El Ayuntamiento de Alicante no cobrará el coste del rescate a una joven que intentó suicidarse y estudiará modificar la ordenanza

El caso de una joven que intentó suicidarse a la que el Ayuntamiento de Alicante le reclamaba el pago del servicio de bomberos por salvarle la vida ha dejado en estado de shock a todo el país. La mujer, que prefiere ser identificada por sus iniciales J. L., denunció la tarde de este martes a través de sus redes sociales que la Concejalía de Economía y Hacienda le estaba cobrando una tasa de 211,43 euros correspondiente al servicio prestado por los bomberos hace un año cuando intentó quitarse la vida.

Tras hacerse pública la situación, el Ayuntamiento confirmó en un tuit que revisará el caso y que "declarará exento el pago de este servicio por tratarse del salvamento de una vida". Además, fuentes de la institución han indicado a 20minutos que este procedimiento es "una liquidación automatizada, una especie de acto administrativo reglado, que figura en una ordenanza reguladora aprobada en el Pleno de julio de 2014". También han informado que se plantean actualizar la ordenanza que regula el pago de la tasa con el propósito de incluir exenciones en los casos de "intervenciones en las que corre peligro la vida de los ciudadanos".

El Ayuntamiento también ha comunicado directamente su decisión a J.L. No obstante, la joven considera que "parece como si quisieran limpiar su imagen con dicha modificación, cuando realmente es algo que destaca las carencias y negligencias de la propia administración". Ella no aplaude las medidas anunciadas, puesto a que, según explica en conversación con este medio, de igual forma ha tenido que pasar ese "mal trago" y considera que, de no haberse hecho viral su publicación "no habría sido escuchada".

Revivir lo vivido

El recibir este documento ha llenado de rabia e impotencia a esta joven de 28 años, ya que de alguna forma contribuyó a que reviviera las terribles circunstancias por la que estaba pasando hace un año. J.L. relató que cuando tenía 27 se hallaba en "una situación muy difícil de enfermedad física, con dolores continuos, luchando por no perder la beca de la universidad y de baja laboral". Por estos motivos el 22 de abril decidió atentar contra su vida en su domicilio.

Afortunadamente, las personas de su entorno cercano eran conscientes de su situación y una de ellas decidió llamar a los servicios de emergencia tras haber percibido algunas señales. "Yo recuerdo poco o nada, pero un bombero me despertó en mi cama y poco tiempo después fui trasladada al Hospital General de Alicante para el correspondiente lavado de estómago". Hasta su casa acudieron los sanitarios, la policía y los bomberos, ya que la joven estaba sola en su domicilio y nadie conseguía poder acceder a él.

Un año más tarde J.L. recibió el documento con el desglose de las tasas y se puso en contacto con el Departamento de Administración de Bomberos, que le indicaron que "las decisiones sobre quienes pagan o en qué situaciones se pagan las costas depende de la Concejalía de Hacienda de Alicante". Sin embargo, tras llamar a esta entidad se llevó una sorpresa aun mayor. En concreto, le dijeron que ella misma debía leerse la ordenanza y que si en ella no encontraba alguna razón para apelar a la decisión tendría que pagar la tasa.

La citada ordenanza del Ayuntamiento de Alicante establece que se cobrará una tasa por la prestación del servicio de bomberos, "entendiéndose como aquella que se produce con la salida de personal y material del Parque Municipal, cualquiera que sea la forma de iniciación de su actividad, incluso sin que se hubiese mediado llamamiento por la parte interesada, siempre que se confirme la existencia de siniestro o la necesidad de auxilio".

Asimismo, la ordenanza recoge que quedarán exentos de pagar esta tasa "aquellos contribuyentes que hayan sido declarados pobres por precepto legal, están inscritos en el Padrón de Beneficencia como pobres de solemnidad u obtengan ingresos anuales inferiores a los que correspondan al salario mínimo interprofesional". En el caso de J. L., su salario el año pasado no era inferior al SMI, pero este año sí. 

Sin embargo, a la joven también le habían indicado que tenía que aportar informes médicos que acreditaran que lo que hizo no fue algo "negligente" y que fue necesario para salvarle la vida, "lo cual me culpabiliza de algo así, en lugar de comprender las razones que pueden llevarnos a una situación tan límite".