Los sindicatos quieren "paralizar Francia" este martes en su mayor envite hasta ahora para intentar frenar el proyecto de reforma de las pensiones del Gobierno, con el objetivo de que las huelgas y protestas sean este martes mayores que las realizadas hasta ahora.
Las centrales sindicales aspiran a que una masiva protesta popular fuerce al Ejecutivo a dar marcha atrás, igual que lograron en 1995 con una enorme movilización contra la reforma del Gobierno del conservador Alain Juppé, que tenía mayoría absoluta en el Parlamento.
La huelga ya comenzó el viernes con una reducción de la producción de electricidad, mientras que algunos camioneros comenzaron a bloquear algunas carreteras ayer lunes y el paro en los ferrocarriles ya dio inicio en la tarde pasada, debido a la organización de los turnos.
Respecto a los otros paros que ha habido en enero y febrero, esta vez habrá muchos más trenes y vuelos suspendidos. El transporte público de la región parisina también se verá más afectado.
"Los más perjudicados por las huelgas serán los franceses más modestos", afirmó la primera ministra, Élisabeth Borne, en una entrevista televisiva la pasada noche, en la que recalcó que una eventual paralización del país será "mala para los ciudadanos".
Los sindicatos han convocado manifestaciones por todo el país y, como de costumbre, la mayor será la de París. En total, la policía anticipa entre 1,1 y 1,4 millones los participantes en las protestas.
Los puntos más conflictivos de la reforma son el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, que entraría en vigor en 2030, y el adelantamiento a 2027 del alargamiento del período de cotización para tener la pensión máxima, de 42 a 43 años, hasta ahora previsto para 2035.
Todas las encuestas de los últimos meses muestran un rechazo muy mayoritario a la reforma (un 68 %, según un sondeo de Ifop publicado el domingo) y un apoyo a los sindicatos en sus planes para continuar las huelgas más allá del martes (un 56 %, según otro sondeo de Elabe hecho público el lunes).
Sin embargo, el Gobierno se mantiene firme, con el argumento de que si no hay reforma el sistema tendrá un déficit anual de 12.500 millones de euros en 2030, y espera aprobar este mismo mes el proyecto, que está siendo tramitado en las dos cámaras del Parlamento por procedimiento de urgencia.
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