La banca sugiere un retraso por el 28-M en su compromiso de garantizar oficinas o cajeros en zonas rurales

La Asociación Española de Banca (AEB) ha apuntado este miércoles en el Senado a la posibilidad de que se retrase en el cumplimiento del compromiso que adquirió el año pasado para garantizar que pequeños municipios que no tienen una oficina bancaria o un cajero cuenten con alguna manera de acceder a servicios financieros. En octubre del año pasado, bancos y cajas de ahorro se comprometieron a poner en marcha distintas soluciones, para municipios de más de 500 habitantes y de menos, y fijaron una primera fecha límite para abril. Dos meses antes, sin embargo, la asociación que las agrupa apunta a dificultades relacionadas con las elecciones municipales del 28 de mayo para que los alcaldes cumplan con la parte que esperan de ellos y cedan espacios municipales para efectuar estas transacciones.

"Nos preocupa un poco que algunos ayuntamientos dicen que con la proximidad con las citas electorales muchas de estas actuaciones las tienen que paralizar. Sería una pena porque porque colaboración está ahí, pero las citas electorales nos pueden frenar un poco. Tendremos que empujar un poco la hoja de ruta", ha afirmado este miércoles la directora general de la AEB, María Abascal, en la Ponencia de la comisión de Reto Demográfico del Senado que busca soluciones a la "exclusión financiera" que padecen cientos de miles de habitantes de zonas afectadas por la despoblación.

Cuatro meses después de que echara a andar, este miércoles ha comparecido la AEB, que ha advertido de que pueden retrasarse en su compromiso de procurar una primera fase de soluciones en abril. Ese mes se cumplirán los seis primeros meses de la aplicación de la hoja de ruta que la AEB, la CECA y la Unión de Cooperativas de Crédito firmaron para garantizar el acceso a servicios financieros a las 657.000 personas -el 1,4% de la población- que viven en municipios donde no tienen posibilidad de ir a un banco, a un cajero o disponer de dinero de otra manera.

El compromiso era facilitar en un plazo de seis meses que vence en abril que en los 243 municipios de más de 500 habitantes que se encuentran en esa situación tuvieran un punto de acceso mediante una oficina, un cajero automático, una oficina móvil o un agente financiero. Para los casi 3.000 pueblos de menos de 500 habitantes si acceso a servicios bancarios, la banca se comprometió a cerrar un acuerdo con Correos a través de los carteros rurales.

Si no se cumplen estas metas, existe otro plazo de otros seis meses en los que las entidades bancarias deberán ponerse de acuerdo para colocar cajeros "multimarca" en los municipios que sigan sin tener acceso a un servicio de banca.

Para poder cumplir el compromiso adquirido para abril en los pueblos de más de 500 habitantes, el sector bancario busca la colaboración "público-privada", con presupuestos públicos que financien estos servicios privados o mediante la cesión de locales municipales, seguridad y conexión a Internet para que la banca pueda dar su servicio en pueblos en los que ya no está presente. Abascal también ha animado a los ayuntamientos que lleven a cabo sus propias licitaciones para la instalación de cajeros automáticos.

Y es en esta intensa negociación con ayuntamientos e instituciones como la FEMP donde Abascal ha afirmado este miércoles que se están encontrando por una parte, con la falta de información de los alcaldes de que existe un plan para rehabilitar oficinas o cajeros y, por otra, con la cautela que muestran algunos regidores sobre la cesión de espacios a las puertas de las elecciones. Para la AEB, estas resistencias podría llevar a retrasar el primer hito del mes de abril, cuando tanto senadores como el Gobierno esperan un informe con el grado de cumplimiento de estos compromisos.

"El cajero no puede ponerse en mitad del campo", ha indicado la directora general de AEB para subrayar la importancia de que los ayuntamientos colaboren con los bancos para procurar que éstos prestan un servicio presencial -no solo telemático- a sus vecinos.

Retirar dinero en la tienda

Además, la AEB está en conversaciones con el Banco de España sobre la posibilidad de que, sobre todo en los pueblos más pequeños, sea posible retirar dinero en metálico en bares y pequeños comercios. La fórmula que se estudia es que la retirada de dinero se pudiera hacer mediante una función concreta en las máquinas TPV, los lectores para poder pagar con tarjeta. Abascal ha recalcado que para que eso sea posible se tiene que llegar a acuerdos con los comercios en cuestión y también "finalizar el encaje normativo", de modo que a ellos se les exijan requisitos más laxos que a negocios más grandes.

La expectación es máxima por conocer el informe de abril solo en el Senado. Este miércoles también ha comparecido en la Ponencia el director general del Tesoro y Política Financiera, Álvaro López, que ha señalado que el Ministerio de Asuntos Económicos también espera el informe de "evaluación para abril". De momento, ha dicho que "las asociaciones del sector nos transmiten que las entidades ya han avanzado de manera sustancial para dotar de puntos de acceso a los municipios de más de 500 habitantes".

"Vamos avanzando bien, a buen ritmo", ha dicho Abascal sobre unas intensas negociaciones en las que, sin embargo, encuentra un "desigual" grado de conocimiento de la iniciativa y de disposición, según ha dicho,  por la cercanía de las elecciones de mayo.

Diagnóstico optimista

Abascal ha expuesto en el Senado un diagnóstico sobre la exclusión de servicios financieros en las zonas afectadas por la despoblación bastante más optimista del que llevó a crear la Ponencia. Según ha dicho, el el 98,6% de la población española tiene acceso a una oficina bancaria o a un cajero en su lugar de residencia, el 98% de la población mayor de 15 años tiene una cuenta corriente a su nombre y España es el tercer país de la UE con una red más densa de oficinas bancarias y ocupa el cuarto por lo que respecta a la presencia de cajeros. "No hay municipios de más de 1.000 habitantes que no tengan una oficina y casi el 90% de los municipios que no la tienen no la tenían ya en 2008", el año que terminó la expansión bancaria y empezaron a cerrar oficinas, que se clausuraron en municipios de más de 10.000 habitantes que contaban con más de una.

"El medio más común de pago es la tarjeta de débito (el 54% de los casos) y el 36% en efectivo", ha dicho Abascal citando datos del Banco de España. "España forma parte del grupo de países con mayor inclusión financiera", ha aseverado.

En el otro extremo, la directora general de la AEB ha señalado que el 1,4%  de la población, 657.000 personas, viven en lugares sin acceso a ningún tipo de servicio bancario. La radiografía de ellos que hace la banca es que viven en zonas afectadas por la despoblación, en pueblo pequeños y de carácter rural que tienen una media de 204 habitantes y una densidad de población promedio de 6,1 habitantes por kilómetro cuadrado -se considera despoblación de 12 para abajo-, con una renta por hogar más reducida y un porcentaje elevado de personas de más de 65 años.

Con este panorama, Abascal ha destacado como ventajas que el 99% de estos habitantes tiene una oficina bancaria o un cajero a cinco kilómetros y "a menos de 10 minutos por carretera". "Ese 1,4% [de la población] debe recorrer de media ocho kilómetros e invertir 10 minutos en llegar", ha añadido la representante de la AEB, a quien en buen tono los grupos han afeado que no tenga en cuenta que para eso debería estar asegurado el transporte público o el coche privado, que es algo que no siempre sucede.

Distancias cortas pero sin transporte

"Dice que los servicios financieros son suficientes porque llegan al 98% de la ciudadanía, una amplia mayoría por habitantes pero no suficiente en términos de territorio, que es lo que tratamos en esta ponencia", ha manifestado la senadora de ERC Sara Bailac. "Un 1,4% [de habitantes] son muchos para nosotros aunque en porcentaje puedan no parecerlo", ha terciado el senador del PP Manuel Blasco, que ha aclarado que esos menos de 700.000 habitantes son la razón de la existencia de la Comisión de Reto Demográfico y de los trabajos de la Ponencia sobre exclusión financiera. "En las zonas rurales no solo gente mayor, también joven que quisiera montar un negocio y no puede si no hay acceso a Internet ni a servicios financieros", ha añadido Blasco, que también ha reclamado al Gobierno que garantice la banda ancha en todo el territorio.

"Muchas veces se pone sobre la mesa que existen en un radio de cinco o 10 kilómetros. Usted dice una media de 10 minutos pero eso presupone que la población se puede desplazar a otro municipio, que hay transporte público o tiene vehículo privado, que no siempre es así", ha añadido Bailac. El senador del PSOE Miguel Ángel Nacarino reivindicado el "derecho" de los habitantes de zonas con despoblación a "recibir en igual de condiciones servicios financieros.