La Fiscalía asegura que la Mesa del Parlament de 2017 era consciente que desobedecía al TC

La Fiscalía ha defendido en el juicio a los exmiembros de la Mesa del Parlament que presidió Carme Forcadell que las órdenes que les dio el Tribunal Constitucional (TC) y que presuntamente desobedecieron fueron "sucintas, pero a la vez claras, concretas y precisas" en la sentencia que anuló la resolución que declaraba el inicio del proceso independentista.

Así se ha pronunciado el fiscal Pedro Ariche este jueves en su informe final del juicio que sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra los exmiembros de la Mesa de la Cámara catalana Lluís Corominas, Anna Simó, Lluís Guinó y Ramona Barrufet, que se enfrentan a una pena de 20 meses de inhabilitación en un caso por el que ya fueron juzgados condenados en 2020 pero que se vuelve a enjuiciar por orden del Tribunal Supremo (TS) por falta de imparcialidad de dos de los magistrados que formaban la sala.

Ariche ha añadido que estos cuatro acusados conocían el alcance de sus decisiones de admitir a trámite iniciativas que podrían ser inconstitucionales "y tuvieron en su mano los medios para conocer la respuesta jurídica a sus acciones".

En este sentido, ha recordado que fueron advertidos por el entonces letrado mayor de la Cámara, Antonio Bayona, y por el secretario general, Pere Sol, que el miércoles declararon como testigos en el juicio y que contaron al tribunal que habían advertido a la Mesa de que podían incurrir en incumplimientos de los mandatos del TC.

Ha sostenido que los informes de los letrados del Parlament eran "lo suficientemente explícitos y recuerdan la obligación de cumplir las resoluciones del TC", y ha reconocido que el alto tribunal no obliga, en un primer momento, a la Mesa a inadmitir iniciativas contrarias a la Constitución, pero sí lo contempla como una opción.

Los presupuestos incluían una partida para el 1-O

Respecto a las alegaciones de las defensas sobre la inviolabilidad parlamentaria y la independencia del Parlament, ha afirmado: "No es posible la admisión de injerencias indebidas en el poder legislativo, en eso estamos de acuerdo. Independencia, sin embargo, no significa ni preeminencia ni primacía del poder legislativo sobre resto de poderes del Estado".

El fiscal ha defendido -al contrario de lo que han argumentado las defensas durante el juicio- que la posibilidad de que la Mesa entre en el fondo de las iniciativas, y no solo decida admitirlas a trámite por cuestiones de forma, "siempre ha estado presente y no es una rareza que se le ha ocurrido al intérprete constitucional", y ha argumentado que hay precedentes en los que la Mesa entró en el fondo de las propuestas parlamentarias.

Ariche ha reprochado que al tramitar el proyecto de ley de Presupuestos los miembros de la Mesa sabían que incluía una partida para el 1-O: "Que allí iba a haber una disposición adicional que iba a destinar fondos a la realización de la consulta, lo sabia hasta el bedel del Parlament. El señor Junqueras lo había proclamado a los cuatro vientos".

Rechazan atenuante de dilaciones indebidas

La Abogacía del Estado, por su parte, se ha adherido al informe del fiscal y ha pedido al tribunal que en la sentencia no incluya la atenuante de dilaciones indebidas que reclaman las defensas por la duración del procedimiento, porque considera que "no hay ninguna paralización que supere lo extraordinario".

La abogada del Estado, Beatriz Vizcaíno, también ha subrayado que el TC había emitido un mandato "expreso, concreto y terminante" a los acusado para que no admitiesen a trámite iniciativas parlamentarias que podrían ser contrarias a la Constitución.

Para argumentar la presunta desobediencia, la abogada ha afirmado que el propósito de incumplir las resoluciones del TC por parte de los acusados se manifestaba cuando votaban la admisión a trámite de iniciativas posiblemente contrarias a lo ordenado por el alto tribunal y además contando con la advertencia expresa de los letrados del Parlament, por lo que considera que "queda probado el conocimiento y ese propósito de incumplir".

También se ha mostrado en contra de aplicar las dilaciones indebidas el abogado de Vox, Juan Cremades, que representa a la acusación popular y que se adherido al informe del fiscal.

Cremades ha añadido que, con las instrucciones del TC, los acusados "no podían tener ninguna duda" de que la admisión a trámite de las propuestas legislativas enjuiciadas supuestamente suponían desoír al tribunal.

Los ex miembros de la Mesa piden su absolución

Las defensas de los exmiembros de la Mesa del Parlament han solicitado su absolución al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) apelando a la inviolabilidad parlamentaria, que consideran que se ha obviado por parte de las acusaciones, y han defendido que "se limitaron a permitir el debate parlamentario".

Así se ha pronunciado este jueves la abogada Judit Gené -que representa a Corominas, Guinó y Barrufet-, y en el mismo sentido lo ha hecho el abogado Raimon Tomàs -que defiende a Simó-.

"Cuando ustedes decidan condenarlos lo deberán deducir de hechos que no hicieron", ha defendido la abogada de Corominas, Guinó y Barrufet, que ha subrayado que los exmiembros de la Mesa del Parlament tuvieron una conducta delimitada y concreta, que se limitaba a permitir un debate en sede parlamentaria, ha insistido.

También ha reprochado que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación popular juegan con ventaja porque cuentan con resoluciones del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal Constitucional (TC) sobre esta causa.

Ausencia de precedentes

La abogada ha argumentado que hubo un cambio jurisprudencial con respecto a la función de la Mesa, y ha asegurado que sus clientes se basaban en "la jurisprudencia anterior y en la ausencia de precedentes", por lo que creían se debían limitar a un debate formal de las iniciativas parlamentarias y no entrar en el contenido de las mismas, como la acusación considera que podían hacer.

Además, Gené ha criticado que se esté imputando a sus clientes decisiones que se tomaron por el pleno, según ella, como la ampliación del orden del día en el pleno del 6 y 7 de septiembre o el rechazo de pedir un informe al Consell de Garanties Estatutàries (CGE): "Cuando se constituye el pleno, la Mesa ya no actúa", ha indicado.

La abogada ha pedido al tribunal que, en caso de no absolver a los acusados, añada en su sentencia la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas por la duración del procedimiento -la causa empezó en 2016- y ha reclamado a los jueces que, en caso de condena, "modulen la pena en cada uno de los acusados, no solo el importe de la multa y la duración de la inhabilitación sino también en la extensión de la inhabilitación", que puede ser solo para cargos autonómicos o afectar también a municipales, entre otros.

Cumplieron el reglamento

Por su parte, el abogado de Simó, Raimon Tomàs, ha criticado que "actuar de manera ajustada al reglamento del Parlament no puede ser una actividad delictiva", y considera que así lo hicieron los acusados.

Ha sostenido que los exmiembros de la Mesa no son responsables de los contenido de las iniciativas presentadas por los grupos políticos en la Cámara catalana: "Estos señores solo posibilitan un debate respecto a iniciativas parlamentarias de interés público", ha subrayado.

Tomàs ha defendido que los exmiembros de la Mesa estaban protegidos por la inviolabilidad parlamentaria, y ha asegurado que, teniendo en cuenta la separación de poderes, "el TC puede declarar la inconstitucionalidad de un producto legislativo", pero no la función esencial del Parlament, que es el debate y votación de iniciaivas.