El pasado mes de enero, el Congreso convalidó el tercer decreto con medidas anticrisis que incluía dos artículos para acelerar la autorización de los proyectos de renovables. La posibilidad de que todos los que no estuvieran en zonas protegidas o en el mar, sin importar su tamaño, pudieran pasar sin una evaluación de impacto ambiental y solo con un estudio de afectación ambiental elaborado por el promotor levantó polémica entre ecologistas, en la España despoblada y también entre los grupos del Congreso, que votaron a favor del decreto a cambio de que pudiera tramitarse como proyecto de ley, para poder modificarlo. 

Ribera levanta la obligación de evaluación de impacto ambiental a grandes proyectos de eólica y fotovoltaica en zonas no protegidas

Lo que querían reformar precisamente eran estos dos polémicos artículos del decreto -el 22 y el 23-, pero pasan las semanas y sigue sin echar a andar el proceso legislativo para ello, que permanece bloqueado en la comisión de Transición Ecológica, bajo la losa de la ampliación, semana tras semana, del periodo de presentación de enmiendas. Por muchas que presenten los grupos parlamentarios -muchos de ellos verdaderamente movilizados para aumentar las garantías medioambientales de parques eólicos y fotovoltaicos-, nada se moverá hasta que la Mesa del Congreso adopte una decisión en contrario para dejar de ampliar los plazos de enmiendas y dar comienzo a la tramitación.

Mientras, la ley vigente indica lo que aprobó el Consejo de Ministros el 27 de diciembre. El decreto ley -convertido ya en proposición de ley- elimina el criterio de tamaño que se había fijado meses antes para exonerar a cualquier proyecto de renovables que no esté en la Red Natura u otro espacio protegido o en el mar de la evaluación de impacto ambiental que hacen los técnicos de la administración si en un plazo de 10 días estos  deciden que el informe de afectación ambiental que deberá elaborar el propio promotor es insuficiente.

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, niega insistentemente que la nueva ley suponga rebajar los requisitos medioambientales para construir parques solares o eólicos, porque si los promotores no dan suficientes garantías medioambientales los proyectos pasarán igualmente a la mesa de los técnicos de la Administración. Sin embargo, esta ley ha puesto en pie de guerra a ecologistas y defensores de la España despoblada porque, además, también suprime las consultas y presentación de alegaciones por parte de partes afectadas como ayuntamientos o vecinos.

Unidas Podemos también prepara enmiendas

Por eso, en enero fueron varios los grupos que advirtieron al Gobierno desde la tribuna del Congreso que apoyarían o se abstendrían al decreto pero solo porque más adelante podrían intentar enmendarlo, algo que de momento no es posible porque no se cierra el periodo para presentar enmiendas y no se crea la ponencia donde se debatirían y votarían.

Unidas Podemos presentará "en los próximos días" las suyas propias para "reformar" los artículos de marras y "recuperar" la evaluación de impacto ambiental en todos los casos, además de las consultas públicas y la posibilidad de presentar alegaciones.

El 13 de febrero se abrió por primera vez el plazo de enmiendas a esta ley y desde entonces todos los miércoles se ha ido ampliado. En estos momentos, el plazo expira el 8 de marzo, pero los grupos dan por descontado que volverá a fijarse una nueva fecha. "El plazo se va a volver a ampliar", asegura el diputado del PP Juan Diego Requena, que afirma que hasta que no tengan la certeza de que el Gobierno vaya a permitir la tramitación y negociar las enmiendas de los grupos, los populares no tienen previsto registrar las suyas. Sin entrar en detalles, deja constancia también de la oposición del PP a que se relajen los criterios medioambientales en el despliegue de energías renovables, en la línea de otros muchos grupos y, en términos generales, denuncia el "secuestro" al que el Gobierno dice que tiene sometido al Congreso mediante la prolongación sine die de los plazos de enmiendas, que también mantienen paralizadas leyes tan claves como la de Vivienda.

"Es una vergüenza", exclaman desde Teruel Existe, cuyo único diputado, Tomás Guitarte, volverá a presentar las mismas enmiendas que ya registró contra el proyecto de ley en que derivó el decreto que en marzo del año pasado ya abrió la posibilidad de que no hubiera evaluación de impacto ambiental en los parques más pequeños, de hasta 75 MW de potencia instalada eólica y 150 fotovoltaica. Incluso a intentar incluir en esta norma -que en realidad abarca todo el tercer paquete de ayudas por la guerra de Ucrania y la erupción del volcán de La Palma- enmiendas para modificar la ley de autoconsumo, que también duerme el sueño de los justos en la comisión parlamentaria de Transición Ecológica.

El lugar donde se toma esta decisión es la Mesa del Congreso, que reúne a su presidenta, vicepresidentes y secretarios. Allí, una vez que se decide ampliar el plazo de enmiendas en una comisión parlamentaria, la decisión de renovarlo es automática cada semana, siempre que no haya una decisión en contrario. Paradójicamente, y a pesar de que se dispone a presentar sus enmiendas en contra de la posibilidad de que no haya evaluación de impacto ambiental, Unidas Podemos se mantiene alineado con el PSOE para que de momento nada se mueva en la comisión de Transición Ecológica, debido a que prefiere que el socio mayor del Gobierno acelere en otras materias.

Iniciativas y comparecencia de Ribera

Ante esta situación, grupos con menos diputados están movilizados para intentar modificar la ley por otros medios y para insistir en ello directamente ante Ribera. El pasado 1 de febrero, ERC, Bildu, Más País, Compromís, BNG y CUP -suman 24 diputados- reclamaron la comparecencia de la vicepresidenta tercera en la comisión de Transición Ecológica para "exponer la motivación y las graves consecuencias que la aplicación de los artículos 22 y 23 del real decreto Ley 20/2022 relativos a la relajación y exención de las evaluaciones e informes ambientales para los grandes proyectos de energías renovables y la eliminación del proceso de participación y alegación ciudadana de los procedimientos pueden generar sobre la protección ambiental de las zonas afectadas, así como el impacto social y económico negativo que pueden conllevar sobre la ciudadanía".

Ese mismo día, estos partidos acompañaron esta petición ante la Mesa del Congreso con el registro de una proposición no de ley que insta al Gobierno a "derogar" los polémicos artículos 22 y 23 del tercer paquete anticrisis, relativos a la aceleración del despliegue de renovables.

Por su parte, el BNG recibió el apoyo del Grupo Plural del que forma parte para registrar el 30 de enero una proposición de ley que, de prosperar, obligaría al Gobierno a "suprimir" todos los artículos de las tres leyes que desde marzo del año pasado han venido levantando la obligación de evaluación de impacto ambiental a los proyectos de renovables, primero a los de tamaño más pequeño hasta terminar en diciembre abriendo la puerta a que esto pudiera ser así sin importar las dimensiones.

"Derogar las reformas introducidas (...) de manera que se mantenga la tramitación ordinaria que establece la necesidad de emitir una Declaración de Impacto Ambiental, además de proceder a su publicación y apertura de un plazo de alegaciones para las personas, colectivos y entidades afectadas o interesadas", dice la iniciativa parlamentaria registrada por el diputado gallego Néstor Rego, que espera que el debate de esta proposición de ley  "no sea vetada, aunque no sería el primer caso". En todo caso, iría para largo porque el Grupo Plural es pequeño y los ocho partidos que lo componen, demasiados para repartirse los tiempos. Rego espera que pueda admitirse a trámite y debatirse dentro de tres a seis meses.