El momento en el que se decidirá el futuro de la reforma de la ley de seguridad ciudadana, más conocida por sus críticos como ley mordaza, ha llegado. Tras unas larguísimas negociaciones entre PSOE y Unidas Podemos, por una parte, y ERC y EH Bildu, por la otra, y después de varios meses de bloqueo, el Congreso votará este martes si la reforma supera su penúltimo trámite parlamentario o si, por el contrario, es derribada definitivamente. Y, a escasas horas de que se celebre esa votación, la segunda opción parece la más probable, un fracaso que, de confirmarse, supondría un varapalo de enormes proporciones para el Gobierno porque le impediría cumplir con una de sus principales promesas electorales.
El debate y la votación de la reforma de la ley mordaza tendrán lugar este martes en la comisión de Interior del Congreso, en una sesión que PSOE y Unidas Podemos decidieron convocar tras semanas de bloqueo en las negociaciones. Pese a que no tenían obligación de forzar que la votación tuviera lugar ya, los partidos que conforman el Gobierno han querido acelerar los plazos para presionar a ERC y Bildu y ponerles ante la disyuntiva de decidir sobre una reforma que, a juicio de los independentistas, se queda corta, pero cuyo rechazo supondría no tocar ni una coma de la ley aprobada en 2015 por el PP con su mayoría absoluta de entonces.
En concreto, lo que se votará este martes será el dictamen de la reforma, es decir, el texto de la ley con todas las enmiendas que se han ido añadiendo durante la tramitación. Ese es el último paso del procedimiento legislativo antes de que la norma llegue al Pleno y el Congreso se pronuncie sobre ella de forma definitiva. Pero para que eso pase, primero tiene que sumar más 'síes' que 'noes'; en caso contrario, se tumbaría toda la iniciativa. Y, a última hora del lunes, el texto solo contaba con los apoyos asegurados de PSOE, Unidas Podemos y el PNV, insuficientes para contrarrestar el voto contrario de PP, Vox, Cs, Junts y el diputado tránsfuga ex de UPN si a su rechazo se suma el de ERC y Bildu.
Para superar este escollo y pasar a Pleno, la reforma de la ley mordaza necesita al menos que los republicanos catalanes y los abertzale vascos se abstengan, algo que parece muy complicado porque las posturas llevan semanas enconadas. De hecho, este lunes la portavoz orgánica de ERC, Marta Vilalta, se mantuvo firme ante la presión del Gobierno y aseguró que su grupo votará en contra de la reforma de la ley mordaza este martes si no hay cambios de última hora en el texto, ya que a juicio de ERC "se queda muy corta y es demasiado poco ambiciosa". Y lo hará pese a que aprobarla este martes no implica darle luz verde definitiva, sino únicamente permitir que siga tramitándose y, por ende, dar más tiempo a la negociación.
Ante el riesgo cada vez más real de que la reforma de la ley mordaza sea tumbada este martes, el secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, afirmó que sería "un drama soportar al menos tres años más" la norma del PP "por no acordar al 100%" todos los asuntos. Santiago, además, insistió en que permitir que siga tramitándose la ley este martes implica dar más tiempo a la negociación, y llamó a ERC y EH Bildu a no tumbar el texto y mantener las conversaciones abiertas porque "la ponencia legislativa aprobada ya recupera la mayoría de libertades recortadas por el Gobierno de Mariano Rajoy".
Por su parte, fuentes del PSOE se muestran muy críticas con sus socios independentistas, especialmente con ERC, y aseguran que los socialistas han tenido "generosidad" a la hora de modificar su "posición inicial" en los asuntos que les han reclamado las formaciones minoritarias. "Casi todas nuestras enmiendas las hemos transaccionado, y nosotros, Unidas Podemos, el PNV... todos hemos reculado menos ERC", critican estas fuentes, que aseguran, sin embargo, que seguirán manteniendo abiertos los canales de comunicación con los independentistas hasta el último momento para intentar salvar la reforma.
Los tres asuntos que bloquean el acuerdo
Son tres asuntos, fundamentalmente, los que imposibilitan hoy por hoy que haya acuerdo entre el Gobierno y ERC y EH Bildu. El más espinoso es la redacción de los artículos relativos a la desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad, en los que se apoyan buena parte de las multas y sanciones que han impuesto los agentes policiales desde 2015, cuando se aprobó la norma. El texto actualmente vigente considera falta leve "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones", y las castiga con entre 100 y 600 euros.
Los socios del Gobierno consideran enormemente ambigua esta redacción y denuncian que abre la puerta a la arbitrariedad, pero por ahora no se ha conseguido consensuar un texto alternativo. El mes pasado, PSOE, Unidas Podemos y el PNV hicieron un nuevo intento de acercarse a ERC y EH Bildu a través de una enmienda conjunta para limitar la capacidad de las fuerzas de seguridad de imponer sanciones cuando fueran víctimas de "expresiones o actos relevantes" de carácter "humillante, despectivo u ofensivo".
En concreto, PSOE, Unidas Podemos y el PNV planteaban que no podría "considerase sancionable la sola disconformidad con un mandato legitimo o el respetuoso ejercicio de la libertad de expresión". Pero a los independentistas no les pareció que esa redacción tapase todos los posibles agujeros, y tampoco hay avances en los otros dos puntos que mantienen bloqueada la negociación: la prohibición de las pelotas de goma como material antidisturbios y la regulación de las devoluciones en caliente.
Sobre el primero de los asuntos, PSOE y Unidas Podemos han llegado, tras meses de discusiones, a plantear que se realice "un estudio sobre el empleo del material antidisturbios" a partir del cual se desarrollaría un protocolo de utilización del mismo. Ese extremo, no obstante, resulta insuficiente a ERC y EH Bildu, que quieren que haga mención expresa a las pelotas de goma en el texto de la ley, lo cual supone una línea roja para el PSOE.
Por su parte, en lo relativo a las devoluciones en caliente de personas que accedan de manera irregular a Ceuta y Melilla, las posiciones son enormemente distantes. El PSOE ni siquiera quiere entrar a legislar en la reforma de la ley mordaza sobre la posibilidad de expulsar en la misma frontera a los inmigrantes que intenten entrar sin permiso a territorio español, ya que los socialistas entienden que esa materia debe estar regulada en la ley de extranjería. Y EH Bildu y ERC, por su parte, exigen la prohibición de esta práctica.
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