La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, cree que el Ejecutivo no solo debe afear a Ferrovial el traslado de su sede social a Países Bajos, sino que también tiene medios para "actuar". Así lo planteó Díaz este jueves en una entrevista en la Cadena SER, en la que exigió al consejo de administración de la multinacional que reconsidere su decisión y en la que también deslizó que el Gobierno puede tomar "muchas medidas" que dificulten el traslado de la empresa o la fuercen a replanteárselo, si bien no las concretó.

Dos días después de hacerse público el anuncio de Ferrovial, la vicepresidenta recordó que la empresa "se acogió a varios ERTE" durante lo más duro de la pandemia de Covid-19 y, por tanto, los españoles "la hemos salvado con dinero público". De ahí que Díaz, en línea con lo que han expresado también varios ministros del ala socialista del Gobierno, se muestre "en total desacuerdo con esta decisión" y la calificara este jueves de "nefasta". Más aún, señaló la dirigente, "en una empresa nacida al albur de los contratos con la administración pública".

Díaz, eso sí, no concretó qué medidas considera que debería aplicar el Gobierno para frenar el traslado de Ferrovial a los Países Bajos. "No me compete a mí", se excusó, si bien recordó que, durante la pandemia, el modelo de ERTE que se diseñó incluyó medidas como la prohibición de repartir dividendos a las compañías que se beneficiaran de los fondos públicos para mantener a su personal y también prohibió acogerse a los ERTE a las empresas radicadas fuera de España. 

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Para la vicepresidenta segunda, Ferrovial "no es cualquier empresa" tanto por su volumen como por su protagonismo a la hora de acceder a la contratación pública. Y, en esta línea, Díaz también recordó que el Ministerio de Trabajo acaba de elaborar una norma en la que se obliga, ante procesos de deslocalización, "a devolver todos los recursos públicos que hayan percibido". Díaz, además, sí exigió expresamente a Ferrovial que "mantenga los más de 5.000 puestos de trabajo que tiene en España".

Preguntada por los motivos que han llevado a la constructora a anunciar su traslado a los Países Bajos, la vicepresidenta segunda del Gobierno cargó contra el modelo fiscal de ese país, al que acusó de promover la "ingeniería" tributaria para que las grandes empresas paguen pocos impuestos. "En la Europa que queremos no puede ser que tengamos paraísos fiscales, porque el problema está en la ingeniería fiscal que tiene Holanda, que permite a las empresas tributar menos", denunció.