El enfado en el Gobierno con Ferrovial crece por momentos. La decisión de trasladar la sede social de la compañía a Países Bajos ha molestado especialmente en el Ejecutivo, que ve en la situación económica una de sus principales bazas para dar el vuelco a las previsiones demoscópicas, que no les son demasiado halagüeñas. Por los motivos que aduce la empresa -inseguridad jurídica, entre otros- y por el mensaje que traslada a la opinión pública. Tal es el cabreo que algunos miembros del Consejo de Ministros o bien hablan de "codicia" o bien señalan directamente a su presidente ejecutivo, Rafael del Pino, y a sus posibles intenciones de ahorrarse impuestos.
En Moncloa tildan las razones esgrimidas por Ferrovial de "ridículas". Sin paliativos. En estos términos se pronunciaron fuentes gubernamentales en una conversación con periodistas en el avión que trasladaba a Pedro Sánchez a Irlanda y que fueron recogidos por la Agencia EFE. Aseguran, además, que todos los indicadores sitúan a España entre los mejores países del mundo para invertir.
Según datos del Ministerio de Comercio, de enero a septiembre de 2022, los flujos de inversión extranjera en España bruta alcanzaron los 22.457 millones de euros, un crecimiento del 54,9% respecto al mismo periodo que el año anterior. Además, el Gobierno también citan la velocidad que comienza a ganar el despliegue de los fondos europeos, con grandes inversiones que empiezan a cerrarse. Es el caso de la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia).
El Ejecutivo asegura que se encuentra ahora analizando la marcha de la constructora. Reconocen que cuentan con poco margen de acción para paralizarla, a no ser que se demuestre que es ficticia. Esto que miembros del PSOE reconocen en privado, Unidas Podemos lo ha reconocido en público presentando una proposición de ley con la que pretenden obligar a Ferrovial a devolver las ayudas recibidas en la última década.
Así las cosas, Moncloa se queja de que no se le comunicó la marcha antes de hacerla pública y apunta directamente a Del Pino y a su familia, a los que acusan de hacer salir a la empresa para ahorrarse impuestos. "Qué mala consejera es, a veces, la codicia", apuntó por su parte el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. En una entrevista televisiva en TVE, también señaló que la decisión de Ferrovial cuenta con "una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal" que se debe a "un pequeño diferencial de tipos". La decisión tiene "mucho riesgo", advirtió el ministro, basándose en que también la tomaron entidades bancarias antes de la crisis financiera de 2008 para "obtener bonus más grandes" y que, sin embargo, finalizaron con "resultados negativos".
En Moncloa están convencidos de que la decisión de Ferrovial no conllevará un efecto llamada porque el resto de grandes compañías no seguirán el mismo camino. Opina de igual forma la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, que mostró su satisfacción por los pronunciamientos de otras empresas del Ibex en este sentido. "He escuchado declaraciones públicas que van en línea con lo que yo digo. Estas empresas tienen un compromiso fuerte con nuestro país porque son conscientes de que tener la base en España ha sido justamente lo que les ha permitido convertirse en grandes multinacionales", apuntó en una entrevista en Onda Cero.
Calviño dijo haber recibido mensajes de empresarios pero en el sentido contrario al de Ferrovial. "Si he tenido algún mensaje es de preocupación, de que esperan que no haya un cambio de Gobierno", declaró la responsable de Economía, que aseguró que a las empresas "les ha ido muy bien" con el Gobierno "porque están contando con una política económica favorable de inversión e innovación".
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