"Aquí yace la palabra del Ministerio de Justicia", rezaba el epitafio de una tumba de cartón entre las cabezas de los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) concentrados este jueves frente a la sede de la cartera de Pilar Llop. Tras 45 días de huelga indefinida, el gremio se siente traicionado por la falta de acuerdo con el Gobierno, al que acusan de permanecer impasible ante una situación desastrosa para la Justicia española. Por eso varios cientos de letrados judiciales de toda España se han manifestado en la capital y han pedido a la ministra Pilar Llop que les convoque a una nueva reunión, "o que dimita". 

En la calle San Bernardo, donde se ubica el ministerio, los letrados se han congregado para reprochar las actuaciones de Llop, leer su manifiesto, cantar una canción compuesta expresamente para la ocasión y, finalmente, guardar un minuto de silencio por la Justicia a la que el Gobierno deja "defenecer". Megáfono en mano, uno de los asistentes se ha encargado de pronunciar el discurso destacando la "unidad" del cuerpo de los LAJ ante "los embates" del ministerio y de "algunas de sus terminales mediáticas".

Una vez más, los secretarios judiciales han insistido en que la cartera de Llop incumple los acuerdos alcanzados en abril de 2022. El punto más importante de estos acuerdos, clave en la batalla por el relato de este conflicto, es la cláusula de reenganche. 

Según los LAJ, el ministerio prometió aplicar esta medida que consiste, básicamente, en subir el sueldo de los letrados hasta equipararlo al 85% del salario de los jueces. Una subida que el ministerio ve "imposible" ya que, según sus cálculos, supondría aplicar un aumento lineal de 1.100 euros por nómina, lo que equivale a 61 millones de euros al año. El Ejecutivo asegura que los salarios de este cuerpo de funcionarios oscilan entre los 39.000 y los 60.000 euros anuales, lo que a su juicio convierte esta huelga en una protesta "de privilegiados".  

El portavoz del Comité de Huelga, Xoán Xosé Yáñez, admite que la horquilla calculada por el ministerio es correcta, "aunque la mayoría de los letrados están en la parte baja de ese espectro". De todas formas, según declara Yáñez a 20minutos, Justicia aceptó en su momento la subida que reclama el gremio. Pero tras cuatro reuniones fallidas, el equipo de Llop ha trasladado por escrito una propuesta que contempla subidas a los sueldos más bajos pero que, según reprochan desde el comité, "no llega al 30% de lo que se prometió en abril". 

El desencuentro en este punto ha dejado la negociación completamente varada, ya que Justicia considera que "la pelota está en el tejado de los huelguistas" y los letrados piensan todo lo contrario. Ninguna de las partes tiene intención de mover ficha. "Al Ministerio le toca convocarnos a una negociación real e iremos inmediatamente", asegura Yáñez, que conversa con 20minutos de camino al aeropuerto para volar hasta Vigo, donde reside y ejerce. "Si me llaman ahora mismo, me doy media vuelta", apunta. 

Los ánimos están especialmente caldeados este jueves después de que el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, declarase al diario El País que "pocos ciudadanos" cobran sueldos tan cuantiosos y contemplase que "hay funciones de los letrados que a lo mejor pueden hacer otros cuerpos". Unas declaraciones que los letrados reciben como "otra de las ocurrencias" de sus interlocutores. "Si no nos van a pagar, que nos retiren las funciones, pero no se quién las va a asumir a coste cero", plantea en este sentido el portavoz de los secretarios judiciales. 

La ausencia de gran parte de estos funcionarios durante más de cuarenta días está ocasionando un perjuicio tremendo para la Justicia, ya que son ellos los encargados de dar fe pública de las actuaciones judiciales, con lo que estas no pueden realizarse sin su presencia. El resultado son más de 260.000 juicios suspendidos, casi 1.000 millones de euros del erario público bloqueados y más de 350.000 demandas pendientes de reparto. 

El resto de profesionales de la Justicia y los usuarios de la misma son los principales perjudicados. El sistema ya estaba saturado antes de que la huelga irrumpiese en los tribunales españoles, con lo que muchos ciudadanos que llevaban meses o años esperando a la celebración de un juicio tendrán que aguardar aún más tiempo porque han visto cancelada su cita. 

Aún más, muchos advierten de que el aviso de suspensión llega el mismo día de la cita. En multitud de ocasiones, los abogados y sus clientes simplemente se encuentran un cartel pegado en la puerta del juzgado a modo de notificación: "Huelga de letrados de la Administración de Justicia. Juicios suspendidos, disculpen las molestias". Los permisos de los trabajadores que acuden al juzgado acaban dedicados a un día perdido y los abogados no cobran por el servicio que no han podido ofrecer y que deberán preparar de nuevo cuando la vista se vuelva a celebrar.