El Gobierno ha dado el visto bueno en un año a 35 proyectos renovables por la vía exprés y ha exigido evaluación ambiental a otros 18

El Ministerio de Transición Ecológica ha dado el visto bueno a 35 proyectos para la construcción de parques de energía eólica o fotovoltaica cuyos promotores optaron por el método simplificado, que les exime de someterlos a una evaluación de impacto ambiental presentado un informe de afectación ambiental que la Administración consideró aceptable. Se trata del 30% de los 118 proyectos de renovables que, desde que la ley lo permite -por primera vez, en marzo de 2022-, optaron por acudir a la vía rápida y que ya se han resuelto. A otros 18 proyectos no les sirvió elegirla porque los técnicos ambientales consideraron insuficientes los informes de afectación ambiental y les obligaron a presentar una evaluación de impacto ambiental ordinaria.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha dado por primera vez este miércoles en el Congreso datos sobre qué efecto están teniendo las sucesivas leyes que desde marzo del año pasado han ido levantando progresivamente la obligación de que en todos los casos los proyectos para construir parques de renovables debieran contar con una evaluación de impacto que en estos momentos se tarda años en obtener. Primero, en marzo, se eximió de este requisito a las instalaciones más pequeñas, de hasta 75 MW de potencia instalada eólica y 150 fotovoltaica, y en diciembre del año pasado se abrió a las de cualquier tamaño, siempre que no estuvieran en zonas de Red Natura o con otro tipo de protección o en el mar y que las líneas de evaluación no superaran los 220 kilovatios o 15 kilómetros de longitud. 

Si el cambio en marzo pasó desapercibido, el cambio de ley de diciembre provocó una oleada de críticas de ecologistas, vecinos y plataformas de la España despoblada, que también llegaron al Congreso, donde los socios del Gobierno exigen la derogación de los controvertidos artículos 22 y 23 del decreto en el que se insertó la reforma en diciembre. Prácticamente todos los partidos -desde Unidas Podemos, socio de Gobierno, hasta Vox- han reiterado sus críticas ante Morán, que ha insistido una y otra vez que la nueva regulación supone reducir plazos administrativos pero no rebajar exigencias medioambientales porque no supone modificar las directivas europeas de Hábitats, ni Aves y ni Agua.

Para intentar calmar los ánimos, Morán ha comparecido este miércoles en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente con los primeros datos sobre proyectos admitidos y rechazados con el controvertido procedimiento 'exprés' o "simplificado", como lo ha llamado el secretario de Estado. Según ha dicho, desde que entró en vigor el primer decreto al respecto, que se aprobó el 29 de marzo de 2022, se han presentado ante el Ministerio un total de 300 proyectos para la construcción de parques eólicos o fotovoltaicos, una cifra muy superior a la que solía ser normal, 80 o 90 al año, ha dicho.

De esos 300, los promotores de 130 de esos proyectos pidieron el "procedimiento abreviado", para intentar pasar el trámite con un informe de afectación ambiental realizado por ellos mismos y que Morán ha recordado que debe incluir posibles afectaciones en la Red Natura 2000, en la biodiversidad, en especies protegidas, litoral y cauces, sobre la generación de residuos o sobre el patrimonio cultural. Sobre la cifra de 130 proyectos de renovables por la vía exprés, ya se han resuelto 118 y que de ellos 35 lo han sido favorablemente, mientras que otros 18 casos deberán pasar a "tramitarse en el procedimiento de evaluación ambiental" ordinario, es decir, el que realizan los técnicos de la Administración, en este caso del Ministerio de Transición Ecológica después de considerar que el informe del promotor era insuficiente. La cifra de 118 se completa con otros 30 proyectos que fueron inadmitidos "por deficiencias en la presentación de los mismos" y otros 35 casos en los que el promotor finalmente desistió.

A estos datos se sumarán previsiblemente otros tres proyectos autorizados solo con el informe de afectación ambiental del promotor de otros nueve que están ahora mismo en tramitación y otros seis que previsiblemente tendrán un resultado "desfavorable" y también deberán someterse a evaluación de impacto ambiental.

"Ni un ápice de relajación"

Tomando el total de 118 proyectos que han optado por la vía exprés y ya están resueltos, solo el 30% habrían tenido el visto bueno, algo en lo que Morán se ha apoyado para asegurar que como "conclusión" que "la agilización del procedimiento administrativo en ningún modo menoscaba  exigencias ambientales".

"Puedo garantizar con absoluta seguridad que no hay ni un ápice de relajación en los procesos de evaluación ambiental en cuanto a la exigencia de garantías medioambientales", ha asegurado Morán, en contra por ejemplo de las advertencias que ya en diciembre ya hizo la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental sobre lo que podría suceder si se eximía a ciertos proyectos de la evaluación de impacto ambiental.

"Les puedo garantizar una cosa -ha recalcado Morán-. Si hay funcionarios que son especialmente rigurosos en los procesos que siguen adelante son los que están encargados de los procesos de evaluación ambiental, porque son los funcionarios que habitualmente están sometidos a trámites de recursos que en muchos casos acaban en vía judicial en función  de las resultantes de las DIA [declaración de impacto ambiental]. Si son positivas, por parte de quienes se oponen; y si son negativas por parte de quienes tenían expectativas de que fueran positivas", ha dicho.

Especulación en el 'boom' renovable

Casi tres meses después de que a finales de diciembre el Gobierno introdujera dos artículos para acelerar la autorización de renovables en el decreto-ley del sexto paquete de medidas por las consecuencias económicas de la guerra, Morán ha acudido al Congreso a explicar por qué a ojos del Ejecutivo el procedimiento exprés que exime a algunos proyectos de evaluación de impacto ambiental no afecta a las garantías ambientales. Tras reconocer que son los propios promotores los que han reclamado al gobierno "más agilidad" en los proceso de autorización, también ha asegurado que el Gobierno "no tiene objetivos oscuros" y que, como línea roja en esta aceleración, "no hemos ido más allá de lo que las exigencias ambientales nos marcaban".

También se ha referido a la "confusión" que cree que existe en el hecho de que hasta ahora la mayoría de las peticiones y mensajes que el Ministerio recibía por parte del Congreso eran a favor de agilizar los trámites. "De un tiempo a esta parte", sin embargo, las "preocupaciones" tienen que ver con si no debería haber una mayor exigencia en la tramitación de proyectos de renovables.

Los portavoces de los distintos grupos de la comisión de Medio Ambiente no han incidido en este cambio de actitud y han insistido ante Morán en la posibilidad de que la vía rápida permita autorizar proyectos que no deberían estarlo y en que el despliegue de renovables que está promocionando el Gobierno de esta forma solo beneficia a los fondos de inversión y a las grandes empresas, en lo que han llegado a calificar como "boom renovable" y "cierra el mercado" a las pequeñas instalaciones.

"Se priorizan las renovables especulativas para las corporaciones y se cierra el mercado a las pequeñas instalaciones. Se impulsan macroproyectos para venderlas a empresas y se paraliza la generación autodistribuida", ha abierto fuego el diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte. "Pensamos que el impulso a las renovables por parte del Gobierno se está haciendo de forma desordenada y en interés de las grandes empresas eléctricas que son las únicas que se están beneficiando de este verdadero boom eólico", ha terciado el diputado del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, en particular de lo que sucede en Galicia, donde ha llegado a pedir al secretario de Estado que "se impida la eólica marina en la costa gallega", días después de que el Gobierno designara en la demarcación Noratlántica la mayoría de las zonas donde podrán ponerse aerogeneradores.

Desde dentro del propio Gobierno, el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, también ha incidido en sus diferencias con  Transición Ecológica por lo que respecta al vía exprés par autorizar renovables. Su portavoz y presidente de la comisión de Medio Ambiente, Juan López de Uralde, ha pedido que se deroguen los dos artículos que la sustentan en el proceso de tramitación como proyecto de ley del decreto porque, ha dicho, "suponen un error".

"Esta simplificación puede hacer que pasen por buenos proyectos que no lo son y perjudique al conjunto de un sector en el que hay que ser especialmente cuidadosos y sensibles porque, si no lo somos, se puede generar,  ya se está generando de hecho, una oposición y preocupación en los territorios", ha manifestado el portavoz de Unidas Podemos.

Las críticas no han venido solo desde los partidos de izquierda. Este miércoles, se ha producido en el Congreso una extraña confluencia entre sus mensajes y el de Vox. Sy portavoz en la comisión de Medio Ambiente, Ricardo Chamoro, ha hablado de "gigantismo fotovoltaico y eólico", de que el despliegue de renovables "se está convirtiendo en una burbuja monopolizada por los grandes fondos de inversión y empresas especuladoras" y hasta del "impacto visual y paisajístico", antes de pedir al Gobierno que "nos e pongan más trabas a la energía nuclear".

El PP, por su parte, no ha sido tan claro en su oposición al despliegue de renovables y ha optado por incidir en la posición en que todas estas críticas dejan al Gobierno. "¿Cómo es posible que ustedes, que están a la vanguardia de la protección, como ha dicho el portavoz del grupo Podemos, están justificando que se rebajen exigencias desde el punto de vista ambiental?", ha señalado su portavoz, César Sánchez.