Segundo juicio a la exmesa del Parlament: los letrados de la cámara dicen que avisaron de que se desobedecía al Constitucional

Los letrados del Parlament han admitido que advirtieron a la Mesa del 1-O de que las leyes del procés podían contravenir de forma "clara" las resoluciones del Constitucional, aunque hasta 2019 el tribunal no prohibió específicamente tramitar iniciativas parlamentarias afectadas por sus resoluciones.

Xavier Muro y Antoni Bayona, que en 2017 eran respectivamente secretario general y letrado mayor del Parlament, han declarado este miércoles como testigos en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra los exdiputados de JxSí de la Mesa que presidía Carme Forcadell, acusados de desobediencia al Constitucional por tramitar las leyes del procés.

Es la segunda vez que se celebra este juicio contra los exdiputados de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó, después de que el Supremo ordenara repetirlo por falta de imparcialidad del tribunal que los juzgó en 2020.

En sus conclusiones definitivas, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado mantienen su petición de un año y ocho meses de inhabilitación para los cuatro procesados, tres de los cuales han optado por no acudir a la segunda sesión del juicio. Solo lo ha hecho Ramona Barrufet.

Los responsables jurídicos del Parlament han reconocido que, hasta 2019, la jurisprudencia del TC establecía que la Mesa no debía establecer un "filtro político" a las resoluciones que presentaban los grupos para su votación por el pleno, de forma que la inadmisión a trámite era "excepcional", principalmente por cuestiones formales.

No obstante, han explicado, esa situación cambió a raíz de la declaración de ruptura con el Estado que el Parlament aprobó el 9 de noviembre de 2015 y las consiguientes resoluciones sobre el procés votadas por la cámara, que dieron pie a que el Constitucional advirtiera en varias ocasiones a la Mesa de su deber de paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar sus resoluciones.

En las tensas sesiones de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se aprobaron las leyes del procés, "ya no solo teníamos la sentencia de declaración de ruptura, sino tres o cuatro resoluciones más derivadas de varios incidentes de ejecución", ha apuntado Bayona.

"La situación cambiaba mucho con respecto al principio", ha agregado el letrado mayor, que ha explicado que por ese motivo se redactó un informe dirigido a la Mesa en el que se citaban los "precedentes" y se avisaba de que "podía haber un problema respeto al incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional".

Según el testigo, la advertencia era más bien "un recordatorio" de lo que establecía el TC: "Apreciábamos que teniendo en cuenta los antecedentes podría haber una situación de riesgo".

En la misma línea se ha manifestado Xavier Muro, quien ha afirmado que la ley del referéndum y de transitoriedad jurídica que el Parlament aprobó los días 6 y 7 de septiembre "entraban de manera clara en colisión con los mandatos del Tribunal Constitucional. Y así lo manifestamos", ha remarcado.

Por ese motivo, Bayona y él mismo dirigieron un escrito de "página y media" a la Mesa en el que advertían de la prohibición del Constitucional y ordenaron al departamento de ediciones del Parlament que no publicaran las iniciativas legislativas en el boletín oficial del Parlament.

Muro ha coincidido en que los autos que el TC fue aprobando sobre las distintas resoluciones vinculadas al procés daban margen a "interpretación" en casos concretos, pero respecto a las leyes del referéndum y transitoriedad la prohibición era "bastante clara".

Los letrados han precisado, no obstante, que hasta 2019 la jurispruencia del Constitucional era "favorable al principio de admisión" de cualquier resolución parlamentaria, "excepto en el caso de problemas de tipo formal".

A raíz de varios recursos de amparo, en el año 2019 el TC "clarifica de forma muy concreta" que la Mesa debe paralizar la tramitación de una iniciativa política que esté "claramente afectada" por sus resoluciones, han abundado.

También Pere Sol, que fue secretario general del Parlament hasta 2016, ha insistido en que la posición del Constitucional en esa fecha era que la Mesa "no debían entrar a analizar el contenido de las resoluciones", aunque ha admitido que ese criterio "fue evolucionando".

En la sesión de este miércoles también han declarado José Espejo Saavedra y David Pérez, quienes eran diputados de Cs y PSC en la Mesa que presidía Forcadell.

Ambos testigos han insistido en que la Mesa no debió admitir a trámite las distintas iniciativas vinculadas con el procés, dado que como órgano de gobierno de la cámara catalana su obligación es impedir la votación de las resoluciones que puedan vulnerar el Estatuto o la Constitución.

Y especialmente, han defendido, en el caso de las leyes del referéndum y de "desconexión", porque había una "advertencia muy clara y explícita de los letrados para que no se admitieran porque contravenían los mandatos del TC", según Espejo Saavedra.