarado culpable de antemano: "Hemos pasado del 'a por ellos' al 'a por ella".

La defensa de Borràs ha centrado el grueso de sus informes finales en denunciar las vulneraciones de derechos de las que, en su opinión, adolece la causa y reclamar la nulidad de las pruebas que incriminan a la presidenta de Junts.

Entre repetidas alusiones a la justicia europea -hasta el punto de vaticinar que habrá un litigio "Borràs contra el Reino de España"-, Boye ha descalificado una causa que a su parecer es "ajena al mundo del derecho" y se ha "sostenido mediáticamente en falacias", hasta generarse "un relato de que es culpable".

"Por autoridades públicas se ha dado por hecho la culpabilidad de Borràs, se le ha privado de un juicio justo de antemano", ha criticado Gonzalo Boye, tras lo que ha añadido que las declaraciones públicas contra su clienta "han sido masivas, abusivas, han sido un 'a por ella".

Mientras denunciaba que Borràs sufre persecución política por pertenecer a una "minoría nacional" o "grupo objetivamente identificable", Boye se ha jactado de haber acudido al juicio no solo a defender a la dirigente de Junts, sino "al Estado de derecho dese una perspectiva democrática".

"Lo que aquí ha pasado nunca debió pasar, al menos en una democracia", ha zanjado el abogado, tras advertir de que la causa contra la presidenta suspendida del Parlament lo devuelve a "tiempos pretéritos peligrosos".

Asimismo, el letrado ha arremetido contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ponente de la sentencia, Jesús María Barrientos, por demostrar falta de imparcialidad en el juicio, al retirar la palabra a la defensa, aludir en más de un ocasión a "fases posteriores" del proceso y, hoy mismo, al recriminarle que se "encarara" con la fiscal.

"Yo no me he encarado con nadie, me he girado para escuchar a la persona que estaba hablando, es una regla de educación", se ha justificado.

También ha cargado Boye contra las negociaciones que los otros dos acusados, beneficiarios de los contratos de la ILC, han mantenido con la Fiscalía para rebajar su pena a cambio de delatar a Borràs y contra los dos administradores de la entidad, Assumpta P. y Roger E., que la incriminaron con su testimonio.

En ese sentido, ha considerado que los dos funcionarios de la ILC "no son ajenos a lo que pasó" y ha recordado que tenían el deber de denunciar de haber apreciado irregularidades en la institución: "Desde Núremberg no se oía a tanta gente diciendo que solo cumplía órdenes", ha agregado.

Boye ha negado que con su línea de defensa esté descargando la responsabilidad de los contratos en los dos funcionarios de la ILC -"no la hay por parte de nadie", ha apuntado-, pero se ha mostrado convencido de que a los dos administradores "les ha entrado miedo" porque son conscientes de que "si han ido a por Borràs, pueden ir a por cualquiera".

Gran parte del alegato de la defensa se ha destinado a cuestionar que el material informático intervenido fuera correctamente custodiado por los Mossos d'Esquadra, a quienes Boye ha reprochado que incumplieran todos los protocolos para "garantizar la integridad y autenticidad" de las pruebas.

Ya sobre el fondo de los hechos de que se acusa a Borràs, Boye ha defendido que los trabajos que adjudicó a su amigo eran diferenciados, por lo que no hubo un fraccionamiento ilegal, y ha reconocido que los presupuestos que presento Isaías H. para hacerse con los contratos eran "mendaces, pero no falsos".

"Que hayan aceptado falsear documentos no significa que los hayan falseado en términos jurídicos. No ha pasado de la mendacidad", ha insistido.

Torra acompaña a Borràs

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha acompañado a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a la última jornada de su juicio este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

El primer día de juicio, Borràs llegó arropada por una concentración que reunió a unas 400 personas, entre ellas dirigentes de Junts como el exconseller Jordi Turull, pero no de ERC ni de la CUP.

Este miércoles también la han acompañado su marido, su hija y los diputados de Junts Aurora Madaula y Francesc de Dalmases.