El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha hecho una incursión en la política relativa a la expansión de las energías renovables que lidera el Ministerio de Transición Ecológica para promover una ley que prohíba la instalación de parques eólicos o fotovoltaicos en zonas de cultivo de regadío. Es es el objetivo de una futura norma para la que ya se ha cerrado una consulta pública y como siguiente paso debería convertirse en anteproyecto de ley, sin que el departamento de Teresa Ribera confirme de momento si está de acuerdo con este plan.

El 6 de marzo se cerró una consulta pública en la que el Ministerio de Agricultura pedía a las partes interesadas que se manifestaran sobre su plan de crear una ley -o, previsiblemente, modificar una ya existente- para la "protección de los usos del suelo de las zonas regables declaradas de interés general". La reforma legal es el camino que marcó a Planas la Abogacía del Estado, tras consultar con qué mecanismo legal podía "no variar el uso del suelo mediante su ocupación con parques solares, eólicos u otras actividades de energías renovable a gran escala".

Instituto Geográfico Nacional.

De acuerdo al borrador de Agricultura, la norma establecerá que "no podrán autorizarse en suelo rústico instalaciones de generación de energías renovables que consistan en plantas o parques industriales y sus infraestructuras auxiliares, como la fotovoltaica y eólica" en terrenos "sobre los que se hayan desarrollado zonas regables, bien mediante la transformación de secano a regadío o bien mediante la modernización de regadíos ya existentes, declarados de interés general del Estado y que hayan contado con inversiones públicas". 

La prohibición de instalar en ellos parques de energías renovables "tendrá una vigencia de 50 años" después de recibir ayudas públicas. También se hará extensible a "zonas regables declaradas de interés general del Estado" donde no se hayan realizado inversiones públicas pero que estén previstas a través de un Plan General de Transformación.

Choques Planas-Ribera

Tras cerrarse la consulta pública, el recorrido de la futura norma pasaría por que el Consejo de Ministros diera una primera luz verde aprobando un anteproyecto de ley que, tal y como calcula el sector, reformaría el primer artículo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973, que en su primer artículo simplemente indica que "el suelo rústico deberá utilizarse en la forma que mejor corresponda a su naturaleza, con subordinación a las necesidades de la comunidad nacional". Por el contrario, Planas no ve problema en que las parcelas de regadío tengan instalaciones de energías renovables con las que generar la electricidad que ellas mismas precisan y plantea una redacción adicional previsiblemente de ese artículo 1.

En relación a las renovables "a gran escala", el ministro de Agricultura quiere poner límites a estos usos, para limitar el despliegue de la energía renovable, que es competencia de la vicepresidenta tercera. En ocasiones, sus respectivas competencias están separadas por una fina línea y ya han sido frecuentes en el pasado diferencias entre ambos por cuestiones como la gestión de las comunidades de lobos o la caza. La tónica general es que Planas se pone del lado de agricultores, ganaderos o cazadores frente a la visión excesivamente "radical" de la transición ecológica que se le achaca con frecuencia Ribera.

En este caso, Planas vuelve a ponerse de lado de "administraciones y organizaciones agrarias de todo tipo" que asegura que le han pedido regular el despliegue de renovables. Poco después de que hace unas semanas la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) plantease la que no haya trabas para instalar parques de renovables en suelo calificado como rústico, el Ministerio de Agricultura prepara una ley para excluirlos de las tierras de regadío, que suponen el 23% de la superficie agraria útil. Según cálculos a vuela pluma del sector, la prohibición, en zonas de regadío de interés general y que reciban fondos públicos, podría afectar a alrededor de un millón y medio de hectáreas, restando las tierras de titularidad privada y las que ya son públicas y están declaradas ya de interés general del total de los 3,8 millones de hectáreas de regadíos.

Unas de las demandas que ha escuchado el ministro para plantear prohibir los parques de renovables en tierras regables es la de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE), por el perjuicio que tendría para los regantes la instalación de renovables que pudieran inutilizar el 50% de la superficie para el cultivo. "Por ejemplo, el caso de una comunidad de regantes de, por ejemplo, 500 hectáreas, porque la mayoría de las 7.000 que hay son muy pequeñas, si se les instala una planta fotovoltaica que ocupa 200 o 300 hectáreas será inviable para el futuro la inversión que se había hecho con fondos públicos para modernizar el regadío", explica su secretario general, Juan Valero De Palma.

Al mismo tiempo que defiende la prohibición como algo necesario, el Valero minimiza el alcance que tendrá sobre el despliegue de renovables en general. "Hay una razón de interés general del Estado, que todo el mundo puede entender, que la producción de un campo de regadío es seis veces más que el de secano y que el regadío solo es el 15% de la superficie agraria útil". "Esta restricción no tiene por qué afectar, va a permitir perfectamente, porque no va a impedir que estas plantas se puedan instalar en la amplísima mayoría de superficie española", asegura.

Pocas concesiones a las renovables

En la exposición de motivos para la reforma legal, Agricultura hace pocas concesiones cuando se trata de poner aerogeneradores o placas en zonas de regadío. Afirma que podría perjudicar a campos de cultivo que emplean al 4% de la población ocupada y a una actividad que es "eficaz en la lucha contra la despoblación en el medio rural", un argumento que emplean indistintamente tanto Transición Ecológica para defender el despliegue de renovables como quienes se oponen a él por el daño que pueda causar a otros sectores económicos. 

En el borrador de la reforma legal, Planas acusa también que "la demanda, cada vez más intensa, de la instalación de parques o plantas de energías renovables" en zonas regables declaradas de Interés General" necesita una "amplia superficie de ocupación" que "compite con la actividad agraria" y puede "implicar afectaciones negativas para un suelo de calidad" como es el regable. Según el Ministerio, los cultivos de regadíos producen en el 23% de tierra agraria el 65% de la producción final vegetal.

"Las instalaciones de energías renovables a gran escala tienen, en general, la consideración de incompatibles con el regadío", aduce Planas en el documento que se sometió a consulta pública, que añade incluso que hacerlo podría afectar al principio de "eficiencia del gasto público" que debe velar las inversiones de dinero público, tanto si salen de los Presupuestos Generales del Estado como si proceden de fondos europeos. Planas cree que esto no ocurriría si se modifica el uso, para instalar renovables, en zonas de Interés General del Estado que hayan recibido dinero público para adaptar o modernizar los regadíos.

Ribera no se pronuncia

De momento, el Ministerio de Transición Ecológica ha rehusado valorar la iniciativa de Agricultura o señalar si ha participado de alguna manera en sus primeros pasos de una norma que las comunidades de regantes esperan que se apruebe de forma urgente, por vía de decreto-ley, porque un proceso legislativo ordinario la pondría en riesgo por lo poco que queda de legislatura. Tampoco el Ministerio de Agricultura ha querido explicar qué plazos tiene en mente para llevar la iniciativa al Consejo de Ministros o si la ha tratado con Ribera.

Quién sí se ha manifestado es Más País, la formación de Íñigo Errejón que trata tiene el ecologismo como una de sus banderas. Su coordinador político y diputado en la Asamblea de Madrid, Héctor Tejero, calificó hace unos días en redes sociales de "despropósito" las intenciones de Planas de excluir las renovables de las tierras de regadío. Tejero advirtió de que esto "desplazará la presión hacia las zonas de secano, que son precisamente la zonas de España con un mayor riesgo de despoblación" y esperó que el ministro "dé marcha atrás".