Ha costado sangre, sudor, lágrimas, discusiones en el Gobierno y con los socios parlamentarios y una larga y tortuosa tramitación, pero la ley de bienestar animal es por fin una realidad. El Congreso de los Diputados la aprobó este jueves de forma definitiva, por lo que entrará en vigor de inmediato un texto que finalmente no amparará bajo el paraguas de sus medidas de protección a los perros de caza por decisión del PSOE -que se ha aliado con PP y Vox para excluirlos-, pero que sí establece un marco común y un suelo de medidas que complementarán a las legislaciones autonómicas con las que ya cuentan muchas comunidades.

La tramitación de la norma, no obstante, ha sido esperpéntica hasta el final, y este jueves se vivió un último capítulo kafkiano, ya que ERC, cuyo voto salvó en el último momento la ley de bienestar animal hace poco más de un mes, ha decidido no apoyar las enmiendas que introdujo el Senado en la parte penal del texto... por iniciativa de la propia ERC. Los republicanos han querido así mostrar su enfado con cómo se ha gestionado la negociación de la norma, que ha estado en vilo en varias ocasiones y que, hace un mes, se salvó por apenas un puñado de votos y después de que ERC y EH Bildu cedieran a última hora para salvarla.

La ley, por tanto, no incluirá los cambios introducidos por el Senado en su parte penal y quedará como salió del Congreso por primera vez hace un mes, ya que en la votación de conjunto esa parte penal solo recibió el apoyo de PSOE, Unidas Podemos y otras pequeñas formaciones y fue rechazada por PP, Vox, ERC, Cs y otros grupos minoritarios. Sin embargo, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se mostró satisfecha de la puesta en marcha de la ley y aseguró que supone un importante "avance" y que la norma permitirá, por ejemplo, que "ahogar una crÍa de jabalí o quemar vivo a un zorro empiece a ser delito en España".

Siete claves de la ley de bienestar animal que acaba de aprobar el Congreso

En cualquier caso, para evitar que cayera, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han tenido que hacer importantes concesiones a un PSOE que se ha visto muy presionado por algunos de sus barones más críticos con la ley, como el castellanomanchego Emiliano García-Page, presidente de una comunidad con un importante peso del lobby cinegético. Los socialistas no solo han conseguido excluir a los perros de caza del ámbito de aplicación de la ley, sino también sustituir por multas las penas de cárcel inicialmente previstas para los delitos más graves contra los animales.

Las medidas fundamentales de la ley

Algunos de los cambios planteados por el Senado en asuntos no relacionados con la parte penal de la ley sí se han mantenido. La norma, por ejemplo, establecerá la obligación del Estado de contar con programas de voluntariado y colaboración de las entidades de protección animal, y quedará expresamente prohibido, sin excepción, dejar a un animal de compañía sin supervisión durante más de tres días consecutivos. En el caso de los perros, este plazo quedaría limitado a no más de 24 horas consecutivas.

La nueva ley prohíbirá expresamente la "comercialización de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales". Asimismo, se vetan prácticas violentas y vejatorias como "mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios y similares o vehículos" o "llevar animales atados a vehículos a motor en marcha", y quedará castigada con hasta 200.000 euros la celebración de peleas de gallos, que aún es legal en algunas comunidades en ciertas circunstancias.

De igual forma, la norma también incluye la puesta en marcha de mecanismos de control de la cría y venta de animales. En términos generales, se prohibirá a los particulares que ejerzan esta actividad, que únicamente podrán poner en marcha las "personas debidamente inscritas" ante la Administración, que deberán ser profesionales que cumplan todos las garantías de bienestar animal. Entre estos límites estarán, por ejemplo, la limitación del número de camadas que puede tener cada hembra. La multa por criar irregularmente animales con fines comerciales será la correspondiente a las infracciones muy graves: de 50.001 a 200.000 euros.

En el mismo sentido, se prohíbe la utilización de animales salvajes en los circos en todo el territorio nacional, como ya ocurre en buena parte de las comunidades autónomas, y el hecho de incumplir este precepto será considerado una infracción muy grave, también con multa de hasta 200.000 euros. En concreto, se sancionará "el uso de animales en actividades prohibidas, en particular en actividades culturales y festivas, en atracciones mecánicas, carruseles de feria, así como el uso de especies de fauna silvestre en espectáculos circenses". Y, de la misma manera, estará expresamente vetado "el uso de animales en exposiciones de belenes, cabalgatas o procesiones".