La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, acude este lunes a los juzgados para declarar en calidad de imputada por presuntas coacciones, malversación y prevaricación por la denuncia interpuesta en su contra por el fondo de inversiones Vauras.
La demanda incluía también al regidor de del distrito de Sants-Montjuïc y de Derechos de Ciudadanía y Participación, Marc Serra, a la regidora de Vivienda y Rehabilitación, Lucia Martín, y a la jefa de la Unidad Antiacoso de Disciplina de la Vivienda. Estos tres declararon el pasado viernes 10 de marzo.
El pasado martes, la alcaldesa de Barcelona, declaró en rueda de prensa estar "muy tranquila" e insistió en que todo se hizo según las leyes vigentes en aquel momento, para acabar apostillando que "nadie dude de que esto acabará archivado una vez más". Colau hacía referencia así a que la primera denuncia por este caso ya fue inadmitida a trámite en 2020.
El caso se remonta este año, cuando el fondo de inversiones finlandés Vauras, se negó a ofrecer alquiler social social a las seis familias vulnerables ocupantes del edificio del número 38 de la calle Lleida, en Poble Sec, conocido como Bloc Llavors.
Según Vauras Investments, la alcaldesa les presionó bajo la "amenaza" de no conceder la licencia de obras para rehabilitar el edificio. Fruto de esta negativa, en marzo de 2020 el fondo finlandés fue multado por el Ajuntament con 417.000 euros según lo establecido en la ley catalana 17/2019 de medidas de emergencia habitacional.
Un tiempo después, el Tribunal Constitucional anuló esta ley y un juzgado de lo contencioso-administrativo obligó al Consistorio a retirar las sanciones al considerarlas inconstitucionales. Pero a pesar de que las multas se retiraron, la causa penal contra Colau y los tres cargos del Ajuntamente continuó abierta, y tras un recurso de Vauras Investements, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó parcialmente la demanda y reabrió el caso ya solo con los delitos de coacciones, malversación y prevaricación.
Declaraciones previas
Ada Colau cargó contra Vauras a quien acusa de "mala praxis" al comprar el Bloc Llavors y "hacer la vida imposible a los inquilinos" para que se fueran. Pero también cargó contra la judicatura por ser citada "cerca de las elecciones", sin estar "relacionada con los hechos".
En este sentido, el concejal de Derechos de Ciudadanía, Marc Serra, señaló el pasado viernes, tras declarar en la vista junto a la regidora de vivienda Lucía Martín, que la demanda pretende "mantener una sospecha en plena campaña electoral sobre la alcaldesa Colau".
Tanto Serra como Martín aseguraron que habían declarado con "mucha tranquilidad" y que habían ido "desmontando una a una todas las mentiras" de la "ficción" que explican en la demanda. Afirmaron que "todo se hizo arreglo a la ley para defender el derecho a la vivienda" y que acreditaron que "no intervenían" en las licencias de obras.
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